Por: Óscar Flores - El Economista
En la política pública, el timing lo es todo. Usualmente, las iniciativas legislativas se evalúan por su intención social o su impacto presupuestal inmediato, no siempre viendo su resonancia en el tablero geopolítico. Hoy, mientras el Congreso de la Unión analiza la Iniciativa para la Reforma Integral de la Ley General de Salud (LGS), enviada por el Ejecutivo, es necesario levantar la vista del debate doméstico y mirar el calendario: nos separan escasos meses de la fecha marcada en rojo en la agenda económica nacional: el 1 de julio de 2026.
Ese día no es una efeméride más; marca el inicio formal del proceso de Revisión Conjunta del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá). A diferencia de una renegociación comercial estándar, esta revisión tiene una cláusula de "muerte súbita" (la famosa sunset clause) que obliga a las partes a confirmar la continuidad del acuerdo. Llegar a esa cita con una legislación sanitaria doméstica que contravenga los estándares del Tratado no sería solo un error técnico; es entregarles a nuestras contrapartes los argumentos perfectos para presionar en otros frentes críticos de la economía.
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