Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto - Expreso
Para la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, los derechos de las personas con discapacidad en México, cerca de nueve millones de personas que representan 7.2% de la población nacional, no son una prioridad. De hecho, la juzgadora que formó parte de la anterior Corte y que repitió en la actual, considera que los discapacitados mexicanos no tienen por qué ser consultados cuando se aprueben leyes que los involucren o afecten sus derechos, ya sea en Congresos estatales o en el Congreso federal, como si la discapacidad con la que viven los volviera, en la visión de la ministra Batres, ciudadanos de segunda.
Porque eso es lo que propuso el pasado 7 de octubre Lenia Batres, ante el pleno de la Corte, en su proyecto de resolución de la acción de constitucionalidad 182/2024, en el que la ministra propone que la Corte debe validar leyes o reformas legales que se refieran a las personas con discapacidad y sus derechos, aunque los Congresos que las redactaron y aprobaron no hayan consultado a la población discapacitada, en los casos de que esas legislaciones "les beneficien" a las personas que viven con una discapacidad.
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