Por: Arturo Damm Arnal - La Razón de México
Si se afirma, como lo hace el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, que “el pago de impuestos, en estricto sentido, no es un tema de derechos humanos”, entonces basta que el gobierno decida qué impuestos cobrar (pocos o muchos), a qué tasa (baja o elevada), y a quiénes (a algunos o a todos), para que el cobro, cualquiera que sea, se justifique.
El cobro de impuestos sí es un tema de derechos humanos, en concreto de derechos naturales, que nos corresponden por ser personas: a la propiedad privada y a la libertad individual, dos caras de la misma moneda. La condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual es la propiedad privada, porque la libertad siempre se ejerce sobre alguna propiedad. Los impuestos violan ambos derechos. Y, sin embargo, se cobran.
Hay quienes afirman que los impuestos son un robo. Tienen razón. Robar implica, entre otras posibilidades, obligar a alguien, bajo amenaza, a entregar algo que es suyo. Y eso, precisamente, es lo que hace el gobierno al cobrar impuestos: obligar al contribuyente, bajo amenaza, a entregar algo que es suyo, una parte de su ingreso, una parte del producto de su trabajo.
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