Rectores señalan que además de graves problemas por la falta de recursos económicos para pagar pensiones y jubilaciones, que se han recrudecido en la última década, y de las tensas relaciones con gobernadores, se suma el tema de la violencia
Nurit Martínez / El Universal
Las universidades públicas en México enfrentan problemas “políticamente explosivos” que las tienen al “límite”, convertidas en “verdaderas bombas de tiempo”, debido a que en la última década se incrementó la presión financiera para enfrentar, entre otros, el pago de pensiones y jubilaciones o la renovación y reconocimiento de profesores en activo, y también porque prevalece el “grave rezago” de dar oportunidades educativas a los jóvenes —a pesar de la expansión—, y por las “tensas relaciones” que mantienen algunos rectores con los gobernadores.
A estos temas se le suma una “señal preocupante” de jóvenes “que tienden a movilizarse cuando hay focos de conflicto que no pueden ser resueltos en los marcos institucionales”, como lo es la agenda emergente de la inseguridad, de la violencia, del crimen organizado y de la guerra legítima o no que ha propiciado el propio Estado para enfrentar al narcotráfico, advierten rectores de universidades públicas e investigadores especialistas en el sistema universitario.
Consultados por la situación que vive el sistema universitario, los rectores de Guadalajara, Guerrero, Oaxaca, Ciudad Juárez, Morelos y Zacatecas así como investigadores advierten que los problemas diferenciados entre las instituciones, focalizados en otros, pueden convertirlos en un “coctel de distintos componentes que sería explosivo, porque a las autoridades piden seguridad y reciben incomprensión”, en otros casos, demandaron recursos y les dieron “parches”, por lo que “urge replantear la relación con el Estado”.
La crisis financiera
El estudio solicitado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para conocer las condiciones financieras de las universidades respecto al tema de jubilaciones y pensiones reveló que 21 de 33 de ellas se encuentran en situación “insostenible”, “crítica y muy crítica”.
Pagar pensiones y prestaciones para los trabajadores de las 33 universidades en 2008 costaba 254.3 mil millones de pesos, equivalente a 1.3 % del Producto Interno Bruto (PIB). Esos compromisos representaban dos veces el presupuesto que en ese año recibiría el sistema universitario.
Pero la situación es un asunto estructural y ha generado un pasivo, un déficit, de 449.5 millones de pesos, a pesar de las reformas realizadas para modificar los contratos colectivos de trabajo, y pese a que la SEP destinó más de 7 mil millones de pesos entre 2002 y 2009.
En la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la que encabeza la lista en esta crisis de “desfinanciamiento” —como señala el documento de evaluación solicitado por la SEP—, esta condición deficitaria llevó a la institución a pagar al ISSSTE con edificios.
Los rectores de la década negociaron la entrega de la Escuela de Medicina, del Centro de Idiomas, la Rectoría y la Secretaría Académica al ISSSTE por no contar con los recursos para cubrir el pago de pensiones, jubilaciones, de servicios médicos de los trabajadores en activo y apoyos de vivienda. Pero también acumuló pasivos de más de 318 millones de pesos ante su incumplimiento en el pago de las obligaciones fiscales con Hacienda.
A pesar de que se realizaron acciones para reducir los pasivos de jubilaciones, se buscaron condonaciones fiscales, se impuso un impuesto a los zacatecanos para rescatar a la institución y junto con el gobierno estatal y la SEP crearon un proyecto para sustituir las instalaciones (en 20 años) entregadas, así como enfrentar el crecimiento de la matrícula, el rector advierte que entre lo autorizado y lo ejercido “origina un déficit que cada año presiona a las finanzas de la institución y genera incertidumbre en el personal por el pago de prestaciones contractuales para el fin del año”.
Asencio Villegas Arrizón, rector de la Universidad de Guerrero, afirma que mientras existen universidades que están solicitando recursos al Congreso de la Unión para seguir creciendo hay otras, como la que él encabeza, que “estamos pidiendo que nos den los recursos necesarios para subsanar el déficit financiero de muchos años, mientras unos ven al futuro, nosotros estamos buscando resolver el pasado”.
En la Universidad de Guerrero, que está también entre esa lista de instituciones en situación “insostenible”, “el presupuesto sólo alcanza para pagar 60% de sus obligaciones” actuales. El subsidio que recibe la institución es de 995 millones de pesos, pero no alcanza para cubrir el pago de nómina que asciende a mil 200 millones de pesos al año.
Los pasivos acumulados por pensiones y jubilaciones, así como el pago de impuesto que se dejó de reportar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), una cantidad por arriba de los mil millones de pesos; además se tiene un faltante de 333 millones de pesos porque, ante el crecimiento de la matrícula de la última década la SEP y la SHCP no han reconocido las plazas generadas para profesores.
A más de un mes para el cierre del año, el rector dice tener otro déficit de 39 millones de pesos para pagar prestaciones y salarios de los trabajadores, por lo que iniciará las gestiones para obtener esos recursos. “Nos hace falta ese recurso, aún y cuando sé que he tenido que desviar recursos del pago de Hacienda para cubrir otras necesidades”, admite.
“En la Universidad de Guerrero ya llegamos al límite, hemos seguido las políticas federales para incrementar la calidad, la cobertura, ser eficientes y transparentes en el ejercicio de los recursos, pero no es suficiente para resarcir lo ocurrido en el pasado”, refiere.
El rector Villegas Arrizón asegura que son los estudiantes los que han empezado a pagar estecosto. “Nos están obligando a privatizar la universidad, aunque no existe una norma que permite que las unidades académicas hagan cobros adicionales al pago de inscripción, la de Ciencias Políticas cobra hasta 6 mil pesos por alumno para que se siga dando el servicio. Estamos convirtiendo a las instituciones en élites y eso nos puede llevar a que estallen otros problemas”.
Las fragilidades
Una situación similar vive la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El rector Rafael Torres Valdés plantea que es la institución que recibe el más bajo presupuesto por alumno en México, con tan sólo 6 mil pesos. Pero del total del presupuesto más de 90% se destina al pago de salarios, jubilaciones y prestaciones, y aunque en la última década la institución buscó mejorar su forma de gobierno, acabar con la corrupción y venta de espacios para los jóvenes e incrementar la calidad de sus servicios, la institución vive en constantes limitaciones y eso se refleja al recibir sólo a uno de cada tres oaxaqueños.
Manuel Gil Antón, investigador de El Colegio de México, asegura que “si a la fragilidad financiera por el tema de pensiones y jubilaciones, a la falta de reconocimiento de las plantillas de profesores que fueron contratados para atender la expansión de la matrícula se le agrega que desde hace 20 años los ingresos son inestables, tenemos instituciones que están en la cuerda floja”.
Agrega que como resultado de las negociaciones que en el pasado realizaron los rectores con los sindicatos para salvar huelgas, por asuntos clientelares o fortalecer sus propias carreras políticas, hoy un número importante de instituciones tienen comprometida su viabilidad, porque además “se sumó la insensibilidad de las secretarías de Hacienda y Educación” que crearon fondos extraordinarios que “no han resuelto el problema, solo mantienen en fragilidad al sistema”, dice.
Frente a estas presiones, “es urgente que haya una reestructuración en la relación del Estado con sus universidades”.
Gil Antón refiere que “en lugar de reformularse el sistema, lo que se hizo desde finales de la década de los 90, fue llenarlo de parches, de soluciones parciales con el afán de cumplir con metas mediocres, en donde incluso puede haber manipulación de cifras”.
Adrián Acosta, investigador de la Universidad de Guadalajara, galardonado con el premio Andrés Bello por su trabajo Príncipes, Burócratas y Gerentes, afirma que el esquema de financiamiento que se ensayó a finales de los años 90 y que se consolidó en la primera década del presente siglo provocó que las instituciones tuvieran un presupuesto mínimo, que en ocasiones se planteó en reducción; mientras que los 18 fondos extraordinarios generados para compensar rezagos y tratar de atender los déficit, sólo provocaron que las que estaban atrasadas no lograran remontar los enormes rezagos que tenían.
En ésta década, agrega, los rectores se convirtieron en grandes gestores y gerentes de la instituciones debido a que por un lado el gobierno federal presentó siempre un presupuesto menor al que garantizó la operación de las instituciones.
Por ello el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, dijo hace unos meses que entre 2001- 2010, la Cámara de Diputados tuvo que resarcir más de 41 mil millones de pesos adicionales al presupuesto de la institución.
Tensiones políticas
Pero esa nueva forma de negociación con el presupuesto, al incorporar a legisladores y gobernadores, ha provocado “escenarios de tensión” con los rectores, advierte Roberto Rodríguez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El rector de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado, acusa al gobierno estatal de llevar a la institución “al límite con su actitud de hostigamiento” y negarse a entregar los 701 millones de pesos que la institución concurso y negoció ante la Secretaría de Educación Pública.
La falta de esos recursos, señala, está a punto de “desestabilizar” a la universidad y provocar un déficit de 600 millones de pesos para cubrir el pago de pensiones y jubilaciones, en tanto que la nómina también se vería afectada al cierre del año. A través del Consejo General Universitario, también se acusó que el gobierno federal disminuyó en los últimos lustros la proporción de sus aportaciones de 52% a 44 % del total del subsidio ordinario.
Esta situación que ha llevado a los jóvenes, académicos e investigadores a realizar 35 marchas en aquella entidad tiene como pago “una bofetada a la institución que ha respondido a las demandas por mejorar la calidad y la atención a los jóvenes”, dice el rector Cortés Guardado.
Además califica a ésta como una situación “social de riesgo” porque los 30 mil jóvenes que solicitaron su ingreso “pueden ver frustrados sus aspiraciones educativas”.
Señala que el problema que enfrentan hoy las universidades públicas es consecuencia de la visión de las últimas dos décadas y hace un llamado a que el Estado le apueste a invertir en “donde está la presión más fuerte, a la educación superior, a los jóvenes” por las condiciones demográficas.
Indica que el sistema universitario está bajo una “presión que está creciendo” y que en conjunto “se tienen que tomar las medidas para evitar la manifestación social, la inconformidad y los ánimos desbordados”.
La misma “tensión” la viven las universidades en Morelos, en Durango y Baja California Sur por la difícil relación que tienen con los gobiernos locales.
Mientras en Morelos se está solicitando la entrega de 103 millones de pesos que adeuda el gobierno estatal al presupuesto ordinario y para construcción de infraestructura, y advierte que su situación deficitaria es de 107 millones de pesos, lo cual complicará el cierre de pagos para este año; las universidades de Durango y Baja California Sur, enfrentaron la intervención de los gobernadores para destituir a los rectores electos por los universitarios.
La violencia tema emergente
Aunque en su conjunto los rectores reconocieron el respaldo desde la SEP para ampliar la cobertura de educación superior, en poco más de un millón en la década; y se han creado 75 nuevas universidades, todos coincidieron en la insuficiencia de lo alcanzado.
Alejandro Márquez, investigador de la dirección general de Evaluación Institucional de la máxima casas de estudios, “se necesita un plan de rescate.
Tenemos que encontrar con urgencia una salida a los líos económicos, políticos y financieros” de las universidades. Aunque el investigador considera que se trata de “problemas focalizados”, “situaciones críticas” y en otros “coyunturales”, se tiene que “encontrar una salida viable a todos ellos”, puesto que de lo contrario prevalecerá el “síndrome del quemado, es decir, se continuará con un sistema universitario sin energía y con desgano”.
Adrián Acosta, quien recibió el Premio ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) en 2009 por sus estudios sobre las condiciones de gobierno de las universidades públicas, asegura que a los tres temas de financiamiento que son “políticamente explosivos, que se recrudecieron ésta década y hace que tengamos universidades con enormes rezagos, verdaderas bombas de tiempo”, ahora se suma ahora el tema de la violencia que “está generando un entorno muy ominoso, particularmente la de Ciudad Juárez”, Chihuahua.
Como caja de resonancia de lo que ocurre en la sociedad, las universidades públicas pueden contagiarse de esa situación “si el Estado no ayuda a generar este clima de seguridad y confianza que hoy es indispensable no sólo para el desarrollo de actividades económicas sino educativas y culturales”, advierte Adrián Acosta.
Desde hace seis meses, en Ciudad Juárez, Chihuahua, los universitarios se sienten “agraviados” por la violencia que cobró hasta ahora la vida de 14 alumnos —incluido el de semana pasada cuando se realizaba una marcha en protesta por la inseguridad— y tres de maestros, además de los que han resultado heridos en diferentes hechos sin que haya “un avance o información que nos permita suponer que se resolverán”, afirma el rector Javier Sánchez Carlos.
Si bien señala que la universidad ha realizado las reformas estructurales que hoy garantizan la viabilidad financiera en el largo plazo (2031) sobre el tema de pensiones y jubilaciones, en los últimos años se han tenido que generar —venta de investigación, asesorías o cuotas a estudiantes— 15 millones de pesos por año para redoblar la seguridad de los planteles y de los propios universitarios.
“Considero que el gobierno federal debe aumentar su atención al sistema social del país”, destaca, para generar, en el caso de la educación superior, las oportunidades de desarrollo para los jóvenes. En el último año, cita Sánchez Carlos, la institución sólo pudo dar un lugar a seis de cada 10 jóvenes que solicitaron un lugar dentro de las licenciaturas.
Pero es la inseguridad lo que ha provocado que en esa institución esté latente un problema mayor ya que el rector de la Univesidad Autónoma de Ciudad Juárez, afirma que “si no se logra en el mediano plazo abrir más oportunidades educativas, los problemas sociales se agudizarán. Debemos darles mayores oportunidades a los jóvenes, no sólo en el plano educativo, sino también en el social”, enfatiza.
Nurit Martínez / El Universal
Las universidades públicas en México enfrentan problemas “políticamente explosivos” que las tienen al “límite”, convertidas en “verdaderas bombas de tiempo”, debido a que en la última década se incrementó la presión financiera para enfrentar, entre otros, el pago de pensiones y jubilaciones o la renovación y reconocimiento de profesores en activo, y también porque prevalece el “grave rezago” de dar oportunidades educativas a los jóvenes —a pesar de la expansión—, y por las “tensas relaciones” que mantienen algunos rectores con los gobernadores.
A estos temas se le suma una “señal preocupante” de jóvenes “que tienden a movilizarse cuando hay focos de conflicto que no pueden ser resueltos en los marcos institucionales”, como lo es la agenda emergente de la inseguridad, de la violencia, del crimen organizado y de la guerra legítima o no que ha propiciado el propio Estado para enfrentar al narcotráfico, advierten rectores de universidades públicas e investigadores especialistas en el sistema universitario.
Consultados por la situación que vive el sistema universitario, los rectores de Guadalajara, Guerrero, Oaxaca, Ciudad Juárez, Morelos y Zacatecas así como investigadores advierten que los problemas diferenciados entre las instituciones, focalizados en otros, pueden convertirlos en un “coctel de distintos componentes que sería explosivo, porque a las autoridades piden seguridad y reciben incomprensión”, en otros casos, demandaron recursos y les dieron “parches”, por lo que “urge replantear la relación con el Estado”.
La crisis financiera
El estudio solicitado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para conocer las condiciones financieras de las universidades respecto al tema de jubilaciones y pensiones reveló que 21 de 33 de ellas se encuentran en situación “insostenible”, “crítica y muy crítica”.
Pagar pensiones y prestaciones para los trabajadores de las 33 universidades en 2008 costaba 254.3 mil millones de pesos, equivalente a 1.3 % del Producto Interno Bruto (PIB). Esos compromisos representaban dos veces el presupuesto que en ese año recibiría el sistema universitario.
Pero la situación es un asunto estructural y ha generado un pasivo, un déficit, de 449.5 millones de pesos, a pesar de las reformas realizadas para modificar los contratos colectivos de trabajo, y pese a que la SEP destinó más de 7 mil millones de pesos entre 2002 y 2009.
En la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la que encabeza la lista en esta crisis de “desfinanciamiento” —como señala el documento de evaluación solicitado por la SEP—, esta condición deficitaria llevó a la institución a pagar al ISSSTE con edificios.
Los rectores de la década negociaron la entrega de la Escuela de Medicina, del Centro de Idiomas, la Rectoría y la Secretaría Académica al ISSSTE por no contar con los recursos para cubrir el pago de pensiones, jubilaciones, de servicios médicos de los trabajadores en activo y apoyos de vivienda. Pero también acumuló pasivos de más de 318 millones de pesos ante su incumplimiento en el pago de las obligaciones fiscales con Hacienda.
A pesar de que se realizaron acciones para reducir los pasivos de jubilaciones, se buscaron condonaciones fiscales, se impuso un impuesto a los zacatecanos para rescatar a la institución y junto con el gobierno estatal y la SEP crearon un proyecto para sustituir las instalaciones (en 20 años) entregadas, así como enfrentar el crecimiento de la matrícula, el rector advierte que entre lo autorizado y lo ejercido “origina un déficit que cada año presiona a las finanzas de la institución y genera incertidumbre en el personal por el pago de prestaciones contractuales para el fin del año”.
Asencio Villegas Arrizón, rector de la Universidad de Guerrero, afirma que mientras existen universidades que están solicitando recursos al Congreso de la Unión para seguir creciendo hay otras, como la que él encabeza, que “estamos pidiendo que nos den los recursos necesarios para subsanar el déficit financiero de muchos años, mientras unos ven al futuro, nosotros estamos buscando resolver el pasado”.
En la Universidad de Guerrero, que está también entre esa lista de instituciones en situación “insostenible”, “el presupuesto sólo alcanza para pagar 60% de sus obligaciones” actuales. El subsidio que recibe la institución es de 995 millones de pesos, pero no alcanza para cubrir el pago de nómina que asciende a mil 200 millones de pesos al año.
Los pasivos acumulados por pensiones y jubilaciones, así como el pago de impuesto que se dejó de reportar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), una cantidad por arriba de los mil millones de pesos; además se tiene un faltante de 333 millones de pesos porque, ante el crecimiento de la matrícula de la última década la SEP y la SHCP no han reconocido las plazas generadas para profesores.
A más de un mes para el cierre del año, el rector dice tener otro déficit de 39 millones de pesos para pagar prestaciones y salarios de los trabajadores, por lo que iniciará las gestiones para obtener esos recursos. “Nos hace falta ese recurso, aún y cuando sé que he tenido que desviar recursos del pago de Hacienda para cubrir otras necesidades”, admite.
“En la Universidad de Guerrero ya llegamos al límite, hemos seguido las políticas federales para incrementar la calidad, la cobertura, ser eficientes y transparentes en el ejercicio de los recursos, pero no es suficiente para resarcir lo ocurrido en el pasado”, refiere.
El rector Villegas Arrizón asegura que son los estudiantes los que han empezado a pagar estecosto. “Nos están obligando a privatizar la universidad, aunque no existe una norma que permite que las unidades académicas hagan cobros adicionales al pago de inscripción, la de Ciencias Políticas cobra hasta 6 mil pesos por alumno para que se siga dando el servicio. Estamos convirtiendo a las instituciones en élites y eso nos puede llevar a que estallen otros problemas”.
Las fragilidades
Una situación similar vive la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El rector Rafael Torres Valdés plantea que es la institución que recibe el más bajo presupuesto por alumno en México, con tan sólo 6 mil pesos. Pero del total del presupuesto más de 90% se destina al pago de salarios, jubilaciones y prestaciones, y aunque en la última década la institución buscó mejorar su forma de gobierno, acabar con la corrupción y venta de espacios para los jóvenes e incrementar la calidad de sus servicios, la institución vive en constantes limitaciones y eso se refleja al recibir sólo a uno de cada tres oaxaqueños.
Manuel Gil Antón, investigador de El Colegio de México, asegura que “si a la fragilidad financiera por el tema de pensiones y jubilaciones, a la falta de reconocimiento de las plantillas de profesores que fueron contratados para atender la expansión de la matrícula se le agrega que desde hace 20 años los ingresos son inestables, tenemos instituciones que están en la cuerda floja”.
Agrega que como resultado de las negociaciones que en el pasado realizaron los rectores con los sindicatos para salvar huelgas, por asuntos clientelares o fortalecer sus propias carreras políticas, hoy un número importante de instituciones tienen comprometida su viabilidad, porque además “se sumó la insensibilidad de las secretarías de Hacienda y Educación” que crearon fondos extraordinarios que “no han resuelto el problema, solo mantienen en fragilidad al sistema”, dice.
Frente a estas presiones, “es urgente que haya una reestructuración en la relación del Estado con sus universidades”.
Gil Antón refiere que “en lugar de reformularse el sistema, lo que se hizo desde finales de la década de los 90, fue llenarlo de parches, de soluciones parciales con el afán de cumplir con metas mediocres, en donde incluso puede haber manipulación de cifras”.
Adrián Acosta, investigador de la Universidad de Guadalajara, galardonado con el premio Andrés Bello por su trabajo Príncipes, Burócratas y Gerentes, afirma que el esquema de financiamiento que se ensayó a finales de los años 90 y que se consolidó en la primera década del presente siglo provocó que las instituciones tuvieran un presupuesto mínimo, que en ocasiones se planteó en reducción; mientras que los 18 fondos extraordinarios generados para compensar rezagos y tratar de atender los déficit, sólo provocaron que las que estaban atrasadas no lograran remontar los enormes rezagos que tenían.
En ésta década, agrega, los rectores se convirtieron en grandes gestores y gerentes de la instituciones debido a que por un lado el gobierno federal presentó siempre un presupuesto menor al que garantizó la operación de las instituciones.
Por ello el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, dijo hace unos meses que entre 2001- 2010, la Cámara de Diputados tuvo que resarcir más de 41 mil millones de pesos adicionales al presupuesto de la institución.
Tensiones políticas
Pero esa nueva forma de negociación con el presupuesto, al incorporar a legisladores y gobernadores, ha provocado “escenarios de tensión” con los rectores, advierte Roberto Rodríguez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El rector de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado, acusa al gobierno estatal de llevar a la institución “al límite con su actitud de hostigamiento” y negarse a entregar los 701 millones de pesos que la institución concurso y negoció ante la Secretaría de Educación Pública.
La falta de esos recursos, señala, está a punto de “desestabilizar” a la universidad y provocar un déficit de 600 millones de pesos para cubrir el pago de pensiones y jubilaciones, en tanto que la nómina también se vería afectada al cierre del año. A través del Consejo General Universitario, también se acusó que el gobierno federal disminuyó en los últimos lustros la proporción de sus aportaciones de 52% a 44 % del total del subsidio ordinario.
Esta situación que ha llevado a los jóvenes, académicos e investigadores a realizar 35 marchas en aquella entidad tiene como pago “una bofetada a la institución que ha respondido a las demandas por mejorar la calidad y la atención a los jóvenes”, dice el rector Cortés Guardado.
Además califica a ésta como una situación “social de riesgo” porque los 30 mil jóvenes que solicitaron su ingreso “pueden ver frustrados sus aspiraciones educativas”.
Señala que el problema que enfrentan hoy las universidades públicas es consecuencia de la visión de las últimas dos décadas y hace un llamado a que el Estado le apueste a invertir en “donde está la presión más fuerte, a la educación superior, a los jóvenes” por las condiciones demográficas.
Indica que el sistema universitario está bajo una “presión que está creciendo” y que en conjunto “se tienen que tomar las medidas para evitar la manifestación social, la inconformidad y los ánimos desbordados”.
La misma “tensión” la viven las universidades en Morelos, en Durango y Baja California Sur por la difícil relación que tienen con los gobiernos locales.
Mientras en Morelos se está solicitando la entrega de 103 millones de pesos que adeuda el gobierno estatal al presupuesto ordinario y para construcción de infraestructura, y advierte que su situación deficitaria es de 107 millones de pesos, lo cual complicará el cierre de pagos para este año; las universidades de Durango y Baja California Sur, enfrentaron la intervención de los gobernadores para destituir a los rectores electos por los universitarios.
La violencia tema emergente
Aunque en su conjunto los rectores reconocieron el respaldo desde la SEP para ampliar la cobertura de educación superior, en poco más de un millón en la década; y se han creado 75 nuevas universidades, todos coincidieron en la insuficiencia de lo alcanzado.
Alejandro Márquez, investigador de la dirección general de Evaluación Institucional de la máxima casas de estudios, “se necesita un plan de rescate.
Tenemos que encontrar con urgencia una salida a los líos económicos, políticos y financieros” de las universidades. Aunque el investigador considera que se trata de “problemas focalizados”, “situaciones críticas” y en otros “coyunturales”, se tiene que “encontrar una salida viable a todos ellos”, puesto que de lo contrario prevalecerá el “síndrome del quemado, es decir, se continuará con un sistema universitario sin energía y con desgano”.
Adrián Acosta, quien recibió el Premio ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) en 2009 por sus estudios sobre las condiciones de gobierno de las universidades públicas, asegura que a los tres temas de financiamiento que son “políticamente explosivos, que se recrudecieron ésta década y hace que tengamos universidades con enormes rezagos, verdaderas bombas de tiempo”, ahora se suma ahora el tema de la violencia que “está generando un entorno muy ominoso, particularmente la de Ciudad Juárez”, Chihuahua.
Como caja de resonancia de lo que ocurre en la sociedad, las universidades públicas pueden contagiarse de esa situación “si el Estado no ayuda a generar este clima de seguridad y confianza que hoy es indispensable no sólo para el desarrollo de actividades económicas sino educativas y culturales”, advierte Adrián Acosta.
Desde hace seis meses, en Ciudad Juárez, Chihuahua, los universitarios se sienten “agraviados” por la violencia que cobró hasta ahora la vida de 14 alumnos —incluido el de semana pasada cuando se realizaba una marcha en protesta por la inseguridad— y tres de maestros, además de los que han resultado heridos en diferentes hechos sin que haya “un avance o información que nos permita suponer que se resolverán”, afirma el rector Javier Sánchez Carlos.
Si bien señala que la universidad ha realizado las reformas estructurales que hoy garantizan la viabilidad financiera en el largo plazo (2031) sobre el tema de pensiones y jubilaciones, en los últimos años se han tenido que generar —venta de investigación, asesorías o cuotas a estudiantes— 15 millones de pesos por año para redoblar la seguridad de los planteles y de los propios universitarios.
“Considero que el gobierno federal debe aumentar su atención al sistema social del país”, destaca, para generar, en el caso de la educación superior, las oportunidades de desarrollo para los jóvenes. En el último año, cita Sánchez Carlos, la institución sólo pudo dar un lugar a seis de cada 10 jóvenes que solicitaron un lugar dentro de las licenciaturas.
Pero es la inseguridad lo que ha provocado que en esa institución esté latente un problema mayor ya que el rector de la Univesidad Autónoma de Ciudad Juárez, afirma que “si no se logra en el mediano plazo abrir más oportunidades educativas, los problemas sociales se agudizarán. Debemos darles mayores oportunidades a los jóvenes, no sólo en el plano educativo, sino también en el social”, enfatiza.
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