Mauricio Merino / El Universal
Según la nota de Juan Arvizu publicada ayer por este diario: “El nombramiento de tres consejeros electorales por parte de la Cámara de Diputados se tomará las semanas y los meses que sean necesarios, (hasta que los diputados tengan a bien) emitir una resolución que fortalezca al IFE”. Queda clarísimo: los legisladores decidieron desdeñar sus obligaciones constitucionales, quebrantar métodos y plazos y mantener al órgano de dirección del IFE en vilo porque su propósito, dicen, es ser muy responsables. Es la misma lógica del macho cuando le pega a su mujer: lo hace para demostrarle su cariño.
La acumulación de despropósitos está volviendo cada vez más impermeable a la clase política que nos gobierna. La misma nota dice que “las bancadas en San Lázaro están dispuestas a pagar el precio de la crítica de la sociedad”, luego de romper el plazo constitucional del 30 de octubre sin haber cumplido su tarea, a cambio de llegar a acuerdos que les sean satisfactorios. Ya no les conmueve una oleada más de críticas. Saben que mañana habrá otros temas en la prensa, que nacerán otros escándalos y que brotarán nuevas polémicas, de modo que la cosa será aguantar el peso de la andanada incómoda y seguir de frente.
Lo que cuesta trabajo comprender, en cambio, es la motivación del despropósito. Dado que las decisiones han sido conducidas con opacidad, no tenemos datos para explicarnos con certeza las causas específicas de la demora. Pero los enterados cuentan que el problema está trenzado (literalmente) entre las cuotas y los vetos. Dicen que el PRI estaría obstinado en designar dos consejeros como si fueran cuota propia y, entre ellos, a una candidata inaceptable para los demás, por sus vínculos con Televisa. De otro lado, el PRD estaría insistiendo en su derecho a designar al menos a uno de los tres, para conservar los equilibrios, y el PAN estaría jugando al cálculo pragmático para colar a un candidato leal a sus designios en el último momento. Cuotas y vetos: dos criterios que se oponen y traban cualquier negociación, pues para que las cuotas prosperaran, tendría que eliminarse el veto: que cada quien pusiera libremente a los suyos, y para que prosperara el veto, tendría que eliminarse toda cuota y elegir, de entre los 17 finalistas, a quienes tengan menos resistencias políticas cruzadas. Pero como sea, el proceso ya rompió todos los velos de imparcialidad y se ha vuelto una locura.
Y más todavía si se piensa que hoy ya están nombrados seis de nueve consejeros, que seguirán ahí hasta después de 2012 y que su designación fue el producto de un equilibrio entre los tres partidos (dos propuestos por el PAN, dos por el PRI y dos por el PRD). De modo que, para imaginar siquiera que se pueden controlar las decisiones tomadas por el IFE, tendrían que suceder dos cosas: 1) que un sólo partido designara libremente a los tres consejeros que hacen falta, para sumar cinco en el Consejo General, y 2) que tanto los consejeros actuales como los tres recién llegados, actuaran como autómatas, obedeciendo a ciegas los mandatos del partido que los impulsó, para garantizar el control pleno de las decisiones. Esas dos hipótesis son imposibles, no sólo porque suponen condiciones ridículas para cumplirse, sino porque el IFE se vendría abajo al día siguiente.
Por otra parte, el Consejo General del IFE es una pieza fundamental en la vida de esa casa, pero no es ahí donde se ganan o se pierden elecciones. Como ya lo ha escrito José Woldenberg, solamente alguien que ignore de plano cómo funciona el IFE puede creer que su Consejo General determina el resultado electoral. Hay demasiadas ventanas de vigilancia y demasiados candados de control como para que cualquier intento de modificar los votos desde el Consejo General pudiera prosperar. Ya había muchos antes y hay más después del 2006. Y además, es inútil insistir en que los consejeros se conviertan en voceros de partidos, pues éstos ya tienen representantes sentados en la mesa del Consejo, e incluso cuentan con representantes del Poder Legislativo. No les hace falta tener más voces.
Por eso es absurdo lo que está ocurriendo. Y mientras más tiempo pase, al contrario de lo que dicen los legisladores, mayor será la sospecha de que los consejeros nuevos responderán a sus partidos y mayor será el daño para el IFE. Lo que hace falta es nombrar ya, sin más demora, a los consejeros que acrediten mayor imparcialidad y más distancia de sus promotores. Este es el valor fundamental para cumplir de veras con las funciones de ese cargo, que acabará beneficiando a todos. Es preciso que lo entiendan, si todavía es posible rescatar al IFE.
Profesor investigador del CIDE
Según la nota de Juan Arvizu publicada ayer por este diario: “El nombramiento de tres consejeros electorales por parte de la Cámara de Diputados se tomará las semanas y los meses que sean necesarios, (hasta que los diputados tengan a bien) emitir una resolución que fortalezca al IFE”. Queda clarísimo: los legisladores decidieron desdeñar sus obligaciones constitucionales, quebrantar métodos y plazos y mantener al órgano de dirección del IFE en vilo porque su propósito, dicen, es ser muy responsables. Es la misma lógica del macho cuando le pega a su mujer: lo hace para demostrarle su cariño.
La acumulación de despropósitos está volviendo cada vez más impermeable a la clase política que nos gobierna. La misma nota dice que “las bancadas en San Lázaro están dispuestas a pagar el precio de la crítica de la sociedad”, luego de romper el plazo constitucional del 30 de octubre sin haber cumplido su tarea, a cambio de llegar a acuerdos que les sean satisfactorios. Ya no les conmueve una oleada más de críticas. Saben que mañana habrá otros temas en la prensa, que nacerán otros escándalos y que brotarán nuevas polémicas, de modo que la cosa será aguantar el peso de la andanada incómoda y seguir de frente.
Lo que cuesta trabajo comprender, en cambio, es la motivación del despropósito. Dado que las decisiones han sido conducidas con opacidad, no tenemos datos para explicarnos con certeza las causas específicas de la demora. Pero los enterados cuentan que el problema está trenzado (literalmente) entre las cuotas y los vetos. Dicen que el PRI estaría obstinado en designar dos consejeros como si fueran cuota propia y, entre ellos, a una candidata inaceptable para los demás, por sus vínculos con Televisa. De otro lado, el PRD estaría insistiendo en su derecho a designar al menos a uno de los tres, para conservar los equilibrios, y el PAN estaría jugando al cálculo pragmático para colar a un candidato leal a sus designios en el último momento. Cuotas y vetos: dos criterios que se oponen y traban cualquier negociación, pues para que las cuotas prosperaran, tendría que eliminarse el veto: que cada quien pusiera libremente a los suyos, y para que prosperara el veto, tendría que eliminarse toda cuota y elegir, de entre los 17 finalistas, a quienes tengan menos resistencias políticas cruzadas. Pero como sea, el proceso ya rompió todos los velos de imparcialidad y se ha vuelto una locura.
Y más todavía si se piensa que hoy ya están nombrados seis de nueve consejeros, que seguirán ahí hasta después de 2012 y que su designación fue el producto de un equilibrio entre los tres partidos (dos propuestos por el PAN, dos por el PRI y dos por el PRD). De modo que, para imaginar siquiera que se pueden controlar las decisiones tomadas por el IFE, tendrían que suceder dos cosas: 1) que un sólo partido designara libremente a los tres consejeros que hacen falta, para sumar cinco en el Consejo General, y 2) que tanto los consejeros actuales como los tres recién llegados, actuaran como autómatas, obedeciendo a ciegas los mandatos del partido que los impulsó, para garantizar el control pleno de las decisiones. Esas dos hipótesis son imposibles, no sólo porque suponen condiciones ridículas para cumplirse, sino porque el IFE se vendría abajo al día siguiente.
Por otra parte, el Consejo General del IFE es una pieza fundamental en la vida de esa casa, pero no es ahí donde se ganan o se pierden elecciones. Como ya lo ha escrito José Woldenberg, solamente alguien que ignore de plano cómo funciona el IFE puede creer que su Consejo General determina el resultado electoral. Hay demasiadas ventanas de vigilancia y demasiados candados de control como para que cualquier intento de modificar los votos desde el Consejo General pudiera prosperar. Ya había muchos antes y hay más después del 2006. Y además, es inútil insistir en que los consejeros se conviertan en voceros de partidos, pues éstos ya tienen representantes sentados en la mesa del Consejo, e incluso cuentan con representantes del Poder Legislativo. No les hace falta tener más voces.
Por eso es absurdo lo que está ocurriendo. Y mientras más tiempo pase, al contrario de lo que dicen los legisladores, mayor será la sospecha de que los consejeros nuevos responderán a sus partidos y mayor será el daño para el IFE. Lo que hace falta es nombrar ya, sin más demora, a los consejeros que acrediten mayor imparcialidad y más distancia de sus promotores. Este es el valor fundamental para cumplir de veras con las funciones de ese cargo, que acabará beneficiando a todos. Es preciso que lo entiendan, si todavía es posible rescatar al IFE.
Profesor investigador del CIDE
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