Carlos Elizondo - El Siglo de Durango
La frontera entre nosotros los ciudadanos y el Estado se está moviendo para dejarnos con menos espacio. De eso se trata la construcción de un régimen autoritario. Muchas de las reformas recientes tienen como objetivo expandir el poder del Estado y estrechar los derechos individuales. Están pensadas con cuidado y se complementan entre sí.
El caso más evidente es la ampliación de los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, es decir, el encarcelamiento automático mientras se determina la culpabilidad. Antes del 2018 había cinco delitos bajo esta categoría; en el 2019 subieron a 19, y ahora son 22. Al cierre de 2024 había 236,773 personas encarceladas, de las cuales 85,547 (el 36 por ciento) estaba presa sin sentencia alguna.
Una motivación central del gobierno es que los individuos con recursos han abusado de la ley para frenar los intereses del Estado. El tema más relevante para ellos es el fiscal. El modelo morenista deja al causante con pocos recursos jurídicos para protegerse de cualquier acto arbitrario del fisco.
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