Autor: Álvaro Cepeda Neri * / Contralínea
Los que saben aseguran que en las profundidades del Golfo de México (que un interesado estadunidense al defender su país y con toda la intensión imperialista, propuso que se llamara Golfo de América) hay cuantiosos yacimientos petroleros de excelente calidad. Más de la mitad es mar territorial mexicano y el resto pertenece a Cuba y a nuestros siempre no buenos vecinos del Norte, que venden armas a narcotraficantes a cambio de drogas para sus 100 millones de consumidores. A la chita callando, éstos han estado extrayendo el crudo con el sistema del “popote” y para legitimar y legalizar la explotación, los entonces presidentes William Clinton y Ernesto Zedillo, casi a escondidas, suscribieron en Washington, Estados Unidos (hay que ir allá cuando prevalece el servilismo y Zedillo fue y es un rastrero de ese país), un documento de dizque “colaboración” para sustraer el oro negro y ¡supuestamente! repartir a partes iguales inversiones y ganancias.
Hace unos días, Felipe Calderón suscribió en Los Cabos, Baja California Sur, un “acuerdo” que ratifica el zedillista-clintoniano, ahora con la firma de Hillary Clinton, a quien se le cuecen las habas porque Barack Obama deje la Presidencia para postularse al cargo, aunque parece que éste logrará la reelección. No es todavía un tratado en términos de nuestra Constitución. Para que así sea, ambos documentos deben de publicar su contenido y quienes los redactaron, para conocimiento de la opinión pública y su discusión en el Senado mexicano.
Tras su discusión, enmiendas, correcciones, reformas y al analizar la política exterior calderonista (con su anodina titular de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, buena para abyectamente hacer lo que le ordenan en Los Pinos) el Senado debe de rechazarlo o aprobarlo, ya como un tratado internacional, para explotar los yacimientos petroleros del Golfo de México. El panista conservador y con vaivenes José Ángel Conchello Dávila (1923-1998), como bien lo define Mireya Cuéllar en su Diccionario de los panistas (La Jornada ediciones) fue ave de tempestades y cuando escribía en la revista Siempre! (que dirige Beatriz Pagés Rebollar) definió esa riqueza mexicana y nos alertó de la ratería estadunidense con el sistema “popote” y sobre lo que ya es un paso más hacia la extracción petrolera del Golfo de México.
Estos acuerdos no constituyen un tratado. No canten victoria ni Zedillo (testigo protegido de Clinton y Obama) ni Calderón (quien ya compró mansión estadunidense para su huida, en calidad, también, de testigo protegido). Lo que firmaron requiere previa discusión pública a nivel nacional, otra en el Senado y un debate en la Cámara Alta del Congreso estadunidense. Si ambos órganos colegiados lo aprueban podrá ser un tratado. Mientras tanto, pues, si “la democracia es, políticamente, discusión”, proceden los debates para conciliar intereses y que los estadunidenses, acostumbrados a llevarse la parte del león, no se vayan sobre esa riqueza que ha de repartirse según la soberanía del mar territorial en partes desiguales entre Cuba, Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos.
Los que saben aseguran que en las profundidades del Golfo de México (que un interesado estadunidense al defender su país y con toda la intensión imperialista, propuso que se llamara Golfo de América) hay cuantiosos yacimientos petroleros de excelente calidad. Más de la mitad es mar territorial mexicano y el resto pertenece a Cuba y a nuestros siempre no buenos vecinos del Norte, que venden armas a narcotraficantes a cambio de drogas para sus 100 millones de consumidores. A la chita callando, éstos han estado extrayendo el crudo con el sistema del “popote” y para legitimar y legalizar la explotación, los entonces presidentes William Clinton y Ernesto Zedillo, casi a escondidas, suscribieron en Washington, Estados Unidos (hay que ir allá cuando prevalece el servilismo y Zedillo fue y es un rastrero de ese país), un documento de dizque “colaboración” para sustraer el oro negro y ¡supuestamente! repartir a partes iguales inversiones y ganancias.
Hace unos días, Felipe Calderón suscribió en Los Cabos, Baja California Sur, un “acuerdo” que ratifica el zedillista-clintoniano, ahora con la firma de Hillary Clinton, a quien se le cuecen las habas porque Barack Obama deje la Presidencia para postularse al cargo, aunque parece que éste logrará la reelección. No es todavía un tratado en términos de nuestra Constitución. Para que así sea, ambos documentos deben de publicar su contenido y quienes los redactaron, para conocimiento de la opinión pública y su discusión en el Senado mexicano.
Tras su discusión, enmiendas, correcciones, reformas y al analizar la política exterior calderonista (con su anodina titular de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, buena para abyectamente hacer lo que le ordenan en Los Pinos) el Senado debe de rechazarlo o aprobarlo, ya como un tratado internacional, para explotar los yacimientos petroleros del Golfo de México. El panista conservador y con vaivenes José Ángel Conchello Dávila (1923-1998), como bien lo define Mireya Cuéllar en su Diccionario de los panistas (La Jornada ediciones) fue ave de tempestades y cuando escribía en la revista Siempre! (que dirige Beatriz Pagés Rebollar) definió esa riqueza mexicana y nos alertó de la ratería estadunidense con el sistema “popote” y sobre lo que ya es un paso más hacia la extracción petrolera del Golfo de México.
Estos acuerdos no constituyen un tratado. No canten victoria ni Zedillo (testigo protegido de Clinton y Obama) ni Calderón (quien ya compró mansión estadunidense para su huida, en calidad, también, de testigo protegido). Lo que firmaron requiere previa discusión pública a nivel nacional, otra en el Senado y un debate en la Cámara Alta del Congreso estadunidense. Si ambos órganos colegiados lo aprueban podrá ser un tratado. Mientras tanto, pues, si “la democracia es, políticamente, discusión”, proceden los debates para conciliar intereses y que los estadunidenses, acostumbrados a llevarse la parte del león, no se vayan sobre esa riqueza que ha de repartirse según la soberanía del mar territorial en partes desiguales entre Cuba, Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos.
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