José Buendía Hegewisch - Excélsior
De aquellos vientos de confrontación política con el Poder Judicial el sexenio pasado ha llegado la tempestad de cambios en la justicia, aunque los problemas son más viejos. Uno central es el abuso del juicio de amparo aun cuando es esencial para limitar a la autoridad y preservar derechos fundamentales de las personas.
La presidenta Sheinbaum envió al Congreso en medio de las fiestas patrias una reforma a esta ley que, enseguida, prendió alertas por tratarse de un tema nodal de la justicia; un cambio en esta materia que proviene del gobierno siempre levanta polémica y más en un ambiente de temor por ejercicios autoritarios en la frontera de las protecciones ciudadanas frente al poder.
En efecto, la propuesta sigue el hilo conductor de reformas de gran calado de López Obrador con la elección judicial y del decreto de la ley de amparo de 2024, que debilitaron el modelo de justicia de 2011 de gobiernos anteriores y heredaron un cambio de equilibrio de fuerzas entre Poderes a su sucesora. Ahora la motivación de la reforma de Sheinbaum es acotar el recurso del amparo frente a los abusos de privados a través de reforzar la decisión de los tribunales frente a ellos. En el fondo, refleja la debilidad del poder público para cumplir sus funciones, pero también la falta de acceso real de la ciudadanía en general a una ley creada hace 170 años contra arbitrariedades de la autoridad.
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