Por: Vidal Llerenas Morales - El Economista
En un país donde el sector de la construcción aporta más del 5.3% del PIB y genera más de 2 millones de empleos, la vivienda no solo representa un techo, sino que es uno de los motores más potentes para el desarrollo económico y social de México.
De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a 2030, México requerirá haber construido 6.6 millones de viviendas, de las cuales el gobierno federal se ha comprometido a construir 1.8 millones (para atender a las poblaciones más desfavorecidas), por lo que la aritmética básica indica que los desarrolladores privados deberán construir, cuando menos, 4.8 millones de viviendas en los próximos 5 años, destinadas, principalmente, a las clases medias.
Por años, la vivienda enfrentó un entorno marcado por el exceso de regulación, la baja y una caída histórica en el número de viviendas construidas. Sin embargo, la nueva política industrial apuesta por revertir esa tendencia con acciones concretas: simplificación de trámites, impulso al financiamiento y vinculación entre empresas nacionales. En este contexto, se entiende la apuesta del gobierno federal de impulsar el contenido nacional en la cadena de valor de este sector. Esta política va mucho más allá de un gesto simbólico y representa una decisión de política pública que apunta a fortalecer las bases productivas del país desde dentro.
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