Carlos Ramírez - El Independiente
Se echó a andar formalmente el proceso de aprobación de una nueva reforma electoral desde el Ejecutivo y otra vez sin la participación de los partidos. Todas las reformas electorales desde la creación de la Comisión Federal Electoral en 1951 hasta los ajustes del Pacto por México de 2014 han sido dirigidas desde la presidencia para beneficiar al partido en el poder.
En este contexto, no se deben tener expectativas reales de la reforma electoral que se formalizó el 4 de agosto pasado con el decreto de creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, pero en el contexto de que no toda la culpa es del Gobierno en turno sino que la oposición ha carecido de fuerza, iniciativas y capacidad de negociación.
Todos los partidos políticos del México moderno –con excepción de uno– han sido construidos desde el poder dominante público. La excepción fue el Partido Comunista Mexicano que nació en 1919 en el escenario de la expansión internacional del comunismo soviético, pero en 1989 —sin haber construido una verdadera opción partidista socialista sin dependencia pública– optó por regalarle su registro legal a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano para crear el Partido de la Revolución Democrática como una organización pospriista y liquidar la opción de un verdadero partido político de la clase obrera autónoma como clase productiva.
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