Carlos Canfield-El Universal
La conjunción de los principales líderes económicos y políticos en el foro mundial 2010 en Davos, coloca nuevamente sobre la mesa de discusión la sobrevivencia del sistema capitalista. El reconocimiento por una parte, de que el sistema financiero internacional incurrió en riesgos excesivos que detonaron una de las peores crisis de crédito y confianza en la historia, y por la otra la ineficaz actuación de las autoridades financieras nacionales para limitar tales excesos y contener el deterioro financiero que rápidamente permeó a la esfera productiva, son posiciones encontradas que han generado una discusión más allá de ideologías.
En un entorno polarizado, las propuestas gubernamentales se orientan hacia una mayor regulación al sector derivadas de mayores atribuciones de control y vigilancia, mientras los banqueros cuestionan la capacidad del Estado para asignar recursos de forma eficiente, argumentando el colapso de los sistemas internacionales de pago como resultado de una parálisis generada por una regulación que ellos consideran excesiva.
Las declaraciones recientes del presidente Obama frente al Poder Legislativo de su país, en relación a limitar el tamaño de las instituciones bancarias, las transacciones que usan estrategias propietarias de alto riesgo y, con visión política, oprobiosas compensaciones de los directivos financieros, levantaron ámpula entre el sector privado participante de la agenda de Davos.
Con varios matices, la perspectiva de los líderes políticos mundiales se orienta hacia una mayor regulación y vigilancia, más impuestos a las transacciones financieras, menos compensaciones e indudablemente menor exposición al riesgo.
Hoy estos conceptos toman fuerza como respuesta política a la tragedia del hombre común, quien repentinamente vio desvanecer el fruto de su trabajo como resultado de la crisis.
Ahora bien, ¿la coordinación global en el tema regulatorio es sinónimo de mejores regulaciones? La existencia a nivel mundial de un débil consenso en torno a la necesidad de reformar al sistema financiero, contrasta con la carencia de acciones y decisiones concretas al respecto.
Ante la sombra de una autorregulación fallida, el temor de una actuación unilateral de ciertos gobiernos nacionales, ha agrupado a banqueros e intermediarios financieros de todo el mundo en torno a una consigna: reglas globales y decisiones consistentes para el sistema financiero.
Los promotores de la ideología del libre mercado argumentan que este último, aun con sus deficiencias, es más eficaz que el Estado para asignar recursos. La restitución de los flujos internacionales de crédito requiere acciones coordinadas que permitan suficientes recursos para atender las necesidades de cada uno de los sectores productivos, consecuentemente, la regulación se convierte en una decisión más técnica que política.
Un contraste simple de las posiciones nos indica que la problemática actual no reside en discutir la posibilidad de reformar al sistema financiero, de hecho muchos participantes argumentan que la crisis modificó sustancialmente la operación financiera global. Tal parece que, como siempre, “el diablo está en los detalles”.
La constante incapacidad económica para continuar rescatando al sistema financiero mediante la sustitución de deudas privadas con garantías públicas da lugar para que el Estado considere una mayor intervención en la operación financiera. El desmantelamiento del sector productivo que resulta de las crisis, genera severos problemas de sustentabilidad e incentiva una mayor participación gubernamental en la economía.
A su vez y como resultado de mayor regulación, los agentes privados tienen todos los incentivos para buscar nuevas fuentes de generación y transferencia de riqueza vía la circunvención de las normas que los reguladores establecen al respecto.
Pero ¿dónde se cierra el círculo?, ¿existe una posición de compromiso entre ambas partes? En la medida en que se consensen las reformas y se establezcan reglas claras de operación se encuentra la posibilidad de llegar al justo medio.
La clave, tal y como lo propuso el ex presidente William Clinton en Davos, está en el balance. La sociedad necesita reconciliar diversas posiciones: “Balance entre el sector financiero y el sector productivo, balance entre gobierno y sector privado, balance entre pobres y ricos”. El apoyo internacional a la recuperación económica de Haití se convierte en un ejemplo de esta necesidad.
Al final, ¿qué esperanzas tiene la sociedad en los acuerdos que se generen, sobre todo en la próxima reunión del G-20?
La ampliación en la toma de decisiones a un grupo más plural como el G-20 abre la puerta a acuerdos concertados y con mayor poder de vinculación. En la medida en que los agentes del sistema financiero reconozcan que su sobrevivencia está en juego sin la regulación apropiada y que los gobiernos faciliten la operación del sector privado —reconociendo en su actuación más los elementos de carácter técnico que las necesidades políticas de corto plazo— la sociedad podrá recuperar la esperanza en el futuro, dejando atrás la incertidumbre que resulta de una crisis de confianza.
Investigador del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, Estado de México
La conjunción de los principales líderes económicos y políticos en el foro mundial 2010 en Davos, coloca nuevamente sobre la mesa de discusión la sobrevivencia del sistema capitalista. El reconocimiento por una parte, de que el sistema financiero internacional incurrió en riesgos excesivos que detonaron una de las peores crisis de crédito y confianza en la historia, y por la otra la ineficaz actuación de las autoridades financieras nacionales para limitar tales excesos y contener el deterioro financiero que rápidamente permeó a la esfera productiva, son posiciones encontradas que han generado una discusión más allá de ideologías.
En un entorno polarizado, las propuestas gubernamentales se orientan hacia una mayor regulación al sector derivadas de mayores atribuciones de control y vigilancia, mientras los banqueros cuestionan la capacidad del Estado para asignar recursos de forma eficiente, argumentando el colapso de los sistemas internacionales de pago como resultado de una parálisis generada por una regulación que ellos consideran excesiva.
Las declaraciones recientes del presidente Obama frente al Poder Legislativo de su país, en relación a limitar el tamaño de las instituciones bancarias, las transacciones que usan estrategias propietarias de alto riesgo y, con visión política, oprobiosas compensaciones de los directivos financieros, levantaron ámpula entre el sector privado participante de la agenda de Davos.
Con varios matices, la perspectiva de los líderes políticos mundiales se orienta hacia una mayor regulación y vigilancia, más impuestos a las transacciones financieras, menos compensaciones e indudablemente menor exposición al riesgo.
Hoy estos conceptos toman fuerza como respuesta política a la tragedia del hombre común, quien repentinamente vio desvanecer el fruto de su trabajo como resultado de la crisis.
Ahora bien, ¿la coordinación global en el tema regulatorio es sinónimo de mejores regulaciones? La existencia a nivel mundial de un débil consenso en torno a la necesidad de reformar al sistema financiero, contrasta con la carencia de acciones y decisiones concretas al respecto.
Ante la sombra de una autorregulación fallida, el temor de una actuación unilateral de ciertos gobiernos nacionales, ha agrupado a banqueros e intermediarios financieros de todo el mundo en torno a una consigna: reglas globales y decisiones consistentes para el sistema financiero.
Los promotores de la ideología del libre mercado argumentan que este último, aun con sus deficiencias, es más eficaz que el Estado para asignar recursos. La restitución de los flujos internacionales de crédito requiere acciones coordinadas que permitan suficientes recursos para atender las necesidades de cada uno de los sectores productivos, consecuentemente, la regulación se convierte en una decisión más técnica que política.
Un contraste simple de las posiciones nos indica que la problemática actual no reside en discutir la posibilidad de reformar al sistema financiero, de hecho muchos participantes argumentan que la crisis modificó sustancialmente la operación financiera global. Tal parece que, como siempre, “el diablo está en los detalles”.
La constante incapacidad económica para continuar rescatando al sistema financiero mediante la sustitución de deudas privadas con garantías públicas da lugar para que el Estado considere una mayor intervención en la operación financiera. El desmantelamiento del sector productivo que resulta de las crisis, genera severos problemas de sustentabilidad e incentiva una mayor participación gubernamental en la economía.
A su vez y como resultado de mayor regulación, los agentes privados tienen todos los incentivos para buscar nuevas fuentes de generación y transferencia de riqueza vía la circunvención de las normas que los reguladores establecen al respecto.
Pero ¿dónde se cierra el círculo?, ¿existe una posición de compromiso entre ambas partes? En la medida en que se consensen las reformas y se establezcan reglas claras de operación se encuentra la posibilidad de llegar al justo medio.
La clave, tal y como lo propuso el ex presidente William Clinton en Davos, está en el balance. La sociedad necesita reconciliar diversas posiciones: “Balance entre el sector financiero y el sector productivo, balance entre gobierno y sector privado, balance entre pobres y ricos”. El apoyo internacional a la recuperación económica de Haití se convierte en un ejemplo de esta necesidad.
Al final, ¿qué esperanzas tiene la sociedad en los acuerdos que se generen, sobre todo en la próxima reunión del G-20?
La ampliación en la toma de decisiones a un grupo más plural como el G-20 abre la puerta a acuerdos concertados y con mayor poder de vinculación. En la medida en que los agentes del sistema financiero reconozcan que su sobrevivencia está en juego sin la regulación apropiada y que los gobiernos faciliten la operación del sector privado —reconociendo en su actuación más los elementos de carácter técnico que las necesidades políticas de corto plazo— la sociedad podrá recuperar la esperanza en el futuro, dejando atrás la incertidumbre que resulta de una crisis de confianza.
Investigador del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, Estado de México
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