Por Miguel Ángel Cristiani/Columna
La Universidad Veracruzana, orgullo académico de la entidad, también es un reflejo de los desafíos de la rendición de cuentas en México. Los informes de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) muestran que la administración de recursos públicos requiere vigilancia constante y mejoras estructurales.
En la Cuenta Pública 2024, el ORFIS detectó un presunto daño patrimonial de 1, 407 317 pesos, concentrado en anticipos entregados a la empresa CONAMI S.A. de C.V. y en la construcción de un núcleo de sanitarios para la Unidad de Ciencias de la Salud en Coatzacoalcos‑Minatitlán. El órgano fiscalizador señaló ocho observaciones financieras, cinco técnicas y trece recomendaciones de control interno, advirtiendo que las aclaraciones presentadas por la universidad fueron insuficientes.
Aunque la cifra es menor comparada con años anteriores, el antecedente de 2016 y 2012, cuando la ASF identificó recursos federales por 551 millones y 364 millones de pesos sin comprobar, muestra que los riesgos de manejo inadecuado han sido una constante. Si bien en ejercicios recientes la ASF no ha publicado desglose individual significativo para la UV, la institución permanece bajo escrutinio por parte del órgano federal.
El contexto de estos hallazgos va más allá de lo contable: cada peso no aclarado representa un riesgo para los programas educativos, la infraestructura y la confianza de la sociedad. La UV maneja fondos federales para becas, laboratorios, obras de mantenimiento y adquisición de equipo, por lo que la transparencia es vital para garantizar que estos recursos cumplan su propósito: fortalecer la educación y el desarrollo académico de Veracruz.
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