El Ejecutivo imita al Gobierno de Berlusconi y toma medidas para incentivar el retorno de capital
La medida está recomendada por la OCDE para aquellos Estados con problemas financieros
El Consejo de Ministros aprueba un ajuste de 27.000 millones para cumplir con el déficit
Los Presupuestos incluyen subidas de impuestos por 12.314 millones, contando con el IRP
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y el ministro de Industria, José Manuel Soria. / JJGuillen (EFE)
El Gobierno ha aprobado hoy los Presupuestos del Estado de 2012 para llevar a cabo el "mayor esfuerzo de consolidación fiscal de la democracia", según ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En cifras: 27.300 millones de euros. Con ello, el Ejecutivo pretende cumplir con el objetivo "ineludible" impuesto por Bruselas de reducir el déficit público desde el 8,51% de 2011 al 5,3% del PIB a final de este año. Para ello, se aprueban nuevas subidas de impuestos, en esta ocasión para las empresas tras incrementar el IRPF en diciembre, y se pone en marcha una amnistía fiscal para regularizar el fraude. Gracias a estas y otras actuaciones adicionales anunciadas en el ámbito de la fiscalidad, el Estado prevé recaudar 12.314 millones adicionales.
El plan de amnistía, según ha explicado Montoro establece un "gravamen especial" del capital que se regularice de un 10%, quedando así exonerado de cualquier penalización o sanción posterior. El ministro ha recordado que este es el procedimiento recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en países con especiales dificultades económicas. De hecho, el Gobierno de Berlusconi aprobó una medida similar el pasado verano.
La medida está destinada para incentivar el afloramiento tanto del capital que se ha desviado a paraísos fiscales como el dinero que se mueve dentro del país en lo que se conoce como la economía sumergida y que, según algunos cálculos, equivale e torno al 20% del total del PIB.
La lucha contra el fraude fiscal es un recurso al que suelen apelar los Gobiernos en épocas de vacas flacas, tal y como ya hizo el pasado Gobierno al reforzar las inspecciones de Hacienda y poner en marcha un plan para indentificar el empleo sumergido. En esta misma línea, este Ejecutivo, que afronta una caída en la recaudación del impuesto de sociedades del 60% desde que estalló la crisis, ha anunciado que este año espera recaudar su plan anual de lucha contra el fraude 8.171 millones, un 8% más que la previsión inicial del año pasado, que al final se cerró con un resultado mejor: de 10.400 millones. "Existe la necesidad de llevar a cabo la amnistía porque no se ha logrado corregir el fraude", ha argumentado Montoro sobre la superposición de las dos medidas.
Sobre los ingresos, El Gobierno ha aprobado un "programa de regularización fiscal" para las grandes empresas, lo que se traduce en una subida del impuesto de sociedades. Sin embargo, se descarta incrementar el IVA. En cuanto al apartado de impuestos indirectos, aumenta la carga fiscal que pesa sobre el tabaco.
En diciembre, el Gobierno, además de subir el IRPF, elevó el impuesto sobre los rendimientos del capital y el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Con ello, preveía recaudar unos 6.200 millones de euros.
Del lado del gasto, los Presupuestos incluirán un "ajuste drástico" en el gasto de los Ministerios del 16,9%, dos puntos por encima de lo que el presidente, Mariano Rajoy, había anunciado el martes.
Según ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, la "primera obligación" del Gobierno "es lograr unas cuentas públicas saneadas, pero no a cualquier precio ya que hay que apoyar a quienes más lo necesitan y no frenar la necesaria recuperación" de la economía española.
Entre las primeras medidas que ha desgranado la vicepresidenta con vistas a reducir el déficit, el Gobierno también ha anunciado la imposición del copago en la justicia con una nueva ley de tasas "que afectan al ámbito civil, al contencioso-administrativo y a la segunda instancia". La vicepresidenta ha asegurado que las tasas en la segunda instancia evitarán "los abusos".
Por otra parte, tal y como ya había anunciado el propio presidente, Mariano Rajoy, se mantiene congelado el sueldo de los funcionarios. Lo que no se toca es la actualización de las pensiones públicas, que se mantienen, las prestaciones por desempleo y las becas, ha añadido Santamaría. Asimismo, también se ha aprobado una subida de las tarifas eléctricas del 7%.
Fuente: El País
El plan de amnistía, según ha explicado Montoro establece un "gravamen especial" del capital que se regularice de un 10%, quedando así exonerado de cualquier penalización o sanción posterior. El ministro ha recordado que este es el procedimiento recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en países con especiales dificultades económicas. De hecho, el Gobierno de Berlusconi aprobó una medida similar el pasado verano.
La medida está destinada para incentivar el afloramiento tanto del capital que se ha desviado a paraísos fiscales como el dinero que se mueve dentro del país en lo que se conoce como la economía sumergida y que, según algunos cálculos, equivale e torno al 20% del total del PIB.
La lucha contra el fraude fiscal es un recurso al que suelen apelar los Gobiernos en épocas de vacas flacas, tal y como ya hizo el pasado Gobierno al reforzar las inspecciones de Hacienda y poner en marcha un plan para indentificar el empleo sumergido. En esta misma línea, este Ejecutivo, que afronta una caída en la recaudación del impuesto de sociedades del 60% desde que estalló la crisis, ha anunciado que este año espera recaudar su plan anual de lucha contra el fraude 8.171 millones, un 8% más que la previsión inicial del año pasado, que al final se cerró con un resultado mejor: de 10.400 millones. "Existe la necesidad de llevar a cabo la amnistía porque no se ha logrado corregir el fraude", ha argumentado Montoro sobre la superposición de las dos medidas.
Sobre los ingresos, El Gobierno ha aprobado un "programa de regularización fiscal" para las grandes empresas, lo que se traduce en una subida del impuesto de sociedades. Sin embargo, se descarta incrementar el IVA. En cuanto al apartado de impuestos indirectos, aumenta la carga fiscal que pesa sobre el tabaco.
En diciembre, el Gobierno, además de subir el IRPF, elevó el impuesto sobre los rendimientos del capital y el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Con ello, preveía recaudar unos 6.200 millones de euros.
Del lado del gasto, los Presupuestos incluirán un "ajuste drástico" en el gasto de los Ministerios del 16,9%, dos puntos por encima de lo que el presidente, Mariano Rajoy, había anunciado el martes.
Según ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, la "primera obligación" del Gobierno "es lograr unas cuentas públicas saneadas, pero no a cualquier precio ya que hay que apoyar a quienes más lo necesitan y no frenar la necesaria recuperación" de la economía española.
Entre las primeras medidas que ha desgranado la vicepresidenta con vistas a reducir el déficit, el Gobierno también ha anunciado la imposición del copago en la justicia con una nueva ley de tasas "que afectan al ámbito civil, al contencioso-administrativo y a la segunda instancia". La vicepresidenta ha asegurado que las tasas en la segunda instancia evitarán "los abusos".
Por otra parte, tal y como ya había anunciado el propio presidente, Mariano Rajoy, se mantiene congelado el sueldo de los funcionarios. Lo que no se toca es la actualización de las pensiones públicas, que se mantienen, las prestaciones por desempleo y las becas, ha añadido Santamaría. Asimismo, también se ha aprobado una subida de las tarifas eléctricas del 7%.
Fuente: El País
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