Mario Maldonado - Sonora Presente
A solicitud de la ministra Lenia Batres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo la revisión de un presunto adeudo fiscal de 2 mil 868 millones de pesos del conglomerado multinacional Femsa, siete días después de haber rechazado exactamente el mismo asunto.
El 6 de noviembre, el pleno de la Corte había votado 8-1 en contra de atraer el expediente bajo un criterio tradicional. Resultó que la cuantía económica no bastaba para ejercer la facultad extraordinaria de atracción y no había relevancia constitucional. Pero el 13 de noviembre, con una nueva solicitud presentada por Batres, la única disidente una semana antes, la Corte modificó su postura y aprobó la atracción por 6-3, sin que hubiera cambiado un solo elemento jurídico del caso.
El viraje de los ministros y ministras encendió una señal de alerta entre los empresarios, en un contexto donde el gobierno y el SAT presionan a todos los contribuyentes cautivos porque necesitan incrementar la recaudación para financiar el enorme presupuesto federal del próximo año, que contempla niveles históricos de gasto social e infraestructura. Si un caso fiscal millonario puede pasar de rechazado a aceptado en solo una semana por presiones internas, las empresas temen que otros litigios concluidos puedan “rescatarse” bajo criterios extraordinarios, rompiendo la certeza jurídica que sustenta inversiones y decisiones de largo plazo.
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