Alberto Barranco / El Universal
En un inaudito que resalta la gravedad del dislate, el pleno de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado, es decir, panistas, priístas y perredistas, le envió una carta al secretario de Economía, Bruno Ferrari, en afán de evitar lo que pareciera una aberración jurídica
Viernes 26 de noviembre de 2010
Comenta la Nota , 177 lecturas
Estamos hablando de hacer efectivo en la práctica un decreto publicado el 17 de agosto pasado en el Diario Oficial que, en el terreno práctico, homologa las normas para evaluar la calidad, seguridad y eficacia de equipos médicos expedidas por México, Estados Unidos y Canadá.
Dicho con todas las letras, la certificación realizada en cualquiera de los países de allende la frontera norte del país será válida en el nuestro.
Paso franco, pues, frente a la exigencia de certificación nacional.
Según la dependencia, la medida permitirá abaratar los insumos que llegan al país, lo que en la carambola reduciría sus costos para los hospitales públicos y privados, quienes repercutirían el ahorro al público usuario…
Casi el paraíso.
El problema, de entrada, es que la Secretaría de Economía está poniendo en escena la segunda parte de la obra denominada: ¡Viva la Casa Blanca!, sin haberse dilucidado la legalidad del primer acto.
Como usted sabe, homologadas a su vez las normas para verificar la calidad y efectividad de los productos electrónicos que ingresan al país, el propio Senado planteó una controversia constitucional ante la Suprema Corte, alegando la violación de media docena de leyes.
Y aunque en la aceptación del recurso por parte del ministro Sergio Valls no se prevé la suspensión del acto reclamado, es evidente que la dependencia en entredicho no puede caminar más allá mientras no se garantice la certeza jurídica de sus pasos. De hecho, la misiva firmada, entre otros integrantes de la Comisión encabezada por el priísta Eloy Cantú Segovia, por los panistas Ramón Muñoz Gutiérrez, Rubén Camarillo Ortega y Jorge Andrés Ocejo, así como los perredistas Yeidckol Polevnsky y Alfonso Sánchez Anaya, le pide al funcionario no aplicar las nuevas medidas en tanto la Suprema Corte no emita su resolución.
Ahora que, metidos al detalle, la nueva medida lanzada en el marco de la cruzada de la Casa Blanca para multiplicar sus exportaciones como ariete para la recuperación económica, comete, de entrada, el mismo error de la primera al no exigirse reciprocidad de las contrapartes.
Mientras México abre la puerta de par en par, Estados Unidos y Canadá mantienen una estrecha rendijita, bajo los lineamientos de la Food and Drug Administration de Estados Unidos y la Health Canada de Canadá.
En paralelo, la decisión unilateral vuelve a colocar en condiciones de trato desigual a los productores nacionales, quienes podrían enfrentar una avalancha de importaciones de insumos médicos fabricados en Asia, cuya calidad quedaría en duda de cara a las normas nacionales.
Ahora que, de acuerdo a los fabricantes nacionales de insumos médicos afiliados a la Canacintra, aunque el decreto de homologación apunta a que los registros sanitarios se otorguen en un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a partir de que el usuario presente toda la información reclamada, la medida sólo beneficia a los bienes de importación.
Los nacionales seguirán sujetos a un trámite que llega a durar hasta 18 meses.
De ahí que, en un segundo punto, la misiva de los senadores le solicita a Ferrari informar sobre las razones de otorgar un trato desigual a los insumos médicos producidos en el país y a los producidos fuera del mismo.
Más allá, se exige a la dependencia clarificar si los productos avalados por las agencias sanitarias Food and Drug Administration de Estados Unidos y Health Canada de Canadá mantienen los mismos criterios para los productos que son destinados a la comercialización en sus respectivos territorios, y aquellos que son destinados a mercados de otros países.
De pasadita, se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que resuelva todos los asuntos en trámite de registro de insumos para la salud, en un plazo máximo de 60 días hábiles.
Frenan a Ferrari… y de pasadita a la triste aceptación del gobierno de ubicarnos como traspatio de Estados Unidos.
Balance general
Finalmente el gobierno de Hidalgo, en colusión con los diputados federales que representan a la entidad, le puso un ultimátum a Petróleos Mexicanos: Si en el primer trimestre del año próximo no hay señales claras de iniciar los trabajos de construcción de la refinería bicentenario en la zona de Tula, se planteará una demanda contra la paraestatal. Bajo el marco de ésta se exigirá la restitución de los recursos que le pagó el gobierno local a los ejidatarios por sus tierras, además de los intereses correspondientes y una suma adicional por la afectación económica a la región. ¡Pácatelas!
Como recordará usted, hace dos años la paraestatal le exigió a la entidad federativa garantizar en un plazo perentorio la liberación total de la propiedad del terreno para tener derecho a la edificación de la refinería.
Sí no cumples, ahí está Guanajuato puesto.
El caso es que la urgencia de entonces contrasta con la lentitud para realizar la obra. De hecho, dos años después sólo se ha anunciado la construcción de una barda perimetral de la que no se ha colocado aún el primer ladrillo.
El problema es que, aportados cuatro mil 500 millones de pesos en el proyecto, el gobierno de Hidalgo sólo contará para el año próximo con un presupuesto de cinco mil 574 millones para desarrollo social.
Mexicana, aún no
Dígase lo que se diga, PC Capital no tiene aún la aceptación total de los sindicatos de Mexicana de Aviación para adquirir la línea aérea… bajo la base de un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo.
El de trabajadores de tierra que encabeza Miguel Ángel Yúdico no ha dado el sí, en espera de que el grupo de acreedores de la empresa acepte la reestructura de su colosal deuda, vía quitas que llegarían hasta 75% de las cuentas por cobrar.
Si ellos aceptaran tal condición, dice el sindicato, ya no habrá nada que hacer.
Huelga, por outsourcing
Ahora resulta que la larga huelga que afectó a la Cervecera del Trópico, filial del Grupo Modelo ubicada en Tuxtepec, Oaxaca, la provocó la contratación por parte de la firma encabezada por Carlos Fernández de la empresa Evenplan.
Estamos hablando de una outsourcing o tercería, quien empezó a realizar labores de limpieza desplazando a trabajadores de base de la fabricante de cerveza, cuya mayor producción en la planta se orienta a la exportación.
La huelga provocó más de un enfrentamiento entre los trabajadores y la empresa, culpándose de la situación a un líder que andaba a salto de mata entre Oaxaca y Puebla.
En un inaudito que resalta la gravedad del dislate, el pleno de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado, es decir, panistas, priístas y perredistas, le envió una carta al secretario de Economía, Bruno Ferrari, en afán de evitar lo que pareciera una aberración jurídica
Viernes 26 de noviembre de 2010
Comenta la Nota , 177 lecturas
Estamos hablando de hacer efectivo en la práctica un decreto publicado el 17 de agosto pasado en el Diario Oficial que, en el terreno práctico, homologa las normas para evaluar la calidad, seguridad y eficacia de equipos médicos expedidas por México, Estados Unidos y Canadá.
Dicho con todas las letras, la certificación realizada en cualquiera de los países de allende la frontera norte del país será válida en el nuestro.
Paso franco, pues, frente a la exigencia de certificación nacional.
Según la dependencia, la medida permitirá abaratar los insumos que llegan al país, lo que en la carambola reduciría sus costos para los hospitales públicos y privados, quienes repercutirían el ahorro al público usuario…
Casi el paraíso.
El problema, de entrada, es que la Secretaría de Economía está poniendo en escena la segunda parte de la obra denominada: ¡Viva la Casa Blanca!, sin haberse dilucidado la legalidad del primer acto.
Como usted sabe, homologadas a su vez las normas para verificar la calidad y efectividad de los productos electrónicos que ingresan al país, el propio Senado planteó una controversia constitucional ante la Suprema Corte, alegando la violación de media docena de leyes.
Y aunque en la aceptación del recurso por parte del ministro Sergio Valls no se prevé la suspensión del acto reclamado, es evidente que la dependencia en entredicho no puede caminar más allá mientras no se garantice la certeza jurídica de sus pasos. De hecho, la misiva firmada, entre otros integrantes de la Comisión encabezada por el priísta Eloy Cantú Segovia, por los panistas Ramón Muñoz Gutiérrez, Rubén Camarillo Ortega y Jorge Andrés Ocejo, así como los perredistas Yeidckol Polevnsky y Alfonso Sánchez Anaya, le pide al funcionario no aplicar las nuevas medidas en tanto la Suprema Corte no emita su resolución.
Ahora que, metidos al detalle, la nueva medida lanzada en el marco de la cruzada de la Casa Blanca para multiplicar sus exportaciones como ariete para la recuperación económica, comete, de entrada, el mismo error de la primera al no exigirse reciprocidad de las contrapartes.
Mientras México abre la puerta de par en par, Estados Unidos y Canadá mantienen una estrecha rendijita, bajo los lineamientos de la Food and Drug Administration de Estados Unidos y la Health Canada de Canadá.
En paralelo, la decisión unilateral vuelve a colocar en condiciones de trato desigual a los productores nacionales, quienes podrían enfrentar una avalancha de importaciones de insumos médicos fabricados en Asia, cuya calidad quedaría en duda de cara a las normas nacionales.
Ahora que, de acuerdo a los fabricantes nacionales de insumos médicos afiliados a la Canacintra, aunque el decreto de homologación apunta a que los registros sanitarios se otorguen en un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a partir de que el usuario presente toda la información reclamada, la medida sólo beneficia a los bienes de importación.
Los nacionales seguirán sujetos a un trámite que llega a durar hasta 18 meses.
De ahí que, en un segundo punto, la misiva de los senadores le solicita a Ferrari informar sobre las razones de otorgar un trato desigual a los insumos médicos producidos en el país y a los producidos fuera del mismo.
Más allá, se exige a la dependencia clarificar si los productos avalados por las agencias sanitarias Food and Drug Administration de Estados Unidos y Health Canada de Canadá mantienen los mismos criterios para los productos que son destinados a la comercialización en sus respectivos territorios, y aquellos que son destinados a mercados de otros países.
De pasadita, se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que resuelva todos los asuntos en trámite de registro de insumos para la salud, en un plazo máximo de 60 días hábiles.
Frenan a Ferrari… y de pasadita a la triste aceptación del gobierno de ubicarnos como traspatio de Estados Unidos.
Balance general
Finalmente el gobierno de Hidalgo, en colusión con los diputados federales que representan a la entidad, le puso un ultimátum a Petróleos Mexicanos: Si en el primer trimestre del año próximo no hay señales claras de iniciar los trabajos de construcción de la refinería bicentenario en la zona de Tula, se planteará una demanda contra la paraestatal. Bajo el marco de ésta se exigirá la restitución de los recursos que le pagó el gobierno local a los ejidatarios por sus tierras, además de los intereses correspondientes y una suma adicional por la afectación económica a la región. ¡Pácatelas!
Como recordará usted, hace dos años la paraestatal le exigió a la entidad federativa garantizar en un plazo perentorio la liberación total de la propiedad del terreno para tener derecho a la edificación de la refinería.
Sí no cumples, ahí está Guanajuato puesto.
El caso es que la urgencia de entonces contrasta con la lentitud para realizar la obra. De hecho, dos años después sólo se ha anunciado la construcción de una barda perimetral de la que no se ha colocado aún el primer ladrillo.
El problema es que, aportados cuatro mil 500 millones de pesos en el proyecto, el gobierno de Hidalgo sólo contará para el año próximo con un presupuesto de cinco mil 574 millones para desarrollo social.
Mexicana, aún no
Dígase lo que se diga, PC Capital no tiene aún la aceptación total de los sindicatos de Mexicana de Aviación para adquirir la línea aérea… bajo la base de un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo.
El de trabajadores de tierra que encabeza Miguel Ángel Yúdico no ha dado el sí, en espera de que el grupo de acreedores de la empresa acepte la reestructura de su colosal deuda, vía quitas que llegarían hasta 75% de las cuentas por cobrar.
Si ellos aceptaran tal condición, dice el sindicato, ya no habrá nada que hacer.
Huelga, por outsourcing
Ahora resulta que la larga huelga que afectó a la Cervecera del Trópico, filial del Grupo Modelo ubicada en Tuxtepec, Oaxaca, la provocó la contratación por parte de la firma encabezada por Carlos Fernández de la empresa Evenplan.
Estamos hablando de una outsourcing o tercería, quien empezó a realizar labores de limpieza desplazando a trabajadores de base de la fabricante de cerveza, cuya mayor producción en la planta se orienta a la exportación.
La huelga provocó más de un enfrentamiento entre los trabajadores y la empresa, culpándose de la situación a un líder que andaba a salto de mata entre Oaxaca y Puebla.
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