Por: Jimena Ortiz - El Economista
La propuesta de reforma a la Ley de Amparo en México, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre de 2025, ha sido promovida bajo el argumento de modernizar el sistema judicial y mejorar su eficiencia. Sin embargo, sus implicaciones van mucho más allá del ámbito técnico, con efectos potenciales sobre la inversión, la certidumbre jurídica y el entorno empresarial. La iniciativa —que propone modificar la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, el Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa— plantea una redefinición del interés legítimo, limita las suspensiones provisionales y restringe el alcance colectivo de las sentencias. ¿Cómo afectarían estos cambios al clima de negocios y la percepción de seguridad jurídica en el país?
El juicio de amparo ha sido históricamente una herramienta clave para que ciudadanos y empresas puedan defenderse de decisiones administrativas que vulneran derechos fundamentales. En el ámbito empresarial, ha permitido impugnar clausuras arbitrarias, disposiciones fiscales desproporcionadas, actos regulatorios sin sustento legal y decisiones que afectan la propiedad o el cumplimiento de contratos. Su debilitamiento, por tanto, no solo representa un retroceso constitucional, sino también un deterioro en las condiciones de inversión, especialmente en un contexto global donde la competencia por atraer capital es feroz.
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