Municipios y procuradurías estatales son las instituciones más opacas, revela estudio.
Guillermo Ríos / El Sol de México
En México "inexplicablemente" imperan los excesos en el gasto público que ejercen organismos autónomos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos ministros ganan 347 mil pesos netos cada uno, o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyo comisionado presidente gasta exclusivamente en alimentos cerca de 5 mil pesos diarios.
Los anteriores datos están contenidos en un estudio elaborado por un grupo de investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas, quienes señalan, además, que los municipios y las procuradurías estatales son las instituciones más opacas.
Los seis documentos, elaborados por Carlos Elizondo Mayer-Serra, Ana Laura Magaloni, Marco Antonio Mena Rodríguez, Juan E. Pardinas Carpizo, Emilio Granados Franco, Jorge Chávez Presas, Marcelo Bergman Harfin y Fernando Gabriel Cafferata, dan cuenta de la acentuada opacidad y falta de uniformidad para medir la eficiencia y efectividad del presupuesto asignado año con año a instituciones como la SCJN, el IFE, la CNDH, municipios y procuraduría estatales, lo que confirma que pese a los profundos cambios políticos que México ha experimentado, éstos no han tenido una correlación con la forma en que se concibe y ejerce el gasto público.
En conferencia de prensa, el investigador del CIDE, Carlos Elizondo Mayer-Serra, lamentó que en el pasado reciente, los organismos públicos no tenían siquiera la obligación de publicar información sobre su presupuesto, sueldos o contratación de funcionarios.
El estudio referente a la CNDH documenta que es el organismo en materia de derechos humanos más caro del mundo; mientras que la SCJN cuenta con una excesiva estructura burocrática que no tiene comparación con ningún otro tribunal constitucional.
En el caso de la Corte, los datos indican que asignación y administración de los elevados presupuestos ha servido para engrosar la nómina a través de una burocracia cada vez más amplia que, en muchos casos, tiene asignadas tareas que poco o nada tiene que ver con la función sustantiva de un Tribunal Constitucional.
Con un presupuesto de tres mil 224 millones 289 mil pesos para 2009, el máximo tribunal de justicia en México está por arriba de su similar de Estados Unidos, que tiene un presupuesto de mil 192 millones de pesos; supera también a la Corte de Canadá (491 mdp); Alemania (433 mdp); España (411 mdp); Colombia (107 mdp) y Perú (93 mdp).
En tanto, las procuradurías estatales y los municipios, instituciones por excelencia de proximidad y cercanía con el ciudadano, son opacas, ineficientes e ineficaces.
Ambas son instituciones que se encuentran en el centro del debate y que en tiempos recientes han visto incrementados considerablemente sus presupuestos, sin que ello haya generado los bienes públicos que la sociedad reclama.
En cuanto a los municipios, los investigadores descubrieron que en siete años, la nómina de esos gobiernos creció 68 por ciento en términos reales, son embargo, la opacidad de la información a nivel municipal no permite distinguir si este incremento resultó de un mayor número de trabajadores municipales, mayores salarios para los trabajadores ya existentes, o una combinación de ambas razones.
En cuanto a la transparencia, el estudio "El municipio: ¿la institución de la opacidad?", señala que si en México la falta de transparencia a nivel estatal resulta preocupante, a nivel de los municipios resulta mucho más grave.
De los 373 municipios más grandes del país que reúnen al 65 por ciento de la población y generan el 80 por ciento del PIB nacional, solamente 97 publicaron su presupuesto de egresos para 2009 en Internet.
En 100 de esos municipios no existe una página de Internet oficial y de los que cuentan con una, 89 no publican en ella el presupuesto.
Los investigadores concluyeron que la falta de cuidado y rigor para gastar los recursos públicos y rendir cuenta de ellos se debe a la renta petrolera, ya que ésta, lejos de invertirse en un fondo para las generaciones futuras como sería ética y económicamente deseable, se destina a todo tipo de gasto corriente.
"El gasto público es fundamental, sin gasto público no hay Estado y sin Estado no hay diversificación posible, sin embargo, en México estamos en el peor de los mundos, nos falta dinero para hacer cosas como mayor cobertura de educación, salud, carreteras, pero gastamos mal el dinero que tenemos", expresó Carlos Elizondo.
Guillermo Ríos / El Sol de México
En México "inexplicablemente" imperan los excesos en el gasto público que ejercen organismos autónomos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos ministros ganan 347 mil pesos netos cada uno, o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyo comisionado presidente gasta exclusivamente en alimentos cerca de 5 mil pesos diarios.
Los anteriores datos están contenidos en un estudio elaborado por un grupo de investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas, quienes señalan, además, que los municipios y las procuradurías estatales son las instituciones más opacas.
Los seis documentos, elaborados por Carlos Elizondo Mayer-Serra, Ana Laura Magaloni, Marco Antonio Mena Rodríguez, Juan E. Pardinas Carpizo, Emilio Granados Franco, Jorge Chávez Presas, Marcelo Bergman Harfin y Fernando Gabriel Cafferata, dan cuenta de la acentuada opacidad y falta de uniformidad para medir la eficiencia y efectividad del presupuesto asignado año con año a instituciones como la SCJN, el IFE, la CNDH, municipios y procuraduría estatales, lo que confirma que pese a los profundos cambios políticos que México ha experimentado, éstos no han tenido una correlación con la forma en que se concibe y ejerce el gasto público.
En conferencia de prensa, el investigador del CIDE, Carlos Elizondo Mayer-Serra, lamentó que en el pasado reciente, los organismos públicos no tenían siquiera la obligación de publicar información sobre su presupuesto, sueldos o contratación de funcionarios.
El estudio referente a la CNDH documenta que es el organismo en materia de derechos humanos más caro del mundo; mientras que la SCJN cuenta con una excesiva estructura burocrática que no tiene comparación con ningún otro tribunal constitucional.
En el caso de la Corte, los datos indican que asignación y administración de los elevados presupuestos ha servido para engrosar la nómina a través de una burocracia cada vez más amplia que, en muchos casos, tiene asignadas tareas que poco o nada tiene que ver con la función sustantiva de un Tribunal Constitucional.
Con un presupuesto de tres mil 224 millones 289 mil pesos para 2009, el máximo tribunal de justicia en México está por arriba de su similar de Estados Unidos, que tiene un presupuesto de mil 192 millones de pesos; supera también a la Corte de Canadá (491 mdp); Alemania (433 mdp); España (411 mdp); Colombia (107 mdp) y Perú (93 mdp).
En tanto, las procuradurías estatales y los municipios, instituciones por excelencia de proximidad y cercanía con el ciudadano, son opacas, ineficientes e ineficaces.
Ambas son instituciones que se encuentran en el centro del debate y que en tiempos recientes han visto incrementados considerablemente sus presupuestos, sin que ello haya generado los bienes públicos que la sociedad reclama.
En cuanto a los municipios, los investigadores descubrieron que en siete años, la nómina de esos gobiernos creció 68 por ciento en términos reales, son embargo, la opacidad de la información a nivel municipal no permite distinguir si este incremento resultó de un mayor número de trabajadores municipales, mayores salarios para los trabajadores ya existentes, o una combinación de ambas razones.
En cuanto a la transparencia, el estudio "El municipio: ¿la institución de la opacidad?", señala que si en México la falta de transparencia a nivel estatal resulta preocupante, a nivel de los municipios resulta mucho más grave.
De los 373 municipios más grandes del país que reúnen al 65 por ciento de la población y generan el 80 por ciento del PIB nacional, solamente 97 publicaron su presupuesto de egresos para 2009 en Internet.
En 100 de esos municipios no existe una página de Internet oficial y de los que cuentan con una, 89 no publican en ella el presupuesto.
Los investigadores concluyeron que la falta de cuidado y rigor para gastar los recursos públicos y rendir cuenta de ellos se debe a la renta petrolera, ya que ésta, lejos de invertirse en un fondo para las generaciones futuras como sería ética y económicamente deseable, se destina a todo tipo de gasto corriente.
"El gasto público es fundamental, sin gasto público no hay Estado y sin Estado no hay diversificación posible, sin embargo, en México estamos en el peor de los mundos, nos falta dinero para hacer cosas como mayor cobertura de educación, salud, carreteras, pero gastamos mal el dinero que tenemos", expresó Carlos Elizondo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario