Jorge A. Chávez Presa/ El Universal
La falta de crecimiento económico es una de las principales preocupaciones de la vida nacional. Esta característica de nuestro país motivo esencial para emprender cambios, o cuando menos hacer mejor las cosas, y por lo tanto actuar diferente. En la primera década del siglo XXI (2000-2009) la economía mexicana habrá registrado una tasa de crecimiento promedio anual de 1.7%, mientras que en la última década del siglo XX fue de 3.4%, y en la penúltima de 2.3%. La tasa de crecimiento del ingreso por habitante ha mostrado ser también decepcionante durante esos periodos con 0.2% en los 80, por lo que se le denominó la década perdida; 1.5% en los 90, y 0.5% en ésta que acaba de transcurrir.
Entre las principales causas de esta anemia en el desempeño económico inevitablemente destaca la ausencia de competencia que impide e inhibe la entrada de nuevas empresas con más inversiones para aumentar la oferta, lo que en consecuencia limita el crecimiento y la generación de empleos.
Para Adam Smith, quien en su obra La riqueza de las naciones, clásico de la economía, los monopolios eran básicamente lo que en el siglo XVIII comprendía toda clase de restricciones políticas que limitaban el ejercicio de las libertades económicas. Hoy en día el término monopolio se refiere más que nada cuando una empresa privada u organismo público actúan sin que ninguna otra los desafíe para servir mejor al consumidor.
No obstante esta evolución, la reflexión de Smith sigue siendo válida, principalmente en lo que se refiere a que desde el gobierno y a nombre del Estado se van otorgando protecciones que conspiran al final del día contra el crecimiento económico. Las consecuencias ampliamente conocidas de obsequiar la exclusividad son: expoliación del presupuesto de los hogares; concentración del ingreso y de la riqueza en unos cuantos y, en casos extremos, retan descaradamente al poder público.
Los monopolios ocasionan grandes daños cuando ejercen ese poder que los hace ser únicos y que emana de una ley sin contrapesos, sin rendición de cuentas, sin consideración o a espaldas del interés público. De ahí que los monopolios para la seguridad nacional, procurar e impartir justicia requieran de contrapesos, transparencia y rendir cuentas. En el ámbito político las conductas monopolísticas, que tienen claramente una connotación negativa, se observan cuando en las elecciones aniquilan al contrincante al impedirle acceder a los medios de comunicación, o compran el voto, por citar sólo algunas. México dio un gran salto en su sistema político al pasar pacíficamente de un partido hegemónico, donde el presidente en turno escogía a su sucesor, a un sistema político en el que compiten varios partidos y son los votos del electorado los que deciden el triunfo. Hoy esto sigue siendo una asignatura pendiente a nivel estatal.
En el ámbito económico las conductas monopolísticas que expresamente prohíbe nuestra Constitución en su artículo 28, no sólo surgen por que una empresa tenga la exclusividad de producir el bien o prestar el servicio, sino también cuando en una actividad económica las empresas se ponen de acuerdo para fijar precios arbitrariamente, que les generen ganancias excesivas o rentas monopolísticas, que no existirían de haber más participantes. Pemex y CFE, aunque son monopolios de Estado, tienen prohibido comportarse como tales. Otras expresiones de conductas monopolísticas que resiente el consumidor en su modalidad de usuario de un servicio, paciente o cliente, es en el “robo” que se hace de su tiempo. Lo hacen por no invertir en infraestructura, tecnología y personal capacitado para atender las llamadas telefónicas, transitar en una autopista, entrega de combustible automotriz de mala calidad y menor en la cantidad especificada. La consecuencia son tiempos de espera más largos ya sea al teléfono o en una sucursal; colas en las casetas de cobro; escasez de gasolineras en las vías carreteras, falta de baños.
Es la arbitrariedad y el abuso del monopolista o del que tiene dominancia en un mercado el que percibe el bolsillo y dignidad de la gente. Más aún, este poder monopolístico lo ejercen con tal soberbia, pues de antemano saben que el costo de transacción para un usuario es tan elevado que éste coadyuva al sometimiento.
Un gran impulso para la economía mexicana será indudablemente un avance en materia de competencia. Más todavía si la reforma de la hacienda pública es una necesidad. Más competencia o menos límites para invertir en actividades que hasta ahora se han reservado para unos cuantos en el sector privado y en el sector público, significará un paso fundamental para liberar a México de las cadenas que impiden su crecimiento económico y creación de empleos. Por ello el debate público no puede quitar el dedo del renglón, especialmente cuando los partidos que se dicen ser socialdemócratas y los que promueven libertades individuales tienen en esta materia un punto en común.
La falta de crecimiento económico es una de las principales preocupaciones de la vida nacional. Esta característica de nuestro país motivo esencial para emprender cambios, o cuando menos hacer mejor las cosas, y por lo tanto actuar diferente. En la primera década del siglo XXI (2000-2009) la economía mexicana habrá registrado una tasa de crecimiento promedio anual de 1.7%, mientras que en la última década del siglo XX fue de 3.4%, y en la penúltima de 2.3%. La tasa de crecimiento del ingreso por habitante ha mostrado ser también decepcionante durante esos periodos con 0.2% en los 80, por lo que se le denominó la década perdida; 1.5% en los 90, y 0.5% en ésta que acaba de transcurrir.
Entre las principales causas de esta anemia en el desempeño económico inevitablemente destaca la ausencia de competencia que impide e inhibe la entrada de nuevas empresas con más inversiones para aumentar la oferta, lo que en consecuencia limita el crecimiento y la generación de empleos.
Para Adam Smith, quien en su obra La riqueza de las naciones, clásico de la economía, los monopolios eran básicamente lo que en el siglo XVIII comprendía toda clase de restricciones políticas que limitaban el ejercicio de las libertades económicas. Hoy en día el término monopolio se refiere más que nada cuando una empresa privada u organismo público actúan sin que ninguna otra los desafíe para servir mejor al consumidor.
No obstante esta evolución, la reflexión de Smith sigue siendo válida, principalmente en lo que se refiere a que desde el gobierno y a nombre del Estado se van otorgando protecciones que conspiran al final del día contra el crecimiento económico. Las consecuencias ampliamente conocidas de obsequiar la exclusividad son: expoliación del presupuesto de los hogares; concentración del ingreso y de la riqueza en unos cuantos y, en casos extremos, retan descaradamente al poder público.
Los monopolios ocasionan grandes daños cuando ejercen ese poder que los hace ser únicos y que emana de una ley sin contrapesos, sin rendición de cuentas, sin consideración o a espaldas del interés público. De ahí que los monopolios para la seguridad nacional, procurar e impartir justicia requieran de contrapesos, transparencia y rendir cuentas. En el ámbito político las conductas monopolísticas, que tienen claramente una connotación negativa, se observan cuando en las elecciones aniquilan al contrincante al impedirle acceder a los medios de comunicación, o compran el voto, por citar sólo algunas. México dio un gran salto en su sistema político al pasar pacíficamente de un partido hegemónico, donde el presidente en turno escogía a su sucesor, a un sistema político en el que compiten varios partidos y son los votos del electorado los que deciden el triunfo. Hoy esto sigue siendo una asignatura pendiente a nivel estatal.
En el ámbito económico las conductas monopolísticas que expresamente prohíbe nuestra Constitución en su artículo 28, no sólo surgen por que una empresa tenga la exclusividad de producir el bien o prestar el servicio, sino también cuando en una actividad económica las empresas se ponen de acuerdo para fijar precios arbitrariamente, que les generen ganancias excesivas o rentas monopolísticas, que no existirían de haber más participantes. Pemex y CFE, aunque son monopolios de Estado, tienen prohibido comportarse como tales. Otras expresiones de conductas monopolísticas que resiente el consumidor en su modalidad de usuario de un servicio, paciente o cliente, es en el “robo” que se hace de su tiempo. Lo hacen por no invertir en infraestructura, tecnología y personal capacitado para atender las llamadas telefónicas, transitar en una autopista, entrega de combustible automotriz de mala calidad y menor en la cantidad especificada. La consecuencia son tiempos de espera más largos ya sea al teléfono o en una sucursal; colas en las casetas de cobro; escasez de gasolineras en las vías carreteras, falta de baños.
Es la arbitrariedad y el abuso del monopolista o del que tiene dominancia en un mercado el que percibe el bolsillo y dignidad de la gente. Más aún, este poder monopolístico lo ejercen con tal soberbia, pues de antemano saben que el costo de transacción para un usuario es tan elevado que éste coadyuva al sometimiento.
Un gran impulso para la economía mexicana será indudablemente un avance en materia de competencia. Más todavía si la reforma de la hacienda pública es una necesidad. Más competencia o menos límites para invertir en actividades que hasta ahora se han reservado para unos cuantos en el sector privado y en el sector público, significará un paso fundamental para liberar a México de las cadenas que impiden su crecimiento económico y creación de empleos. Por ello el debate público no puede quitar el dedo del renglón, especialmente cuando los partidos que se dicen ser socialdemócratas y los que promueven libertades individuales tienen en esta materia un punto en común.
No hay comentarios:
Publicar un comentario