Pascal Beltrán del Río - Excélsior
El reciente anuncio sobre el desmantelamiento de una red de contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, se ha presentado como un golpe histórico a la criminalidad organizada.
La Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad destacan la detención de militares de alto rango, funcionarios aduanales y empresarios, además de una incautación de más de 69 millones de litros de petrolíferos entre octubre de 2024 y julio de 2025. Sin embargo, detrás de estas cifras, surge una pregunta crucial: ¿dónde están los miles de millones de pesos generados por este negocio ilícito?
El verdadero combate al crimen organizado no puede medirse sólo por la cantidad de tanques, litros de combustible y vehículos incautados. Para desmantelar estas redes de forma permanente, es imprescindible seguir la ruta del dinero y asestar un golpe financiero que las haga inviables.
Para comprender la urgencia de rastrear el dinero, es necesario dimensionar la magnitud del problema. El huachicol fiscal no es un delito menor; es una vasta economía paralela que drena al país de recursos públicos a una escala asombrosa. Fuentes como PETROIntelligence estiman que las pérdidas para las finanzas públicas por este delito superaron los 177 mil millones de pesos en 2024, equivalentes a casi 485 millones de pesos al día.
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