Francisco Suárez Dávila / El Universal
Un primer consenso indispensable para la sociedad mexicana es siguiendo la frase de un gran economista, asumir “la voluntad nacional para crecer”. Esto debe significar un aumento mínimo del 6% anual de nuestra economía, permitiendo lo que es un objetivo igualmente importante: generar más de un millón de empleos para absorber a los jóvenes que ingresan a la fuerza de trabajo, e ir paulatinamente reduciendo el rezago de desempleados.
Este imperativo se deriva de que México no crece en forma sostenida y dinámica desde 1981. La última década es desastrosa. Crecimos 1.5% anual, lo cual nos ubica en el lugar 150º de 180 países; en AL ya sólo le ganamos a pequeñas islas caribeñas. En la crisis de 2009, nuestro -6.5% fue una de las caídas económicas mayores, y ahora, una de las recuperaciones más débiles. Ya no podemos consolarnos de que tenemos una inflación muy baja y uno de los menores déficits fiscales. ¡La política económica mexicana de los últimos años simplemente ha sido un fracaso y es una causa de nuestro rezago!
Por ello, se necesita reorientar la estrategia de desarrollo y conformar un gran consenso entre Estado, empresa y sindicatos, comprometidos con la prioridad de crecer, subordinando todas las acciones a este objetivo fundamental. Ello refuerza, y se refuerza con una reducción de la pobreza y la desigualdad, que permite ampliar el mercado interno y debe ser acompañado con una “revolución educativa”.
El Presupuesto Federal del Centenario, recién aprobado, se dirá que “es el más grande de la historia”. Pero no pasa ninguna de las pruebas mencionadas. ¡No estimula el crecimiento, prevé que se reduce para 2011! Tampoco es contracíclico, reproduce la caída de la economía americana. No estimula en forma significativa la inversión, sino el gasto corriente; mantiene decenas de programas clientelares, asistenciales y regresivos, que no corrigen de fondo la pobreza, ni redistribuyen el ingreso.
Como un instrumento fundamental para romper la parálisis y detonar un crecimiento de largo plazo, se requiere un Gran Plan Nacional de Infraestructura que funcione, no como el actual que tiene subejercicios del 40%. La meta debe ser duplicar la inversión a más de 8% del PIB, a lograrse en varios años a través de programas con vertientes nacionales, regionales y urbanas, con grandes proyectos detonadores e impulso a polos de desarrollo y “clusters” industriales. Con imaginación, el menú de posibilidades es amplio: un necesario Plan de Desarrollo Fronterizo, otro para el sur-sureste, grandes carreteras, puertos y aeropuertos, apertura razonada en energía y telecomunicaciones, ferrocarriles de pasajeros de alta velocidad, centros tecnológicos, polos turísticos, revivir la planeación urbana con transporte y zonas verdes. ¡Pensar en grande!
Pero la capacidad del Estado para invertir, está desmantelada, como lo demuestra el crónico subejercicio del gasto y la incapacidad para concluir aún los proyectos del Bicentenario. Para gastar eficazmente, se requiere “reconstruir la infraestructura para la infraestructura”: un programa integral de largo plazo para formar ingenieros y técnicos, evaluadores y ejecutores de proyectos en las principales Entidades. Eliminar los obstáculos paralizadores de “los controladores”, como la Secretaría de la “Disfunción Pública”. Esta actividad debe realizarse impulsando proyectos compartidos con empresas privadas mexicanas. Posiblemente sería útil una Comisión Ejecutiva de Inversiones en la Presidencia de la República, que articule los esfuerzos.
Una restricción es el financiamiento. Ello requiere “reinventar” la Banca de Desarrollo, no para garantizar créditos de bancos comerciales que no prestan, sino como “Actores” que coadyuven a diseñar e instrumentar nuevas políticas industriales y regionales, generando programas y proyectos, financiando a empresas mexicanas para que compitan, y convirtiéndolas en los principales proveedores. Las Afores deben participar en este esfuerzo financiador. Este Plan debe estar vinculado con un Programa específico de Empleo, actuando particularmente en zonas económicas rezagadas y para jóvenes.
EL Programa de Aceleración de Crecimiento de Lula es exactamente esto: un gigantesco programa de infraestructura de US$500,000 millones. El BNDES —su NAFIN— apoya su instrumentación y da más crédito que toda la Banca mexicana. Esto, junto con el gran programa social —La Bolsa Familias—, son elementos fundamentales para que Brasil crezca este año 7% y haya aumentado la clase media en 20 millones.
¡Sí se puede! Con liderazgo, visión, pragmatismo, continuidad, pocos objetivos y esfuerzos sociales concentrados.
Catedrático de la Ibero
Un primer consenso indispensable para la sociedad mexicana es siguiendo la frase de un gran economista, asumir “la voluntad nacional para crecer”. Esto debe significar un aumento mínimo del 6% anual de nuestra economía, permitiendo lo que es un objetivo igualmente importante: generar más de un millón de empleos para absorber a los jóvenes que ingresan a la fuerza de trabajo, e ir paulatinamente reduciendo el rezago de desempleados.
Este imperativo se deriva de que México no crece en forma sostenida y dinámica desde 1981. La última década es desastrosa. Crecimos 1.5% anual, lo cual nos ubica en el lugar 150º de 180 países; en AL ya sólo le ganamos a pequeñas islas caribeñas. En la crisis de 2009, nuestro -6.5% fue una de las caídas económicas mayores, y ahora, una de las recuperaciones más débiles. Ya no podemos consolarnos de que tenemos una inflación muy baja y uno de los menores déficits fiscales. ¡La política económica mexicana de los últimos años simplemente ha sido un fracaso y es una causa de nuestro rezago!
Por ello, se necesita reorientar la estrategia de desarrollo y conformar un gran consenso entre Estado, empresa y sindicatos, comprometidos con la prioridad de crecer, subordinando todas las acciones a este objetivo fundamental. Ello refuerza, y se refuerza con una reducción de la pobreza y la desigualdad, que permite ampliar el mercado interno y debe ser acompañado con una “revolución educativa”.
El Presupuesto Federal del Centenario, recién aprobado, se dirá que “es el más grande de la historia”. Pero no pasa ninguna de las pruebas mencionadas. ¡No estimula el crecimiento, prevé que se reduce para 2011! Tampoco es contracíclico, reproduce la caída de la economía americana. No estimula en forma significativa la inversión, sino el gasto corriente; mantiene decenas de programas clientelares, asistenciales y regresivos, que no corrigen de fondo la pobreza, ni redistribuyen el ingreso.
Como un instrumento fundamental para romper la parálisis y detonar un crecimiento de largo plazo, se requiere un Gran Plan Nacional de Infraestructura que funcione, no como el actual que tiene subejercicios del 40%. La meta debe ser duplicar la inversión a más de 8% del PIB, a lograrse en varios años a través de programas con vertientes nacionales, regionales y urbanas, con grandes proyectos detonadores e impulso a polos de desarrollo y “clusters” industriales. Con imaginación, el menú de posibilidades es amplio: un necesario Plan de Desarrollo Fronterizo, otro para el sur-sureste, grandes carreteras, puertos y aeropuertos, apertura razonada en energía y telecomunicaciones, ferrocarriles de pasajeros de alta velocidad, centros tecnológicos, polos turísticos, revivir la planeación urbana con transporte y zonas verdes. ¡Pensar en grande!
Pero la capacidad del Estado para invertir, está desmantelada, como lo demuestra el crónico subejercicio del gasto y la incapacidad para concluir aún los proyectos del Bicentenario. Para gastar eficazmente, se requiere “reconstruir la infraestructura para la infraestructura”: un programa integral de largo plazo para formar ingenieros y técnicos, evaluadores y ejecutores de proyectos en las principales Entidades. Eliminar los obstáculos paralizadores de “los controladores”, como la Secretaría de la “Disfunción Pública”. Esta actividad debe realizarse impulsando proyectos compartidos con empresas privadas mexicanas. Posiblemente sería útil una Comisión Ejecutiva de Inversiones en la Presidencia de la República, que articule los esfuerzos.
Una restricción es el financiamiento. Ello requiere “reinventar” la Banca de Desarrollo, no para garantizar créditos de bancos comerciales que no prestan, sino como “Actores” que coadyuven a diseñar e instrumentar nuevas políticas industriales y regionales, generando programas y proyectos, financiando a empresas mexicanas para que compitan, y convirtiéndolas en los principales proveedores. Las Afores deben participar en este esfuerzo financiador. Este Plan debe estar vinculado con un Programa específico de Empleo, actuando particularmente en zonas económicas rezagadas y para jóvenes.
EL Programa de Aceleración de Crecimiento de Lula es exactamente esto: un gigantesco programa de infraestructura de US$500,000 millones. El BNDES —su NAFIN— apoya su instrumentación y da más crédito que toda la Banca mexicana. Esto, junto con el gran programa social —La Bolsa Familias—, son elementos fundamentales para que Brasil crezca este año 7% y haya aumentado la clase media en 20 millones.
¡Sí se puede! Con liderazgo, visión, pragmatismo, continuidad, pocos objetivos y esfuerzos sociales concentrados.
Catedrático de la Ibero
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