Guillermo Knochenhauer / El Financiero
Lo que ha venido sucediendo en la Sierra Tarahumara muestra tanto los desequilibrios, iniquidades y exclusiones del desarrollo nacional, como la manera en que el gobierno concibe la situación e interviene en ella.
La suerte de los rarámuris no es, infortunadamente, exclusiva de esa etnia. En México, el hambre cobra más de ocho mil 500 muertes cada año. Mario Luis Fuentes publicó en dos entregas a Excélsior (31 de enero y 7 de febrero) un detallado análisis de la pobreza extrema que padecen dos millones 378 mil 452 personas en los 339 municipios en los que, según el Coneval, más del 50 por ciento de sus pobladores no come lo suficiente por ser tan pobre.
Esos municipios pertenecen a Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Yucatán. Pero no sólo en esos estados hay hambre. El número de pobres en México aumentó a 52 millones de personas en 2010, de los cuales a 11.7 millones no les alcanza para comer. En Veracruz, por ejemplo, murieron cuatro mil 216 personas por desnutrición en los cinco años que van de 2006 a 2010, según Fuentes.
La crisis que vive la Sierra Tarahumara no es única en el país y debería hacer que se ponga atención en otras regiones que están en condiciones similares, antes de que se agraven debido a la sequía y otras contingencias ambientales.
La difusión por televisión de versiones de que algunos tarahumaras se habrían suicidado ante la imposibilidad de alimentar a sus familias, dio lugar a campañas humanitarias de organizaciones no gubernamentales y a la campaña burocrática de los gobiernos de Felipe Calderón y de Chihuahua.
El coordinador del programa Oportunidades, Salvador Escobedo Zoletto, reveló que a 20 mil rarámuris se les quitaron los apoyos alimenticios, de becas escolares y atención de salud porque no cumplieron con las normas de operación. Heriberto Félix, secretario de Desarrollo Social, consideró "desafortunada" la declaración de Escobedo. Aseguró que la ayuda humanitaria seguirá "hasta que superemos la crisis alimentaria".
Los programas asistenciales son necesarios cuando se ha llegado a situaciones de emergencia, pero son insuficientes porque no van al meollo del asunto, que es la marginación, iniquidad e injusticia en la que viven millones de mexicanos, sobre todo los campesinos, y peor si son indígenas. Nada se hace al respecto, sólo mitigar las emergencias cuando surgen.
El campo produjo alimentos suficientes para cada mexicano hasta hace 40 años. La desigualdad y la pobreza eran reales, pero no habían llegado a significar hambre para muchos mexicanos, como ahora. La crisis del campo no se originó en el campo, ni su solución depende solamente de la población y recursos rurales.
Uno de los factores del estancamiento rural es que la creciente población rural no encontró ocupación productiva en la industria ni en los servicios. Una parte de esa población se asentó en los cinturones de miseria urbanos. Otra emigró a Estados Unidos y otra parte se quedó en el campo, provocando que la dotación agraria original -diez hectáreas de riego o su equivalente de agostadero por jefe de familia- se fuera subdividiendo entre padres a hijos.
Se conformó así una estructura agraria de muy pequeñas superficies y actividades diversas a baja escala. A esa situación debieron adaptarse las instituciones de investigación, de microfinanciamiento y asistencia técnica. Debieron tomar el minifundio como un dato, pero lo han considerado siempre como un problema que, por supuesto, no han de resolver.
La orientación de los subsidios expresa, como en ningún otro factor, el enfoque de la política rural a favor de las grandes superficies. Son recursos que en vez de asignarse a infraestructura y servicios de beneficio general, se entregan mayoritariamente al bolsillo de los productores con grandes extensiones de tierra, con mejores niveles de productividad, con mayor capacidad -administrativa y política- de gestión. Ese tipo de productores concentra el 70 por ciento de los subsidios dirigidos al fomento de la producción y comercialización agropecuarias.
Tal orientación de la política agroalimentaria no es reciente. Lo novedoso es la rapidez con que se recrudecen las desigualdades sociales y regionales, al extremo de provocar miles de muertes por hambre cada año, situación que se agrava por el cambio climático.
El Estado tendría que retomar la representación de la nación al intervenir en el desarrollo rural con políticas orientadas a recuperar la soberanía alimentaria, movilizando para ello todos los recursos disponibles con eficiencia económica, pero también social.
Posdata. El domingo, Canal 11 estrenará a las 22 horas el documental Un hombre en la Plaza Pública, sobre la vida y obra de Miguel Ángel Granados Chapa. Lo dirigió Virgilio Caballero.
Lo que ha venido sucediendo en la Sierra Tarahumara muestra tanto los desequilibrios, iniquidades y exclusiones del desarrollo nacional, como la manera en que el gobierno concibe la situación e interviene en ella.
La suerte de los rarámuris no es, infortunadamente, exclusiva de esa etnia. En México, el hambre cobra más de ocho mil 500 muertes cada año. Mario Luis Fuentes publicó en dos entregas a Excélsior (31 de enero y 7 de febrero) un detallado análisis de la pobreza extrema que padecen dos millones 378 mil 452 personas en los 339 municipios en los que, según el Coneval, más del 50 por ciento de sus pobladores no come lo suficiente por ser tan pobre.
Esos municipios pertenecen a Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Yucatán. Pero no sólo en esos estados hay hambre. El número de pobres en México aumentó a 52 millones de personas en 2010, de los cuales a 11.7 millones no les alcanza para comer. En Veracruz, por ejemplo, murieron cuatro mil 216 personas por desnutrición en los cinco años que van de 2006 a 2010, según Fuentes.
La crisis que vive la Sierra Tarahumara no es única en el país y debería hacer que se ponga atención en otras regiones que están en condiciones similares, antes de que se agraven debido a la sequía y otras contingencias ambientales.
La difusión por televisión de versiones de que algunos tarahumaras se habrían suicidado ante la imposibilidad de alimentar a sus familias, dio lugar a campañas humanitarias de organizaciones no gubernamentales y a la campaña burocrática de los gobiernos de Felipe Calderón y de Chihuahua.
El coordinador del programa Oportunidades, Salvador Escobedo Zoletto, reveló que a 20 mil rarámuris se les quitaron los apoyos alimenticios, de becas escolares y atención de salud porque no cumplieron con las normas de operación. Heriberto Félix, secretario de Desarrollo Social, consideró "desafortunada" la declaración de Escobedo. Aseguró que la ayuda humanitaria seguirá "hasta que superemos la crisis alimentaria".
Los programas asistenciales son necesarios cuando se ha llegado a situaciones de emergencia, pero son insuficientes porque no van al meollo del asunto, que es la marginación, iniquidad e injusticia en la que viven millones de mexicanos, sobre todo los campesinos, y peor si son indígenas. Nada se hace al respecto, sólo mitigar las emergencias cuando surgen.
El campo produjo alimentos suficientes para cada mexicano hasta hace 40 años. La desigualdad y la pobreza eran reales, pero no habían llegado a significar hambre para muchos mexicanos, como ahora. La crisis del campo no se originó en el campo, ni su solución depende solamente de la población y recursos rurales.
Uno de los factores del estancamiento rural es que la creciente población rural no encontró ocupación productiva en la industria ni en los servicios. Una parte de esa población se asentó en los cinturones de miseria urbanos. Otra emigró a Estados Unidos y otra parte se quedó en el campo, provocando que la dotación agraria original -diez hectáreas de riego o su equivalente de agostadero por jefe de familia- se fuera subdividiendo entre padres a hijos.
Se conformó así una estructura agraria de muy pequeñas superficies y actividades diversas a baja escala. A esa situación debieron adaptarse las instituciones de investigación, de microfinanciamiento y asistencia técnica. Debieron tomar el minifundio como un dato, pero lo han considerado siempre como un problema que, por supuesto, no han de resolver.
La orientación de los subsidios expresa, como en ningún otro factor, el enfoque de la política rural a favor de las grandes superficies. Son recursos que en vez de asignarse a infraestructura y servicios de beneficio general, se entregan mayoritariamente al bolsillo de los productores con grandes extensiones de tierra, con mejores niveles de productividad, con mayor capacidad -administrativa y política- de gestión. Ese tipo de productores concentra el 70 por ciento de los subsidios dirigidos al fomento de la producción y comercialización agropecuarias.
Tal orientación de la política agroalimentaria no es reciente. Lo novedoso es la rapidez con que se recrudecen las desigualdades sociales y regionales, al extremo de provocar miles de muertes por hambre cada año, situación que se agrava por el cambio climático.
El Estado tendría que retomar la representación de la nación al intervenir en el desarrollo rural con políticas orientadas a recuperar la soberanía alimentaria, movilizando para ello todos los recursos disponibles con eficiencia económica, pero también social.
Posdata. El domingo, Canal 11 estrenará a las 22 horas el documental Un hombre en la Plaza Pública, sobre la vida y obra de Miguel Ángel Granados Chapa. Lo dirigió Virgilio Caballero.
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