Los países ricos y emergentes acuerdan someter sus medidas contra los desequilibrios al examen del FMI pero sin fijar criterios o fechas concretas
A. BOLAÑOS / M. GONZÁLEZ / EL PAÍS
Los países ricos y emergentes han acordado someter sus políticas nacionales al examen del Fondo Monetario Internacional (FMI) para comprobar si se ajustan al objetivo conjunto de reducir los desequilibrios externos. Pero habrá que esperar, al menos, hasta 2011 para saber cuáles serán las preguntas del examen. El G-20, que ha concluido su quinta cumbre en Seúl (Corea del Sur), encomendará a sus ministros de Economía y gobernadores de bancos centrales que decidan "las guías indicativas" para evaluar si esas políticas nacionales son las correctas.
Según el comunicado final de la cumbre, los ministros de Finanzas y gobernadores centrales debatirán esos indicadores en la primera mitad de 2011, antes de la sexta cita del G-20, que se celebrará en Francia. La iniciativa es una manera de diluir la propuesta estadounidense, duramente criticada por otros países, de limitar al 4% del PIB los saldos (ya sean déficit o superávit) por cuenta corriente. La canciller alemana, Angela Merkel, ha opuesto siempre que el amplio superávit comercial de su país se debe a la competitividad de sus empresas exportadoras y no a la devaluación de su moneda, como se achaca a China.
De puntillas por los puntos conflictivos
En el comunicado no se hace mención a indicador alguno, una resistencia que fuentes de la negociación achacan a la delegación china. También se ha caído en el último momento la exigencia de evitar "mantener tipos de cambio por debajo de su nivel de equilibrio por motivos competitivos", una nítida alusión a la política de intervención de China para evitar una apreciación significativa del yuan. Además del consabido compromiso de evitar las "devaluaciones competitivas", se mantiene el recado a Estados Unidos, al reiterar que las economías avanzadas "incluida aquellas con divisas que ejercen papel de reserva" estarán atentas a movimientos reciente estímulo monetario de la Reserva Federal.
Para la presidencia francesa del G-20, que se inicia hoy mismo, se dejan también otros dos asuntos conflictivos: desarrollar un mecanismo de control que permita comprobar si cada país avanza o no en los múltiples objetivos planteados en las cumbres del G-20; y revisar el sistema monetario internacional, anclado ahora al dólar como moneda básica de reserva, para "asegurar la estabilidad de la economía mundial", una vez que las tensiones y vulnerabilidades del sistema "han quedado claramente patentes". El foro de países ricos y emergentes ha encargado al FMI que desarrolle propuestas para revisar el sistema monetario, una de las prioridades en la agenda del presidente francés, Nicolas Sarkozy.
Como estaba previsto, el G-20 ha asumido el acuerdo de los banqueros centrales en el comité de Basilea para triplicar los requisitos de capital a las entidades financieras, así como el amplio plazo concedido a la banca (hasta 2019) para que cumpla con los nuevos requisitos. El comunicado también hace suyo el planteamiento del Foro de Estabilidad Financiera para definir (a finales de año) qué entidades deben ser vigiladas con mayor celo por su "dimensión o complejidad" y fijar para ellas requisitos adicionales de capital y liquidez (a mediados de 2011). La prioridad es establecer esas nuevas exigencias a las entidades sistémicas con relevancia internacional. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, dio por hecho ayer jueves que en esa lista estarán las dos grandes entidades españolas, Santander y BBVA.
"Punto final" a Doha
Además, también se da luz verde al pacto sellado hace tres semanas para desbloquear la reforma del Fondo Monetario Internacional, de modo que los países emergentes (y singularmente China, India y Brasil) ganen cuota de poder en el Fondo a costa, básicamente de los países europeos. Los emergentes ganarán un 6% de cuota de representación y dos de las nueve sillas europeas en el comité director del FMI.
En el comunicado final hay también una mención a la necesidad de poner "punto final" a la Ronda de Doha para liberalizar aún más el comercio internacional. Es un compromiso recurrente de las cumbres del G-20, pero varios países, con Alemania y Reino Unido a la cabeza, han insistido en que desbloquear la Ronda de Doha sería un mensaje nítido ante los mercados de que el foro se toma en serio evitar las tentaciones proteccionistas.
El G-20 también asume en esta cumbre un papel protagonista en fijar las políticas de ayuda al desarrollo, un asunto que hasta ahora era básico en la agenda del club de los países más ricos, el G-7, ahora de capa caída. En el bautizado como consenso de Seúl, por oposición al consenso de Washington, que consagró la liberalización y los drásticos ajustes fiscales como receta única para los países en desarrollo, se impone en buena medida la visión de Corea del Sur, un precario equilibrio entre dar prioridad al crecimiento económico, con apoyos a los programas de inversión en infraestructuras e incentivos a la actividad empresarial (en definitiva, a la coreana), y los habituales compromisos de la ayuda al desarrollo (salud, educación, asistencia), que aparentemente se mantienen.
A. BOLAÑOS / M. GONZÁLEZ / EL PAÍS
Los países ricos y emergentes han acordado someter sus políticas nacionales al examen del Fondo Monetario Internacional (FMI) para comprobar si se ajustan al objetivo conjunto de reducir los desequilibrios externos. Pero habrá que esperar, al menos, hasta 2011 para saber cuáles serán las preguntas del examen. El G-20, que ha concluido su quinta cumbre en Seúl (Corea del Sur), encomendará a sus ministros de Economía y gobernadores de bancos centrales que decidan "las guías indicativas" para evaluar si esas políticas nacionales son las correctas.
Según el comunicado final de la cumbre, los ministros de Finanzas y gobernadores centrales debatirán esos indicadores en la primera mitad de 2011, antes de la sexta cita del G-20, que se celebrará en Francia. La iniciativa es una manera de diluir la propuesta estadounidense, duramente criticada por otros países, de limitar al 4% del PIB los saldos (ya sean déficit o superávit) por cuenta corriente. La canciller alemana, Angela Merkel, ha opuesto siempre que el amplio superávit comercial de su país se debe a la competitividad de sus empresas exportadoras y no a la devaluación de su moneda, como se achaca a China.
De puntillas por los puntos conflictivos
En el comunicado no se hace mención a indicador alguno, una resistencia que fuentes de la negociación achacan a la delegación china. También se ha caído en el último momento la exigencia de evitar "mantener tipos de cambio por debajo de su nivel de equilibrio por motivos competitivos", una nítida alusión a la política de intervención de China para evitar una apreciación significativa del yuan. Además del consabido compromiso de evitar las "devaluaciones competitivas", se mantiene el recado a Estados Unidos, al reiterar que las economías avanzadas "incluida aquellas con divisas que ejercen papel de reserva" estarán atentas a movimientos reciente estímulo monetario de la Reserva Federal.
Para la presidencia francesa del G-20, que se inicia hoy mismo, se dejan también otros dos asuntos conflictivos: desarrollar un mecanismo de control que permita comprobar si cada país avanza o no en los múltiples objetivos planteados en las cumbres del G-20; y revisar el sistema monetario internacional, anclado ahora al dólar como moneda básica de reserva, para "asegurar la estabilidad de la economía mundial", una vez que las tensiones y vulnerabilidades del sistema "han quedado claramente patentes". El foro de países ricos y emergentes ha encargado al FMI que desarrolle propuestas para revisar el sistema monetario, una de las prioridades en la agenda del presidente francés, Nicolas Sarkozy.
Como estaba previsto, el G-20 ha asumido el acuerdo de los banqueros centrales en el comité de Basilea para triplicar los requisitos de capital a las entidades financieras, así como el amplio plazo concedido a la banca (hasta 2019) para que cumpla con los nuevos requisitos. El comunicado también hace suyo el planteamiento del Foro de Estabilidad Financiera para definir (a finales de año) qué entidades deben ser vigiladas con mayor celo por su "dimensión o complejidad" y fijar para ellas requisitos adicionales de capital y liquidez (a mediados de 2011). La prioridad es establecer esas nuevas exigencias a las entidades sistémicas con relevancia internacional. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, dio por hecho ayer jueves que en esa lista estarán las dos grandes entidades españolas, Santander y BBVA.
"Punto final" a Doha
Además, también se da luz verde al pacto sellado hace tres semanas para desbloquear la reforma del Fondo Monetario Internacional, de modo que los países emergentes (y singularmente China, India y Brasil) ganen cuota de poder en el Fondo a costa, básicamente de los países europeos. Los emergentes ganarán un 6% de cuota de representación y dos de las nueve sillas europeas en el comité director del FMI.
En el comunicado final hay también una mención a la necesidad de poner "punto final" a la Ronda de Doha para liberalizar aún más el comercio internacional. Es un compromiso recurrente de las cumbres del G-20, pero varios países, con Alemania y Reino Unido a la cabeza, han insistido en que desbloquear la Ronda de Doha sería un mensaje nítido ante los mercados de que el foro se toma en serio evitar las tentaciones proteccionistas.
El G-20 también asume en esta cumbre un papel protagonista en fijar las políticas de ayuda al desarrollo, un asunto que hasta ahora era básico en la agenda del club de los países más ricos, el G-7, ahora de capa caída. En el bautizado como consenso de Seúl, por oposición al consenso de Washington, que consagró la liberalización y los drásticos ajustes fiscales como receta única para los países en desarrollo, se impone en buena medida la visión de Corea del Sur, un precario equilibrio entre dar prioridad al crecimiento económico, con apoyos a los programas de inversión en infraestructuras e incentivos a la actividad empresarial (en definitiva, a la coreana), y los habituales compromisos de la ayuda al desarrollo (salud, educación, asistencia), que aparentemente se mantienen.
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