Francisco Rojas / El Universal
En momentos difíciles e inciertos como los que ha vivido México en los últimos años, debemos revalorar nuestra historia, logros y potencialidades para no caer en el desánimo que inhibe la voluntad y paraliza la acción. En 200 años de vida independiente, la libertad y la democracia se han convertido en nuestra manera de ser, de pensar y de vivir. Libertad, como premisa del desarrollo pleno del individuo; democracia, como método para tomar decisiones sobre los asuntos que interesan a todos, incluida la elección de gobernantes y legisladores.
Estos valores son resultado de procesos sociales surgidos de grandes movimientos populares —la Independencia, la Reforma y la Revolución—, que se fueron extendiendo y arraigando en todos los estratos de la sociedad: Pero no son logros irreversibles pues, como lo enseñan los vaivenes en algunos países de América Latina, pueden perderse o desvirtuarse si no los refrendamos en la práctica diaria y, sobre todo, si no los conciliamos con una aspiración de la que depende la estabilidad política del país y la preservación de lo que hemos avanzado: la justicia social.
A punto de terminar el primer decenio del siglo XXI, los mexicanos tenemos serios problemas que, de no superarse, podrían poner en riesgo la viabilidad del Estado nacional y la unidad de los mexicanos en lo esencial: la violencia criminal, la recuperación endeble de la economía después de la recesión, la brecha crecida y creciente de la desigualdad social. Para corregirlos, se requiere la acción concertada de los gobiernos Federal, estatales y municipales y de los tres poderes de la Unión, a partir de acuerdos fundamentales que aseguren la confluencia de esfuerzos de todas las instancias de gobierno y pongan freno a la dispersión en la que los avances de una entidad pública son neutralizados por otra.
La unidad de propósitos y métodos, sin embargo, no puede fundarse en decisiones arbitrarias tomadas en la cúpula ni en la obediencia acrítica de los demás, sino en la discusión y la formación de acuerdos que representen las opiniones e intereses de todos los estratos de una sociedad diversa como la nuestra. Libertad para discutir y democracia para tomar decisiones dan legitimidad a las acciones públicas y aseguran la concurrencia leal y convencida de todas las instancias del poder público y de todas las representaciones partidarias.
El entramado institucional y político en que vivimos, refleja la diversidad de la sociedad del siglo XXI, y es responsable de generar ideas y dar respuesta a los problemas nacionales. El método es el debate libre y, al mismo tiempo responsable y serio de diagnósticos y propuestas que, una vez decantados, concilian posiciones y obligan a todos. En esto consiste la democracia.
El objetivo original de la confrontación de ideas es construir acuerdos, no aniquilar al adversario; por eso uno de los atributos esenciales de la democracia es el respeto a todas las personas y a su derecho a pensar y expresar con entera libertad sus opiniones y defender sus legítimos intereses. Hacen daño a la República quienes confunden al adversario con un enemigo, a la competencia con lucha aniquiladora y a la política con la confrontación de estratagemas, audacias publicitarias u oportunismos propagandísticos.
En una sociedad moderna, necesariamente diversificada, la unanimidad es una ficción o un engaño. En la formación de la voluntad colectiva impera la mayoría porque representa al número más alto de voluntades individuales. No obstante, en nuestro sistema político, las minorías participan con plena libertad en los debates y aun en la toma de decisiones en función de su respectiva representatividad, pues una democracia es esencialmente incluyente y tolerante.
En nuestro partido no sólo se cultivan las aptitudes para gobernar, sino también para ejercer la oposición responsable pero vigilante. Los priístas entendemos que la política es inherente a toda organización social y que su sentido y razón es buscar el bienestar de la gente.
En el PRI estamos convencidos de que la política debe ser solución y no problema, debe conducir al acuerdo y no al conflicto, debe atender los reclamos de la gente y no encerrarse en sí misma en ejercicios estériles de autocomplacencia; debe hacer posible la unidad de los contrarios, pero no en torno a frases huecas y sin sentido, sino en torno a acciones comunes, definidas entre todos para resolver los problemas que son de todos.
En momentos difíciles e inciertos como los que ha vivido México en los últimos años, debemos revalorar nuestra historia, logros y potencialidades para no caer en el desánimo que inhibe la voluntad y paraliza la acción. En 200 años de vida independiente, la libertad y la democracia se han convertido en nuestra manera de ser, de pensar y de vivir. Libertad, como premisa del desarrollo pleno del individuo; democracia, como método para tomar decisiones sobre los asuntos que interesan a todos, incluida la elección de gobernantes y legisladores.
Estos valores son resultado de procesos sociales surgidos de grandes movimientos populares —la Independencia, la Reforma y la Revolución—, que se fueron extendiendo y arraigando en todos los estratos de la sociedad: Pero no son logros irreversibles pues, como lo enseñan los vaivenes en algunos países de América Latina, pueden perderse o desvirtuarse si no los refrendamos en la práctica diaria y, sobre todo, si no los conciliamos con una aspiración de la que depende la estabilidad política del país y la preservación de lo que hemos avanzado: la justicia social.
A punto de terminar el primer decenio del siglo XXI, los mexicanos tenemos serios problemas que, de no superarse, podrían poner en riesgo la viabilidad del Estado nacional y la unidad de los mexicanos en lo esencial: la violencia criminal, la recuperación endeble de la economía después de la recesión, la brecha crecida y creciente de la desigualdad social. Para corregirlos, se requiere la acción concertada de los gobiernos Federal, estatales y municipales y de los tres poderes de la Unión, a partir de acuerdos fundamentales que aseguren la confluencia de esfuerzos de todas las instancias de gobierno y pongan freno a la dispersión en la que los avances de una entidad pública son neutralizados por otra.
La unidad de propósitos y métodos, sin embargo, no puede fundarse en decisiones arbitrarias tomadas en la cúpula ni en la obediencia acrítica de los demás, sino en la discusión y la formación de acuerdos que representen las opiniones e intereses de todos los estratos de una sociedad diversa como la nuestra. Libertad para discutir y democracia para tomar decisiones dan legitimidad a las acciones públicas y aseguran la concurrencia leal y convencida de todas las instancias del poder público y de todas las representaciones partidarias.
El entramado institucional y político en que vivimos, refleja la diversidad de la sociedad del siglo XXI, y es responsable de generar ideas y dar respuesta a los problemas nacionales. El método es el debate libre y, al mismo tiempo responsable y serio de diagnósticos y propuestas que, una vez decantados, concilian posiciones y obligan a todos. En esto consiste la democracia.
El objetivo original de la confrontación de ideas es construir acuerdos, no aniquilar al adversario; por eso uno de los atributos esenciales de la democracia es el respeto a todas las personas y a su derecho a pensar y expresar con entera libertad sus opiniones y defender sus legítimos intereses. Hacen daño a la República quienes confunden al adversario con un enemigo, a la competencia con lucha aniquiladora y a la política con la confrontación de estratagemas, audacias publicitarias u oportunismos propagandísticos.
En una sociedad moderna, necesariamente diversificada, la unanimidad es una ficción o un engaño. En la formación de la voluntad colectiva impera la mayoría porque representa al número más alto de voluntades individuales. No obstante, en nuestro sistema político, las minorías participan con plena libertad en los debates y aun en la toma de decisiones en función de su respectiva representatividad, pues una democracia es esencialmente incluyente y tolerante.
En nuestro partido no sólo se cultivan las aptitudes para gobernar, sino también para ejercer la oposición responsable pero vigilante. Los priístas entendemos que la política es inherente a toda organización social y que su sentido y razón es buscar el bienestar de la gente.
En el PRI estamos convencidos de que la política debe ser solución y no problema, debe conducir al acuerdo y no al conflicto, debe atender los reclamos de la gente y no encerrarse en sí misma en ejercicios estériles de autocomplacencia; debe hacer posible la unidad de los contrarios, pero no en torno a frases huecas y sin sentido, sino en torno a acciones comunes, definidas entre todos para resolver los problemas que son de todos.
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