Priscila Vera Hernández / El Universal
El país vive momentos de indignación por la suerte que han corrido más de dos centenas de jóvenes asesinados por las disputas del crimen organizado. Los reclamos contra el gobierno han arreciado porque se vinculan estos hechos con una reacción a la arrojada decisión de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La continuación de la violencia y su extensión a varias regiones del país ha colocado a la sociedad al borde la crispación y la incredulidad al grado de que en algunos sectores los criminales se han erigido en héroes y el gobierno queda como villano. Más allá de la indignación que los hechos provocan, es urgente pasar a acciones que permitan acompañar al combate contra el crimen en otros ámbitos que en verdad multipliquen las oportunidades de desarrollo de los jóvenes quienes se han convertido en principales víctimas de la brutal violencia desatada por las bandas cada vez que uno de sus capos cae en manos de la justicia o que uno de sus cargamentos es decomisado.
Con palabras no vamos a acabar con el crimen organizado que opera en el país. En el Imjuve hemos optado por actuar en varias vertientes: una ha sido la sensibilización de la sociedad y de los gobiernos en torno a la notable presencia demográfica de los jóvenes y la oportunidad que representa para impulsar el desarrollo si los dejamos de estigmatizar y los valoramos como actores estratégicos del desarrollo.
La recientemente celebrada Conferencia Mundial de la Juventud, celebrada en Guanajuato tuvo ese objetivo al inscribir por primera vez las demandas de los jóvenes en los debates sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio que adoptaron los gobiernos miembros de la ONU. Esa conferencia, por cierto, se inició con delegados de 109 gobiernos nacionales, más de 200 representantes de organizaciones de la sociedad civil y miles de jóvenes, dedicando un minuto de silencio a los jóvenes que en el mundo han caído como víctimas de la violencia.
Llamar la atención sobre las urgencias y tensiones que viven los jóvenes ha sido el objetivo propuesto en las campañas emprendidas a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud levantada en 2005 que reflejó una importante proclividad a la violencia en la juventud desde el hogar, en la escuela y en otros ambientes sociales.
Hemos puesto énfasis en la prevención de la violencia en el noviazgo por los alarmantes resultados que produjo otra encuesta que realizamos entre jóvenes en 2007, considerando que ahí están los primeros brotes que es urgente detener para evitar su explosión espiral.
En otra vertiente, hemos promovido reformas legales estructurales e institucionales. Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Imjuve que permitirán ampliar el campo de acción de una institución creada para encauzar la cultura juvenil y que ahora se propone, con herramientas mayores, convertirse en la entidad normativa de la política de juventud.
En los debates que realizan en estos días los diputados federales para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, está la demanda de ampliar los recursos federales asignados a los programas sociales diseñados a atender los problemas de exclusión y marginación de los jóvenes en el empleo, en la educación y la salud.
Con varias secretarías hemos trabajado para diseñar y rediseñar programas sociales que atiendan a la juventud vulnerable de incurrir en conductas de riesgo para evitar que más jóvenes migren, dejen la escuela, se vuelvan adictos, se embaracen, delincan, se incorporen al empleo informal o de plano se vuelvan primodelincuentes o se incorporen a las filas de los sicarios.
Otras propuestas que esperan la aprobación de los presupuestos están directamente vinculadas a la promoción masiva de empleos adecuados para los jóvenes. Confiamos en que este programa podrá operar en las ciudades donde los jóvenes están viviendo riesgos mayores.
En Juárez, sin duda el municipio más dañado por la guerra de las mafias, hemos acompañado a las instituciones del gobierno federal que actúan en temas de salud, educación, empleo y capacitación vinculando a los jóvenes y articulando sus demandas para ser atendidas.
Es claro que las medidas aisladas no resolverán los problemas de la violencia. Mientras haya mercado para el narcotráfico y otras actividades que realiza el crimen organizado la violencia continuará. Acciones integrales y cambios estructurales de fondo sí disminuirán la violencia.
Hoy como nunca México registra tantos jóvenes en su población. Cerca de 36 millones de personas tienen entre 12 y 29 años. Los jóvenes mexicanos alcanzan hoy los más altos índices de escolaridad de la historia, son sanos y, en su mayoría, nativos de las nuevas tecnologías que los hacen más aptos para el cambio. Ellos son la riqueza de este país. Tenemos que invertir para que aumenten su escolaridad y mejoren su educación, para crear más empleos dignos y con prestaciones sociales que les aseguren la buena salud. Estamos ocupados en esa tarea dentro del gobierno y en los sectores productivos.
Los jóvenes de hoy representan una oportunidad para el desarrollo de México y para concretar la aspiración de ser un país más justo y más democrático. No podemos desperdiciar este bono paralizados por el miedo o disputándonos la razón en discusiones estériles. El riesgo no es sólo que seamos un país más violento, sino una nación de viejos obesos, enfermos y sin pensiones para soportar la vejez.
Necesitamos lograr acuerdos que nos permitan invertir más en el desarrollo. Urgen las reformas estructurales. La economía tiene que crecer constantemente a un ritmo superior al 4.5%, como el que alcanzaremos este año, para asegurar una generación masiva de empleos para los jóvenes. La OIT calcula que se necesitarán 10 millones de empleos para la juventud mexicana en la siguiente década.
En el pasado muchas cosas se dejaron de hacer, los jóvenes no pueden esperar más. Ellos demandan la oportunidad de seguir estudiando, conseguir un empleo digno, oportunidades para seguir una vida sana, ejercer plenamente sus derechos individuales y sociales y formar una familia. Todos tenemos que asegurarles que esas puertas estén siempre abiertas para ellos.
Directora del Instituto Mexicano de la Juventud
El país vive momentos de indignación por la suerte que han corrido más de dos centenas de jóvenes asesinados por las disputas del crimen organizado. Los reclamos contra el gobierno han arreciado porque se vinculan estos hechos con una reacción a la arrojada decisión de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La continuación de la violencia y su extensión a varias regiones del país ha colocado a la sociedad al borde la crispación y la incredulidad al grado de que en algunos sectores los criminales se han erigido en héroes y el gobierno queda como villano. Más allá de la indignación que los hechos provocan, es urgente pasar a acciones que permitan acompañar al combate contra el crimen en otros ámbitos que en verdad multipliquen las oportunidades de desarrollo de los jóvenes quienes se han convertido en principales víctimas de la brutal violencia desatada por las bandas cada vez que uno de sus capos cae en manos de la justicia o que uno de sus cargamentos es decomisado.
Con palabras no vamos a acabar con el crimen organizado que opera en el país. En el Imjuve hemos optado por actuar en varias vertientes: una ha sido la sensibilización de la sociedad y de los gobiernos en torno a la notable presencia demográfica de los jóvenes y la oportunidad que representa para impulsar el desarrollo si los dejamos de estigmatizar y los valoramos como actores estratégicos del desarrollo.
La recientemente celebrada Conferencia Mundial de la Juventud, celebrada en Guanajuato tuvo ese objetivo al inscribir por primera vez las demandas de los jóvenes en los debates sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio que adoptaron los gobiernos miembros de la ONU. Esa conferencia, por cierto, se inició con delegados de 109 gobiernos nacionales, más de 200 representantes de organizaciones de la sociedad civil y miles de jóvenes, dedicando un minuto de silencio a los jóvenes que en el mundo han caído como víctimas de la violencia.
Llamar la atención sobre las urgencias y tensiones que viven los jóvenes ha sido el objetivo propuesto en las campañas emprendidas a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud levantada en 2005 que reflejó una importante proclividad a la violencia en la juventud desde el hogar, en la escuela y en otros ambientes sociales.
Hemos puesto énfasis en la prevención de la violencia en el noviazgo por los alarmantes resultados que produjo otra encuesta que realizamos entre jóvenes en 2007, considerando que ahí están los primeros brotes que es urgente detener para evitar su explosión espiral.
En otra vertiente, hemos promovido reformas legales estructurales e institucionales. Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Imjuve que permitirán ampliar el campo de acción de una institución creada para encauzar la cultura juvenil y que ahora se propone, con herramientas mayores, convertirse en la entidad normativa de la política de juventud.
En los debates que realizan en estos días los diputados federales para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, está la demanda de ampliar los recursos federales asignados a los programas sociales diseñados a atender los problemas de exclusión y marginación de los jóvenes en el empleo, en la educación y la salud.
Con varias secretarías hemos trabajado para diseñar y rediseñar programas sociales que atiendan a la juventud vulnerable de incurrir en conductas de riesgo para evitar que más jóvenes migren, dejen la escuela, se vuelvan adictos, se embaracen, delincan, se incorporen al empleo informal o de plano se vuelvan primodelincuentes o se incorporen a las filas de los sicarios.
Otras propuestas que esperan la aprobación de los presupuestos están directamente vinculadas a la promoción masiva de empleos adecuados para los jóvenes. Confiamos en que este programa podrá operar en las ciudades donde los jóvenes están viviendo riesgos mayores.
En Juárez, sin duda el municipio más dañado por la guerra de las mafias, hemos acompañado a las instituciones del gobierno federal que actúan en temas de salud, educación, empleo y capacitación vinculando a los jóvenes y articulando sus demandas para ser atendidas.
Es claro que las medidas aisladas no resolverán los problemas de la violencia. Mientras haya mercado para el narcotráfico y otras actividades que realiza el crimen organizado la violencia continuará. Acciones integrales y cambios estructurales de fondo sí disminuirán la violencia.
Hoy como nunca México registra tantos jóvenes en su población. Cerca de 36 millones de personas tienen entre 12 y 29 años. Los jóvenes mexicanos alcanzan hoy los más altos índices de escolaridad de la historia, son sanos y, en su mayoría, nativos de las nuevas tecnologías que los hacen más aptos para el cambio. Ellos son la riqueza de este país. Tenemos que invertir para que aumenten su escolaridad y mejoren su educación, para crear más empleos dignos y con prestaciones sociales que les aseguren la buena salud. Estamos ocupados en esa tarea dentro del gobierno y en los sectores productivos.
Los jóvenes de hoy representan una oportunidad para el desarrollo de México y para concretar la aspiración de ser un país más justo y más democrático. No podemos desperdiciar este bono paralizados por el miedo o disputándonos la razón en discusiones estériles. El riesgo no es sólo que seamos un país más violento, sino una nación de viejos obesos, enfermos y sin pensiones para soportar la vejez.
Necesitamos lograr acuerdos que nos permitan invertir más en el desarrollo. Urgen las reformas estructurales. La economía tiene que crecer constantemente a un ritmo superior al 4.5%, como el que alcanzaremos este año, para asegurar una generación masiva de empleos para los jóvenes. La OIT calcula que se necesitarán 10 millones de empleos para la juventud mexicana en la siguiente década.
En el pasado muchas cosas se dejaron de hacer, los jóvenes no pueden esperar más. Ellos demandan la oportunidad de seguir estudiando, conseguir un empleo digno, oportunidades para seguir una vida sana, ejercer plenamente sus derechos individuales y sociales y formar una familia. Todos tenemos que asegurarles que esas puertas estén siempre abiertas para ellos.
Directora del Instituto Mexicano de la Juventud
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