por Mauricio Merino / El Universal
El viernes 23 de marzo, gracias a los auspicios del IFE, la Red por la Rendición de Cuentas (en la que confluyen 60 organizaciones de la sociedad civil, la academia y el Estado) entregó a los dirigentes de los partidos nacionales un documento de 14 páginas en el que se sintetizan sus propuestas. Y los dirigentes —con excepción del PT— nos respondieron con la esperanza de verlas realizadas. Esto es lo que considero fundamental en ese documento:
1. Rendir cuentas en una democracia es, al ejercicio del poder, lo que el voto para asignarlo. Mientras no se rindan cuentas claras, la corrupción, la impunidad y la ineficacia seguirán pesando en contra de la democracia.
2. El problema no es la falta de instituciones y procesos de reciente cuño, sino su fragmentación. Lo que se ha ganado en transparencia, evaluación y fiscalización no está articulado en una política común.
3. Necesitamos responsables precisos de cada tarea pública, información completa y cuentas claras. No más complejidad burocrática, sino mejores métodos de gestión pública.
4. Hay que alinear las leyes de transparencia en el país y fortalecer a los órganos garantes. Darles autonomía, potencia para cumplir con sus atribuciones y salvaguardas para evitar la captura de sus integrantes. En el mismo sentido, es imperativo fortalecer los sistemas de gestión documental y los archivos mediante una legislación uniforme en el país.
5. Hay que otorgar autonomía constitucional a los órganos de fiscalización e impulsar un sistema nacional de fiscalización. Es urgente cumplir, ya, con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y distinguir entre la responsabilidad política de los gobiernos y la responsabilidad individual de los servidores públicos.
6. Para que la información, la evaluación y la fiscalización tengan consecuencias es indispensable crear una instancia jurisdiccional especializada —separada del Poder Ejecutivo— para desahogar las responsabilidades administrativas y fortalecer la responsabilidad patrimonial.
7. Hay que modificar el ciclo presupuestario y simplificar los sistemas de evaluación del gasto —actualmente dispersos y enfrentados entre distintas instancias de gobierno— e incluir “paquetes evaluativos presupuestarios” como condición para aprobar los presupuestos, con datos claros y verificables.
8. Hay que fortalecer las capacidades técnicas de la Cámara de Diputados. Hace falta un instituto especializado de análisis presupuestario, que reciba los resultados del órgano de fiscalización y, sobre esa base, ofrezca información precisa sobre el cumplimiento de los “paquetes evaluativos”. Es urgente que no se sigan aprobando presupuestos para repartir dinero y sostener inercias, sino para asignar responsabilidades en función de resultados comprobables.
9. Hay que impulsar el control democrático de la gestión pública y articular las distintas modalidades de participación social que hoy están dispersas.
Hay que crear consejos sociales de gestión y establecer una ventanilla única de propuesta y denuncia ciudadana dentro de las estructuras de control interno en los gobiernos. Las contralorías —hoy herméticas y oscuras— tienen que abrirse al escrutinio, dar cauce a la vigilancia de la sociedad y rendir informes públicos y verificables sobre sus actuaciones.
10. Es imperativo alinear la gestión de información para que cualquiera pueda verificar el ejercicio de los gastos y los avances de los “paquetes evaluativos” aprobados en el presupuesto. La rendición de cuentas perdería toda su razón de ser si excluyera la más amplia participación social y no incorporara todas las posibilidades de vigilancia pública sobre los dineros y los resultados.
Estas ideas compendian apenas lo fundamental de una amplia deliberación en curso, que está en los documentos que ha venido publicando esa Red. Ninguna está escrita sobre las rodillas. De modo que el debate está servido: no todo se resuelve con los votos; la democracia también es rendición de cuentas.
El viernes 23 de marzo, gracias a los auspicios del IFE, la Red por la Rendición de Cuentas (en la que confluyen 60 organizaciones de la sociedad civil, la academia y el Estado) entregó a los dirigentes de los partidos nacionales un documento de 14 páginas en el que se sintetizan sus propuestas. Y los dirigentes —con excepción del PT— nos respondieron con la esperanza de verlas realizadas. Esto es lo que considero fundamental en ese documento:
1. Rendir cuentas en una democracia es, al ejercicio del poder, lo que el voto para asignarlo. Mientras no se rindan cuentas claras, la corrupción, la impunidad y la ineficacia seguirán pesando en contra de la democracia.
2. El problema no es la falta de instituciones y procesos de reciente cuño, sino su fragmentación. Lo que se ha ganado en transparencia, evaluación y fiscalización no está articulado en una política común.
3. Necesitamos responsables precisos de cada tarea pública, información completa y cuentas claras. No más complejidad burocrática, sino mejores métodos de gestión pública.
4. Hay que alinear las leyes de transparencia en el país y fortalecer a los órganos garantes. Darles autonomía, potencia para cumplir con sus atribuciones y salvaguardas para evitar la captura de sus integrantes. En el mismo sentido, es imperativo fortalecer los sistemas de gestión documental y los archivos mediante una legislación uniforme en el país.
5. Hay que otorgar autonomía constitucional a los órganos de fiscalización e impulsar un sistema nacional de fiscalización. Es urgente cumplir, ya, con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y distinguir entre la responsabilidad política de los gobiernos y la responsabilidad individual de los servidores públicos.
6. Para que la información, la evaluación y la fiscalización tengan consecuencias es indispensable crear una instancia jurisdiccional especializada —separada del Poder Ejecutivo— para desahogar las responsabilidades administrativas y fortalecer la responsabilidad patrimonial.
7. Hay que modificar el ciclo presupuestario y simplificar los sistemas de evaluación del gasto —actualmente dispersos y enfrentados entre distintas instancias de gobierno— e incluir “paquetes evaluativos presupuestarios” como condición para aprobar los presupuestos, con datos claros y verificables.
8. Hay que fortalecer las capacidades técnicas de la Cámara de Diputados. Hace falta un instituto especializado de análisis presupuestario, que reciba los resultados del órgano de fiscalización y, sobre esa base, ofrezca información precisa sobre el cumplimiento de los “paquetes evaluativos”. Es urgente que no se sigan aprobando presupuestos para repartir dinero y sostener inercias, sino para asignar responsabilidades en función de resultados comprobables.
9. Hay que impulsar el control democrático de la gestión pública y articular las distintas modalidades de participación social que hoy están dispersas.
Hay que crear consejos sociales de gestión y establecer una ventanilla única de propuesta y denuncia ciudadana dentro de las estructuras de control interno en los gobiernos. Las contralorías —hoy herméticas y oscuras— tienen que abrirse al escrutinio, dar cauce a la vigilancia de la sociedad y rendir informes públicos y verificables sobre sus actuaciones.
10. Es imperativo alinear la gestión de información para que cualquiera pueda verificar el ejercicio de los gastos y los avances de los “paquetes evaluativos” aprobados en el presupuesto. La rendición de cuentas perdería toda su razón de ser si excluyera la más amplia participación social y no incorporara todas las posibilidades de vigilancia pública sobre los dineros y los resultados.
Estas ideas compendian apenas lo fundamental de una amplia deliberación en curso, que está en los documentos que ha venido publicando esa Red. Ninguna está escrita sobre las rodillas. De modo que el debate está servido: no todo se resuelve con los votos; la democracia también es rendición de cuentas.
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