Francisco Valdés U. / El Universal
La criminalidad organizada ha sido abordada desde muchos ángulos. Entre las razones de su origen, se han aducido las más diversas: la vecindad con el mercado de consumo de drogas más grande del mundo, la facilidad con que se venden (legalmente) e importan (ilegalmente) armas en la misma frontera, la falta de empleo para los jóvenes que son reclutados por el narco, la corrupción policial y de gobernantes diversos, la influencia de las bandas criminales en los territorios que se implantan, la violencia incrementada por el combate al narco, etc.
La semana antepasada la Arquidiócesis de México emitió un mensaje difundido a las comunidades católicas y al público en general. En este comunicado se hace una reconvención a muchos sectores y actores sociales y políticos. Casi sin exceptuar a ninguno, incluida la Iglesia Católica, los obispos encuentran entre las razones del aumento de la criminalidad al involucramiento activo o cómplice de la sociedad en el crimen organizado, particularmente en el narcotráfico.
Esta admonición es notable por un razón principal: pocas veces se culpa a la sociedad de ser la causante de los males que la aquejan. Por lo regular es el Estado, los grupos dominantes, los factores externos, la mala suerte o las crisis de las que “nadie” ha sido causa. A pesar de lo que pudiera pensarse, las afirmaciones no dependen solamente de quien vienen sino de si son ciertas o no.
El regaño generalizado va para todos. Según lo dicho, la corrupción y las actividades delincuenciales abarcan a gobierno, Ejército, empresarios, medios de comunicación, Iglesia y los sectores más diversos de la sociedad civil. ¿Es que el Estado sostiene una guerra contra la sociedad involucrada de la cual las bandas son solamente un epifenómeno? O mejor: ¿es que una pequeña fracción del Estado, en particular el círculo del titular del Poder Ejecutivo, mantiene un combate en contra de una delincuencia organizada cuyas raíces están en sectores decisivos de la sociedad y el propio poder político?
Siguiendo la reiterada declaración de la Secretaria de Estado de Estados Unidos, por su extensión y profundidad la delincuencia organizada ¿alcanza las dimensiones de una “insurgencia”? A diferencia de lo señalado por la Arquidiócesis, el juicio de Hillary Clinton estaría basado no en la naturaleza moral del involucramiento social en el crimen organizado, sino en sus dimensiones político militares, que le otorgarían estatus de rebelión organizada.
Hasta ahora el enfoque en el combate al narcotráfico e industrias asociadas ha estado centrado en atacar las operaciones de trasiego y control territorial del narco. Pero voces autorizadas han reclamado la falta de acciones en contra del lavado de dinero que se realiza a través de diversos medios económicos y que los servicios de inteligencia tendrían que detectar.
Es menester tomar en cuenta dos factores asociados que son de gran relevancia para entender el contexto sociopolítico en que se produce el fenómeno: la descomposición del sistema político en que se basó la hegemonía de un solo partido y la desintegración de muchas de las redes sociales y políticas sobre las que se asentaba su dominio.
Uno de los efectos más notorios del cambio político en México a raíz de la inserción de nuevas reglas que trajeron equidad y transparencia a los procesos electorales y, por consiguiente, alternancia en los gobiernos, ha sido la dispersión del poder del centro hacia la periferia. De la Federación y la Presidencia a las entidades federativas, y de la Presidencia a los Poderes Legislativo y Judicial.
Esta traslación del poder político rebasó con creces la capacidad de los órganos de control para la rendición de cuentas horizontal (entre instancias de gobierno) y vertical (entre la sociedad y el Estado). Es indicativo que sólo desde 2006 se cuente con una Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que fija responsabilidades a los tres órdenes de gobierno en materia hacendaria.
El retraso es de consecuencias. Si en el pasado la disciplina y la corrupción concomitante venía del centro y desde arriba, ahora no hay quien la imponga por la simple razón de que los instrumentos jurídicos y administrativos disponibles para la contraloría son insuficientes. Y esto viene de atrás; del sistema político que sólo se modificó a medias.
Y junto con esto viene atada la descomposición social. Importantes núcleos de la sociedad estaban habituados a vivir de formas del rentismo estatal, fuera por derrama a cambio de apoyo o por asociación cleptocrática: compadrismo en la asignación de obras y recursos gubernamentales que terminaban siendo apropiados privadamente.
Estos factores, evidentemente presentes en la dinámica socioeconómica aún hoy, ¿coadyuvan al florecimiento de actividades ilegales? Pregunta que habrá que contestar. Si a la sospecha de un respuesta positiva se agrega el desempleo, el cuadro bien puede ser el de una sociedad para el crimen.
Director de la FLACSO-México
La criminalidad organizada ha sido abordada desde muchos ángulos. Entre las razones de su origen, se han aducido las más diversas: la vecindad con el mercado de consumo de drogas más grande del mundo, la facilidad con que se venden (legalmente) e importan (ilegalmente) armas en la misma frontera, la falta de empleo para los jóvenes que son reclutados por el narco, la corrupción policial y de gobernantes diversos, la influencia de las bandas criminales en los territorios que se implantan, la violencia incrementada por el combate al narco, etc.
La semana antepasada la Arquidiócesis de México emitió un mensaje difundido a las comunidades católicas y al público en general. En este comunicado se hace una reconvención a muchos sectores y actores sociales y políticos. Casi sin exceptuar a ninguno, incluida la Iglesia Católica, los obispos encuentran entre las razones del aumento de la criminalidad al involucramiento activo o cómplice de la sociedad en el crimen organizado, particularmente en el narcotráfico.
Esta admonición es notable por un razón principal: pocas veces se culpa a la sociedad de ser la causante de los males que la aquejan. Por lo regular es el Estado, los grupos dominantes, los factores externos, la mala suerte o las crisis de las que “nadie” ha sido causa. A pesar de lo que pudiera pensarse, las afirmaciones no dependen solamente de quien vienen sino de si son ciertas o no.
El regaño generalizado va para todos. Según lo dicho, la corrupción y las actividades delincuenciales abarcan a gobierno, Ejército, empresarios, medios de comunicación, Iglesia y los sectores más diversos de la sociedad civil. ¿Es que el Estado sostiene una guerra contra la sociedad involucrada de la cual las bandas son solamente un epifenómeno? O mejor: ¿es que una pequeña fracción del Estado, en particular el círculo del titular del Poder Ejecutivo, mantiene un combate en contra de una delincuencia organizada cuyas raíces están en sectores decisivos de la sociedad y el propio poder político?
Siguiendo la reiterada declaración de la Secretaria de Estado de Estados Unidos, por su extensión y profundidad la delincuencia organizada ¿alcanza las dimensiones de una “insurgencia”? A diferencia de lo señalado por la Arquidiócesis, el juicio de Hillary Clinton estaría basado no en la naturaleza moral del involucramiento social en el crimen organizado, sino en sus dimensiones político militares, que le otorgarían estatus de rebelión organizada.
Hasta ahora el enfoque en el combate al narcotráfico e industrias asociadas ha estado centrado en atacar las operaciones de trasiego y control territorial del narco. Pero voces autorizadas han reclamado la falta de acciones en contra del lavado de dinero que se realiza a través de diversos medios económicos y que los servicios de inteligencia tendrían que detectar.
Es menester tomar en cuenta dos factores asociados que son de gran relevancia para entender el contexto sociopolítico en que se produce el fenómeno: la descomposición del sistema político en que se basó la hegemonía de un solo partido y la desintegración de muchas de las redes sociales y políticas sobre las que se asentaba su dominio.
Uno de los efectos más notorios del cambio político en México a raíz de la inserción de nuevas reglas que trajeron equidad y transparencia a los procesos electorales y, por consiguiente, alternancia en los gobiernos, ha sido la dispersión del poder del centro hacia la periferia. De la Federación y la Presidencia a las entidades federativas, y de la Presidencia a los Poderes Legislativo y Judicial.
Esta traslación del poder político rebasó con creces la capacidad de los órganos de control para la rendición de cuentas horizontal (entre instancias de gobierno) y vertical (entre la sociedad y el Estado). Es indicativo que sólo desde 2006 se cuente con una Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que fija responsabilidades a los tres órdenes de gobierno en materia hacendaria.
El retraso es de consecuencias. Si en el pasado la disciplina y la corrupción concomitante venía del centro y desde arriba, ahora no hay quien la imponga por la simple razón de que los instrumentos jurídicos y administrativos disponibles para la contraloría son insuficientes. Y esto viene de atrás; del sistema político que sólo se modificó a medias.
Y junto con esto viene atada la descomposición social. Importantes núcleos de la sociedad estaban habituados a vivir de formas del rentismo estatal, fuera por derrama a cambio de apoyo o por asociación cleptocrática: compadrismo en la asignación de obras y recursos gubernamentales que terminaban siendo apropiados privadamente.
Estos factores, evidentemente presentes en la dinámica socioeconómica aún hoy, ¿coadyuvan al florecimiento de actividades ilegales? Pregunta que habrá que contestar. Si a la sospecha de un respuesta positiva se agrega el desempleo, el cuadro bien puede ser el de una sociedad para el crimen.
Director de la FLACSO-México
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