Se cede a las compañías privadas la operación sustantiva de la paraestatal, advierten
Consideran necesario que la Corte se pronuncie en torno a las controversias interpuestas
Israel Rodríguez j. y Jesús Lastra Ríos / Periódico La Jornada
El Comité Nacional de Estudios de la Energía y el grupo de ingenieros petroleros Constitución de 1917 cuestionaron los "contratos integrales" aprobados el miércoles por el consejo de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), por considerarlos fuera de los preceptos constitucionales.
El presidente del grupo Constitución de 1917, Francisco Garaicochea, aseguró que este nuevo modelo de contratación es inconstitucional porque Pemex cede a las compañías contratistas la operación sustantiva de la petrolera.
Consideró que es necesario que antes de que se publique la convocatoria de estos contratos (prevista para febrero de 2011) se pudiera pronunciar la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a las dos controversias constitucionales que se presentaron hace más de un año. Francisco Garaicochea, advirtió sobre el peligro de que Pemex se convierta solamente en una entidad administradora de contratos.
El martes pasado La Jornada adelantó sobre la relevancia de estos nuevos contratos que radica en que Pemex comenzara, en el primer trimestre de 2011, un ambicioso programa estratégico de licitaciones para que empresas privadas participen con la reactivación de tres áreas de campos maduros de la región sur (Magallanes, Carrizo y Santuario), seguida de una segunda ronda, también en campos maduros, de la región norte. Una tercera etapa abarcará el proyecto Chicontepec y finalmente, se planea llevar a cabo una cuarta ronda de licitación para aguas profundas del Golfo de México.
Gilberto Ortiz, presidente de la Comisión de Energéticos de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), coincidió en que con estos contratos Pemex pueda transformarse solamente en una agencia del petróleo.
"Es necesario que haya transparencia para evitar que las compañías contratistas se enriquezcan a costa de los mexicanos y de la empresa que debería de retomar su verdadera fuerza al ser la operadora. Es necesario que también se pronuncie la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y que el gobierno salvaguarde su credibilidad". Es necesario que legisladores, especialistas y académicos expertos en derecho analicen con lupa estos contratos, dijo el representante de los industriales.
En Coatzacoalcos, Veracruz, Rocío Nahale García, del Comité Nacional de Estudios de la Energía, planteó que sería mejor quitar a la empresa petrolera nacional, Pemex, la pesada carga fiscal que arrastra y le impide crecer.
Demandó llevar acabo un proyecto nacional energético que permita aprovechar integralmente el valor del petróleo y "no entregar la renta petrolera a los grandes capitales".
La ingeniera destacó que el anuncio de los nuevos contratos es parte del proceso privatizador de la industria petrolera nacional, promovida y apuntalada desde la Presidencia de la República.
Nahale García informó que la determinación tomada violenta una demanda, controversia, de inconstitucionalidad presentada desde octubre de 2009 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La experta destacó que lo que ocurre en la dirección de Pemex es parte de una serie de acciones encaminadas a su desmantelamiento.
En tal contexto denunció que mediante un convenio con un consorcio brasileño, que ejecutará en la zona de Coatzacoalcos el proyecto Etileno XXI, se busca dejar fuera de competitividad al sector oficial, al signarse un acuerdo mediante el cual Pemex se compromete a surtirle materia prima, el gas a precios más baratos que a los que se los vende a su filial Pemex-Petroquímica.
Lamentó que se quemen al aire libre millones y millones de pies cúbicos de gas por no poder o no querer aprovecharlos, no procesarlos, pero se sigue importando gas y ahora de Perú y con ello se da otro golpe que permitirá la participación del sector privado en los trabajos de exploración, perforación y extracción del crudo, actividades todavía constitucionalmente reservadas al Estado.
Por último denunció que debido a malas decisiones, que se toman en el seno del sector, el año pasado se invirtió en los trabajos de extracción petrolera en el área de Chincotepec –al norte de la entidad–, el 70 por ciento del presupuesto de 140 mil millones de pesos de Pemex-Exploración y Producción sin que hayan rendido ningún fruto hasta el momento.
Consideran necesario que la Corte se pronuncie en torno a las controversias interpuestas
Israel Rodríguez j. y Jesús Lastra Ríos / Periódico La Jornada
El Comité Nacional de Estudios de la Energía y el grupo de ingenieros petroleros Constitución de 1917 cuestionaron los "contratos integrales" aprobados el miércoles por el consejo de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), por considerarlos fuera de los preceptos constitucionales.
El presidente del grupo Constitución de 1917, Francisco Garaicochea, aseguró que este nuevo modelo de contratación es inconstitucional porque Pemex cede a las compañías contratistas la operación sustantiva de la petrolera.
Consideró que es necesario que antes de que se publique la convocatoria de estos contratos (prevista para febrero de 2011) se pudiera pronunciar la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a las dos controversias constitucionales que se presentaron hace más de un año. Francisco Garaicochea, advirtió sobre el peligro de que Pemex se convierta solamente en una entidad administradora de contratos.
El martes pasado La Jornada adelantó sobre la relevancia de estos nuevos contratos que radica en que Pemex comenzara, en el primer trimestre de 2011, un ambicioso programa estratégico de licitaciones para que empresas privadas participen con la reactivación de tres áreas de campos maduros de la región sur (Magallanes, Carrizo y Santuario), seguida de una segunda ronda, también en campos maduros, de la región norte. Una tercera etapa abarcará el proyecto Chicontepec y finalmente, se planea llevar a cabo una cuarta ronda de licitación para aguas profundas del Golfo de México.
Gilberto Ortiz, presidente de la Comisión de Energéticos de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), coincidió en que con estos contratos Pemex pueda transformarse solamente en una agencia del petróleo.
"Es necesario que haya transparencia para evitar que las compañías contratistas se enriquezcan a costa de los mexicanos y de la empresa que debería de retomar su verdadera fuerza al ser la operadora. Es necesario que también se pronuncie la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y que el gobierno salvaguarde su credibilidad". Es necesario que legisladores, especialistas y académicos expertos en derecho analicen con lupa estos contratos, dijo el representante de los industriales.
En Coatzacoalcos, Veracruz, Rocío Nahale García, del Comité Nacional de Estudios de la Energía, planteó que sería mejor quitar a la empresa petrolera nacional, Pemex, la pesada carga fiscal que arrastra y le impide crecer.
Demandó llevar acabo un proyecto nacional energético que permita aprovechar integralmente el valor del petróleo y "no entregar la renta petrolera a los grandes capitales".
La ingeniera destacó que el anuncio de los nuevos contratos es parte del proceso privatizador de la industria petrolera nacional, promovida y apuntalada desde la Presidencia de la República.
Nahale García informó que la determinación tomada violenta una demanda, controversia, de inconstitucionalidad presentada desde octubre de 2009 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La experta destacó que lo que ocurre en la dirección de Pemex es parte de una serie de acciones encaminadas a su desmantelamiento.
En tal contexto denunció que mediante un convenio con un consorcio brasileño, que ejecutará en la zona de Coatzacoalcos el proyecto Etileno XXI, se busca dejar fuera de competitividad al sector oficial, al signarse un acuerdo mediante el cual Pemex se compromete a surtirle materia prima, el gas a precios más baratos que a los que se los vende a su filial Pemex-Petroquímica.
Lamentó que se quemen al aire libre millones y millones de pies cúbicos de gas por no poder o no querer aprovecharlos, no procesarlos, pero se sigue importando gas y ahora de Perú y con ello se da otro golpe que permitirá la participación del sector privado en los trabajos de exploración, perforación y extracción del crudo, actividades todavía constitucionalmente reservadas al Estado.
Por último denunció que debido a malas decisiones, que se toman en el seno del sector, el año pasado se invirtió en los trabajos de extracción petrolera en el área de Chincotepec –al norte de la entidad–, el 70 por ciento del presupuesto de 140 mil millones de pesos de Pemex-Exploración y Producción sin que hayan rendido ningún fruto hasta el momento.
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