Jorge A. Chávez Presa / El Universal
Cada año, al discutirse la aprobación del Presupuesto de Egresos del gobierno federal los diputados en el Congreso de la Unión se disputan nuestros impuestos. Es un ejercicio de negociación política cuya complejidad es cada vez más difícil administrar: la probabilidad de quedar mal va en aumento.
Acomodar los intereses de cada diputado que quiere llevarse un pedacito de presupuesto para su distrito o a su sector, es explosivo y debilita la eficiencia y efectividad del gasto público al atomizarlo y dispersarlo. Esta dinámica tiene su correspondiente en el lado de los ingresos, donde diputados y senadores buscan crear excepciones, tasas diferenciadas y subsidios para ciertos grupos en perjuicio de los demás, aplicando la máxima: “Cóbrense todos impuestos, pero a los bueyes de mi compadre”.
Lo que es un hecho es que de continuar esta tendencia en la que el interés de distrito y de grupo predomina sobre el interés de la Federación, las responsabilidades y obligaciones del gobierno federal quedarán desprotegidas. Es un imperativo cambiar los incentivos y las reglas de discusión para que las reasignaciones respondan a lo siguiente: este peso que está siendo reasignado es para que el gobierno federal cumpla cabalmente con la función de dar seguridad, educación, salud, administración de justicia, de comunicar y facilitar el transporte, etc., que en mi distrito o estado el servicio correspondiente se preste adecuadamente.
La tendencia actual, donde no están quedando claras las funciones de cada orden de gobierno —federal, estatal y municipal—, y cada uno de estos órdenes no ejerce o no tiene la potestad para recaudar impuestos, está creando una nueva modalidad de centralismo. Del centralismo del Poder Ejecutivo federal estamos pasando a un centralismo fiscal del Congreso de la Unión. En el statu quo diputados y senadores aprueban los impuestos de los que se nutrirán el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales. Hoy más de 96% del valor de todos los impuestos que se recaudan en el país los aprueba el Congreso de la Unión. Y son los diputados federales los que modifican y aprueban la distribución del Presupuesto de Egresos de la Federación. El sistema fiscal mexicano ha hecho que los gobernadores, jefe de Gobierno del DF y presidentes municipales ni cobren impuestos ni asuman responsabilidades del gasto público, ni de crecimiento económico, ni de pobreza ni de seguridad en el territorio en el que gobiernan. Es más fácil venir al Congreso a estirar la mano. Ergo, este federalismo fiscal ni-ni no le sirve a la economía para crecer.
Al contrario de lo que muchos analistas han manifestado, los cambios que hicieron en el Congreso de la Unión sí son considerables. Modificaron el marco macroeconómico: precio del petróleo, la tasa de crecimiento económico y el monto del endeudamiento. Todo ello para disponer de más recursos y asignarlos a rubros de gasto demandados por los diputados y los intereses que representan.
Con el aumento del endeudamiento neto del gobierno federal en 35 mil millones de pesos, el déficit del gobierno federal pasa de 2.3 a 2.5% del producto interno bruto (PIB). Claro, en décimas de PIB parece poca cosa, pero si lo comparamos con respecto a lo que aportamos la dimensión cambia. Por ejemplo, el aumento al endeudamiento equivale a 5.1% de la recaudación del ISR o a 6.3% de lo que pagamos por IVA. Como sacrificio adicional al contribuyente, sea persona física o empresa, estos números muestran que el cambio sí es considerable.
Las reasignaciones totales por cerca de 99 mil millones de pesos (mmp) son un dineral. Equivalen a 14.3% de lo que pagamos por impuesto sobre la renta, y 17.8% de lo que nos cobran por IVA en nuestros consumos. Como porcentaje de las participaciones que recibirán las entidades federativas representan el 20.0%. Definitivamente no son poca cosa cuando se ve de esta manera.
El federalismo fiscal n i-ni ya quedó rebasado y no le sirve al país para la aprobación del Presupuesto de Egresos, más cuando los diputados federales recibieron 700 mil millones de pesos de encargos tanto de gobiernos estatales, municipales, universidades públicas, intereses privados y de las mismas dependencias federales. Se ha distorsionado el ejercicio de la aprobación: en teoría, el presupuesto federal es para que el gobierno federal (poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y los órganos autónomos) tengan la suficiencia de recursos para dar cumplimiento a las obligaciones que les marca la Constitución y las leyes. El presupuesto federal no es para suplir insuficiencias e ineficiencias a nivel estatal y municipal, si no dónde queda la soberanía de las entidades federativas.
Cómo nos hace falta cultura de la hacienda pública, y ésta empieza por cuidar el destino, eficiencia y eficacia de cada peso de nuestros impuestos, y que los ciudadanos paguemos los impuestos al orden de gobierno que nos proporciona servicios.
Economista
Cada año, al discutirse la aprobación del Presupuesto de Egresos del gobierno federal los diputados en el Congreso de la Unión se disputan nuestros impuestos. Es un ejercicio de negociación política cuya complejidad es cada vez más difícil administrar: la probabilidad de quedar mal va en aumento.
Acomodar los intereses de cada diputado que quiere llevarse un pedacito de presupuesto para su distrito o a su sector, es explosivo y debilita la eficiencia y efectividad del gasto público al atomizarlo y dispersarlo. Esta dinámica tiene su correspondiente en el lado de los ingresos, donde diputados y senadores buscan crear excepciones, tasas diferenciadas y subsidios para ciertos grupos en perjuicio de los demás, aplicando la máxima: “Cóbrense todos impuestos, pero a los bueyes de mi compadre”.
Lo que es un hecho es que de continuar esta tendencia en la que el interés de distrito y de grupo predomina sobre el interés de la Federación, las responsabilidades y obligaciones del gobierno federal quedarán desprotegidas. Es un imperativo cambiar los incentivos y las reglas de discusión para que las reasignaciones respondan a lo siguiente: este peso que está siendo reasignado es para que el gobierno federal cumpla cabalmente con la función de dar seguridad, educación, salud, administración de justicia, de comunicar y facilitar el transporte, etc., que en mi distrito o estado el servicio correspondiente se preste adecuadamente.
La tendencia actual, donde no están quedando claras las funciones de cada orden de gobierno —federal, estatal y municipal—, y cada uno de estos órdenes no ejerce o no tiene la potestad para recaudar impuestos, está creando una nueva modalidad de centralismo. Del centralismo del Poder Ejecutivo federal estamos pasando a un centralismo fiscal del Congreso de la Unión. En el statu quo diputados y senadores aprueban los impuestos de los que se nutrirán el gobierno federal, los gobiernos estatales y los municipales. Hoy más de 96% del valor de todos los impuestos que se recaudan en el país los aprueba el Congreso de la Unión. Y son los diputados federales los que modifican y aprueban la distribución del Presupuesto de Egresos de la Federación. El sistema fiscal mexicano ha hecho que los gobernadores, jefe de Gobierno del DF y presidentes municipales ni cobren impuestos ni asuman responsabilidades del gasto público, ni de crecimiento económico, ni de pobreza ni de seguridad en el territorio en el que gobiernan. Es más fácil venir al Congreso a estirar la mano. Ergo, este federalismo fiscal ni-ni no le sirve a la economía para crecer.
Al contrario de lo que muchos analistas han manifestado, los cambios que hicieron en el Congreso de la Unión sí son considerables. Modificaron el marco macroeconómico: precio del petróleo, la tasa de crecimiento económico y el monto del endeudamiento. Todo ello para disponer de más recursos y asignarlos a rubros de gasto demandados por los diputados y los intereses que representan.
Con el aumento del endeudamiento neto del gobierno federal en 35 mil millones de pesos, el déficit del gobierno federal pasa de 2.3 a 2.5% del producto interno bruto (PIB). Claro, en décimas de PIB parece poca cosa, pero si lo comparamos con respecto a lo que aportamos la dimensión cambia. Por ejemplo, el aumento al endeudamiento equivale a 5.1% de la recaudación del ISR o a 6.3% de lo que pagamos por IVA. Como sacrificio adicional al contribuyente, sea persona física o empresa, estos números muestran que el cambio sí es considerable.
Las reasignaciones totales por cerca de 99 mil millones de pesos (mmp) son un dineral. Equivalen a 14.3% de lo que pagamos por impuesto sobre la renta, y 17.8% de lo que nos cobran por IVA en nuestros consumos. Como porcentaje de las participaciones que recibirán las entidades federativas representan el 20.0%. Definitivamente no son poca cosa cuando se ve de esta manera.
El federalismo fiscal n i-ni ya quedó rebasado y no le sirve al país para la aprobación del Presupuesto de Egresos, más cuando los diputados federales recibieron 700 mil millones de pesos de encargos tanto de gobiernos estatales, municipales, universidades públicas, intereses privados y de las mismas dependencias federales. Se ha distorsionado el ejercicio de la aprobación: en teoría, el presupuesto federal es para que el gobierno federal (poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y los órganos autónomos) tengan la suficiencia de recursos para dar cumplimiento a las obligaciones que les marca la Constitución y las leyes. El presupuesto federal no es para suplir insuficiencias e ineficiencias a nivel estatal y municipal, si no dónde queda la soberanía de las entidades federativas.
Cómo nos hace falta cultura de la hacienda pública, y ésta empieza por cuidar el destino, eficiencia y eficacia de cada peso de nuestros impuestos, y que los ciudadanos paguemos los impuestos al orden de gobierno que nos proporciona servicios.
Economista
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