Por: Isaac Katz X: econoclasta - El Economista
Nada es más difícil, por no decir imposible, que predecir el futuro. Vivimos en un mundo en el cual la incertidumbre es la constante y estamos sujetos en todo momento y circunstancia a eventos inesperados que pueden alterar el resultado que se había previsto que ocurriría.
También sabemos que la generalidad de los individuos son adversos al riesgo y, dada la probabilidad subjetiva de que ocurra un evento que les genere una pérdida en su bienestar, algunos estarán dispuestos a pagar una prima que los cubra por si tal evento llegara a ocurrir. Sin embargo, ningún individuo puede cubrirse de toda posible eventualidad negativa y es aquí en donde adquiere relevancia la existencia de un arreglo institucional que genere, al menos, plena certeza sobre las reglas del juego que rijan la interacción entre los diferentes actores, así como los posibles mecanismos de solución de controversias cuando se presente un evento no anticipado que genere un daño.
La existencia de reglas del juego formales (leyes y reglamentos) que generen certeza, al igual que los mecanismos de solución de controversias, son necesarias pero no suficientes para generar resultados que, además de ser óptimos desde un punto de vista privado, lo sean también desde un punto de vista social. Se requiere, además, que tanto las reglas como los mecanismos de solución de controversias sean eficientes, en el sentido de generar los incentivos adecuados y, a su vez, alineados con el objetivo de generar resultados que se aproximen a los óptimos privados y sociales.
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