Mauricio Merino / El Universal
De modo sistemático y como si todavía no hubiera pasado nada, sigo leyendo notas y exhortos que convocan a la Cámara de Diputados a producir una designación razonable de los tres siguientes consejeros electorales del IFE. Como si los diputados no hubieran quebrantado ya los plazos establecidos por la Constitución, como si no hubieran incumplido ya la promesa de establecer y publicar los criterios, los métodos y las calificaciones que habrían de darles a las y los candidatos a ocupar esos puestos; como si no supiéramos ya que la única razón que hubo para aplazar la tarea que debieron concluir la semana pasada es que volvieron a negociar cuotas y vetos. Así y todo, les estamos suplicando que por favor no hagan lo que ya hicieron.
O quizás, más bien les estamos pidiendo que no lo hagan aún peor. Ya que fuimos testigos de la falta de método y de rigor profesional para seleccionar a los 17 finalistas de esta contienda, que no se basó más que en las simpatías y los apoyos que cada uno de ellos logró concitar entre los integrantes de la Comisión de Gobernación de la Cámara, y ya que la televisión transmitió en vivo la ausencia total de criterios para fijar esa cantidad por razones ajenas a la confianza y la cercanía política de los enlistados con alguna de las fracciones parlamentarias, ahora nos alarma que el resultado no sea sino el producto directo de todos esos despropósitos ya cometidos.
Con todo, las razones que hoy podríamos tener para albergar un hálito de esperanza no son distintas de las que tienen los propios dirigentes de los partidos políticos para confiar en que los designados serán sus fieles representantes: ante la falta de método y de criterios comunes, no queda más que la biografía de los candidatos, sus aportaciones y sus relaciones más evidentes. En esa lista final yo tengo mis propias querencias (como las tuve también entre quienes quedaron fuera), y puedo argüir que me consta que varios de ellos tienen mejores credenciales democráticas que los otros. Pero la trampa consiste, precisamente, en que, sin más argumento que la cercanía y la amistad con algún partido político, alguien podría sostener que ya es indiferente nombrar a cualquiera de los 17 seleccionados, una vez que la Comisión de Gobernación los propuso con el voto unánime de sus integrantes.
Sin embargo, de consolidarse esa tesis corremos un doble riesgo: el más grave es que el PRI porfíe —como lo ha reportado la prensa sistemáticamente— en arrogarse el derecho de seleccionar dos y dejar uno para que el PAN lo designe o lo negocie con sus aliados del PRD. De ser así, será prácticamente imposible designar consejeros por consenso político y el escenario horrible del 2003/2006 podría repetirse. Y el segundo es que, ante la falta de compromiso con las trayectorias profesionales de los finalistas, se reparta un consejero fiel por cada partido mayor y que cada quien se atenga a las consecuencias. Aunque quizás todavía cabe anotar un tercer riesgo: que, ya que los diputados viven impunes, decidan simplemente aplazar las designaciones hasta nuevo aviso. Si ya lo hicieron en 2007, ¿qué les impediría hacerlo de nuevo?
Como sea, a estas alturas ya nada nos salvará de las designaciones hechas a modo de los partidos políticos. Y ya nadie se engañará sobre la forma en que se procesaron los nombramientos. En cambio, lo que algunos ciudadanos conscientes y comprometidos de veras con la vida pública del país están pidiendo tenazmente es que, a pesar de todo, los diputados hagan un último esfuerzo por elegir los perfiles profesionales más autónomos y mejor preparados de esa lista que ellos mismos fijaron, y que lo hagan con el consenso de todas las fuerzas políticas. Un toque de pundonor, por lo menos, ya que pasaron por encima de todas las consideraciones sensatas que se han hecho hasta ahora.
Después de todo, la mayoría de los integrantes del Consejo General del IFE ya está trabajando y seguirá haciéndolo, vaya quien vaya a ocupar los lugares vacantes. Ese grupo ya consiguió resultados plausibles en los comicios del 2009 y podría restaurar la confianza en la institución hacia el 2012 si nadie los pierde de vista, si somos capaces de aumentar la vigilancia y la presión de los ciudadanos y de los medios sobre su conducta imparcial, y si elevamos entre todos los costos que tendrían que pagar en caso de caer en la tentación de favorecer a sus promotores. Así que los diputados deberían relajarse y actuar con mayor responsabilidad: la casa ya es suya. Por favor, no la tiren.
Profesor investigador del CIDE
De modo sistemático y como si todavía no hubiera pasado nada, sigo leyendo notas y exhortos que convocan a la Cámara de Diputados a producir una designación razonable de los tres siguientes consejeros electorales del IFE. Como si los diputados no hubieran quebrantado ya los plazos establecidos por la Constitución, como si no hubieran incumplido ya la promesa de establecer y publicar los criterios, los métodos y las calificaciones que habrían de darles a las y los candidatos a ocupar esos puestos; como si no supiéramos ya que la única razón que hubo para aplazar la tarea que debieron concluir la semana pasada es que volvieron a negociar cuotas y vetos. Así y todo, les estamos suplicando que por favor no hagan lo que ya hicieron.
O quizás, más bien les estamos pidiendo que no lo hagan aún peor. Ya que fuimos testigos de la falta de método y de rigor profesional para seleccionar a los 17 finalistas de esta contienda, que no se basó más que en las simpatías y los apoyos que cada uno de ellos logró concitar entre los integrantes de la Comisión de Gobernación de la Cámara, y ya que la televisión transmitió en vivo la ausencia total de criterios para fijar esa cantidad por razones ajenas a la confianza y la cercanía política de los enlistados con alguna de las fracciones parlamentarias, ahora nos alarma que el resultado no sea sino el producto directo de todos esos despropósitos ya cometidos.
Con todo, las razones que hoy podríamos tener para albergar un hálito de esperanza no son distintas de las que tienen los propios dirigentes de los partidos políticos para confiar en que los designados serán sus fieles representantes: ante la falta de método y de criterios comunes, no queda más que la biografía de los candidatos, sus aportaciones y sus relaciones más evidentes. En esa lista final yo tengo mis propias querencias (como las tuve también entre quienes quedaron fuera), y puedo argüir que me consta que varios de ellos tienen mejores credenciales democráticas que los otros. Pero la trampa consiste, precisamente, en que, sin más argumento que la cercanía y la amistad con algún partido político, alguien podría sostener que ya es indiferente nombrar a cualquiera de los 17 seleccionados, una vez que la Comisión de Gobernación los propuso con el voto unánime de sus integrantes.
Sin embargo, de consolidarse esa tesis corremos un doble riesgo: el más grave es que el PRI porfíe —como lo ha reportado la prensa sistemáticamente— en arrogarse el derecho de seleccionar dos y dejar uno para que el PAN lo designe o lo negocie con sus aliados del PRD. De ser así, será prácticamente imposible designar consejeros por consenso político y el escenario horrible del 2003/2006 podría repetirse. Y el segundo es que, ante la falta de compromiso con las trayectorias profesionales de los finalistas, se reparta un consejero fiel por cada partido mayor y que cada quien se atenga a las consecuencias. Aunque quizás todavía cabe anotar un tercer riesgo: que, ya que los diputados viven impunes, decidan simplemente aplazar las designaciones hasta nuevo aviso. Si ya lo hicieron en 2007, ¿qué les impediría hacerlo de nuevo?
Como sea, a estas alturas ya nada nos salvará de las designaciones hechas a modo de los partidos políticos. Y ya nadie se engañará sobre la forma en que se procesaron los nombramientos. En cambio, lo que algunos ciudadanos conscientes y comprometidos de veras con la vida pública del país están pidiendo tenazmente es que, a pesar de todo, los diputados hagan un último esfuerzo por elegir los perfiles profesionales más autónomos y mejor preparados de esa lista que ellos mismos fijaron, y que lo hagan con el consenso de todas las fuerzas políticas. Un toque de pundonor, por lo menos, ya que pasaron por encima de todas las consideraciones sensatas que se han hecho hasta ahora.
Después de todo, la mayoría de los integrantes del Consejo General del IFE ya está trabajando y seguirá haciéndolo, vaya quien vaya a ocupar los lugares vacantes. Ese grupo ya consiguió resultados plausibles en los comicios del 2009 y podría restaurar la confianza en la institución hacia el 2012 si nadie los pierde de vista, si somos capaces de aumentar la vigilancia y la presión de los ciudadanos y de los medios sobre su conducta imparcial, y si elevamos entre todos los costos que tendrían que pagar en caso de caer en la tentación de favorecer a sus promotores. Así que los diputados deberían relajarse y actuar con mayor responsabilidad: la casa ya es suya. Por favor, no la tiren.
Profesor investigador del CIDE
No hay comentarios:
Publicar un comentario