José Alberto Castro M. / El Universal
Pese a la promesa presidencial de abatir la pobreza por parte de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, hoy asoma el rotundofracaso de la política social y económica enfocada a la meta básica de proteger a la población marginada y detonar el crecimiento.
En la última década, los gobiernos federales panistas han incrementado los recursos en programas sociales, a fin de elevar el bienestar de los trabajadores y redistribuir el ingreso hacia quienes lo necesitan.
Sin embargo, los buenos propósitos de los jefes del Ejecutivo no han impactado la deprimida circunstancia del mexicano desfavorecido. En 2010 con la crisis se sumaron 5 millones 800 mil personas a la pobreza. Y en situación de pobreza están 54 millones. Alrededor de 15 millones de personas batallan con la pobreza extrema, cifra por encima de los 11 millones contabilizados en 2008. A ello se agrega el desempleo galopante y el creciente número de trabajadores emigrados a la economía informal.
Nadie en su sano juicio podrá negar a los millones de mexicanos desesperados por el acoso del hambre y la miseria y el consecuente desamparo de sus familias.
Y si prevaleciera alguna duda sobre la ineficacia del Estado mexicano en su sistema de protección social tenemos la anunciada bancarrota del IMSS y la carencia de fondos para solventar el pago de las pensiones de los trabajadores en retiro.
Por ello no sorprende que Santiago Levy, principal artífice del programa Progresa–Oportunidades y ex director general del IMSS, dé un vuelco a sus anteriores certezas económicas y ahora sostenga que pese a “las considerables inversiones”, las medidas sociales promovidas por los gobiernos de Fox y Calderón no han cumplido sus objetivos y disminuyen el potencial económico del país.
Autor de Buenas intenciones, malos resultados (Océano, 2010) pone en tela de juicio las acciones que delinean la arquitectura del sistema de seguridad social del gobierno federal.
Funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo en el volumen consigna:
“La estructura de incentivos implícita en los programas sociales induce a trabajadores y empresas a comportarse en formas contrarias al aumento de la productividad a largo plazo.”
Levy —con un enfoque distinto a su tiempo de servidor público— sostiene que la “política social de México opera como un lastre para el proceso, porque retarda la reducción del empleo agrícola de baja productividad; subsidia niveles insuficientes de empleo no asalariado, así como el empleo asalariado ilegal, e interfiere por un lado, en el proceso mediante el cual los trabajadores buscan empleos más productivos y, por el otro, en el modo en que las empresas invierten, crecen, adoptan nuevas tecnologías, capacitan a sus trabajadores y, más en general, toman medidas para incrementar la productividad”.
Estudioso de la pobreza, una de sus premisas pondera que “la actual combinación de programas sociales en México es pernicioso en términos tanto sociales como económicos”.
Cabe recordar que el sistema mexicano de seguridad social comprende un conjunto más amplio de prestaciones, que incluyen atención a la salud, vivienda, guarderías infantiles e indemnizaciones por despido, además de varios tipos de pensiones.
Sólo cubre a los trabajadores asalariados: los trabajadores por cuenta propia y los empleados por una empresa en calidad no asalariada están excluidos. Así el dilema gubernamental consiste en dejar sin cobertura contra diversos riesgos a millones de trabajadores. O brindársela mediante una serie de programas de protección social, a expensas de la productividad y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
Para Levy la informalidad reduce la productividad y así ésta perjudica sin distingos a los trabajadores formales y a los informales y reduce asimismo la productividad del capital, con implicaciones negativas para el crecimiento del PIB.
Buenas intenciones, malos resultados arguye que es esencial “reformar la política social del país y otorgar derechos sociales universales a todos los trabajadores mexicanos, financiados con impuestos al consumo”.
Augura Levy que la propuesta es viable, fiscalmente sensata, “satisface las necesidades de los trabajadores de México en mayor grado que las medidas actuales, es más efectiva para redistribuir ingresos a favor de los trabajadores de bajos salarios y hará que el PIB crezca más rápido”.
Claro, la variable Levy tendría que complementarse con el abatimiento de los diques que frenan a la economía: el alto costo de las telecomunicaciones y del servicio de suministro de energía; la escasez generalizada de crédito a las empresas y el comportamiento oligopólico de los bancos; la rigidez en el mercado de trabajo; la educación deficiente, asociada por su parte con la posición monopólica del sindicato de maestros de escuelas públicas, y una tasa impositiva anormalmente baja, lo que resulta en insuficiente inversión pública en infraestructura promotora del crecimiento.
Ante los pírricos y contradictorios resultados de los programas sociales urge acelerar una reforma crucial de efectivo combate a la pobreza y en pos de un crecimiento de México en empleo formal y productividad.
Académico literario y periodista
Pese a la promesa presidencial de abatir la pobreza por parte de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, hoy asoma el rotundofracaso de la política social y económica enfocada a la meta básica de proteger a la población marginada y detonar el crecimiento.
En la última década, los gobiernos federales panistas han incrementado los recursos en programas sociales, a fin de elevar el bienestar de los trabajadores y redistribuir el ingreso hacia quienes lo necesitan.
Sin embargo, los buenos propósitos de los jefes del Ejecutivo no han impactado la deprimida circunstancia del mexicano desfavorecido. En 2010 con la crisis se sumaron 5 millones 800 mil personas a la pobreza. Y en situación de pobreza están 54 millones. Alrededor de 15 millones de personas batallan con la pobreza extrema, cifra por encima de los 11 millones contabilizados en 2008. A ello se agrega el desempleo galopante y el creciente número de trabajadores emigrados a la economía informal.
Nadie en su sano juicio podrá negar a los millones de mexicanos desesperados por el acoso del hambre y la miseria y el consecuente desamparo de sus familias.
Y si prevaleciera alguna duda sobre la ineficacia del Estado mexicano en su sistema de protección social tenemos la anunciada bancarrota del IMSS y la carencia de fondos para solventar el pago de las pensiones de los trabajadores en retiro.
Por ello no sorprende que Santiago Levy, principal artífice del programa Progresa–Oportunidades y ex director general del IMSS, dé un vuelco a sus anteriores certezas económicas y ahora sostenga que pese a “las considerables inversiones”, las medidas sociales promovidas por los gobiernos de Fox y Calderón no han cumplido sus objetivos y disminuyen el potencial económico del país.
Autor de Buenas intenciones, malos resultados (Océano, 2010) pone en tela de juicio las acciones que delinean la arquitectura del sistema de seguridad social del gobierno federal.
Funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo en el volumen consigna:
“La estructura de incentivos implícita en los programas sociales induce a trabajadores y empresas a comportarse en formas contrarias al aumento de la productividad a largo plazo.”
Levy —con un enfoque distinto a su tiempo de servidor público— sostiene que la “política social de México opera como un lastre para el proceso, porque retarda la reducción del empleo agrícola de baja productividad; subsidia niveles insuficientes de empleo no asalariado, así como el empleo asalariado ilegal, e interfiere por un lado, en el proceso mediante el cual los trabajadores buscan empleos más productivos y, por el otro, en el modo en que las empresas invierten, crecen, adoptan nuevas tecnologías, capacitan a sus trabajadores y, más en general, toman medidas para incrementar la productividad”.
Estudioso de la pobreza, una de sus premisas pondera que “la actual combinación de programas sociales en México es pernicioso en términos tanto sociales como económicos”.
Cabe recordar que el sistema mexicano de seguridad social comprende un conjunto más amplio de prestaciones, que incluyen atención a la salud, vivienda, guarderías infantiles e indemnizaciones por despido, además de varios tipos de pensiones.
Sólo cubre a los trabajadores asalariados: los trabajadores por cuenta propia y los empleados por una empresa en calidad no asalariada están excluidos. Así el dilema gubernamental consiste en dejar sin cobertura contra diversos riesgos a millones de trabajadores. O brindársela mediante una serie de programas de protección social, a expensas de la productividad y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
Para Levy la informalidad reduce la productividad y así ésta perjudica sin distingos a los trabajadores formales y a los informales y reduce asimismo la productividad del capital, con implicaciones negativas para el crecimiento del PIB.
Buenas intenciones, malos resultados arguye que es esencial “reformar la política social del país y otorgar derechos sociales universales a todos los trabajadores mexicanos, financiados con impuestos al consumo”.
Augura Levy que la propuesta es viable, fiscalmente sensata, “satisface las necesidades de los trabajadores de México en mayor grado que las medidas actuales, es más efectiva para redistribuir ingresos a favor de los trabajadores de bajos salarios y hará que el PIB crezca más rápido”.
Claro, la variable Levy tendría que complementarse con el abatimiento de los diques que frenan a la economía: el alto costo de las telecomunicaciones y del servicio de suministro de energía; la escasez generalizada de crédito a las empresas y el comportamiento oligopólico de los bancos; la rigidez en el mercado de trabajo; la educación deficiente, asociada por su parte con la posición monopólica del sindicato de maestros de escuelas públicas, y una tasa impositiva anormalmente baja, lo que resulta en insuficiente inversión pública en infraestructura promotora del crecimiento.
Ante los pírricos y contradictorios resultados de los programas sociales urge acelerar una reforma crucial de efectivo combate a la pobreza y en pos de un crecimiento de México en empleo formal y productividad.
Académico literario y periodista
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