Hoy faltan ideas y una mayor capacidad para saber innovar a partir de nuestras fortalezas
Fernando Vallespín / El País
Después de la decepcionante jornada del Eurogrupo, donde nos tuvimos que tragar nuestra confianza en poder elevar el techo de déficit, el pasado miércoles nos tocó asistir a un curioso Pleno del Congreso de los Diputados. Lo peculiar esta vez no fue la actitud defensiva del Gobierno o las críticas más o menos matizadas de la oposición. Lo asombroso fue percibir que casi todas las intervenciones tenían una parte de razón. Quizá, porque después de este largo periodo de terapia homeopática en el que nos han ido metiendo gota a gota el convencimiento de que no hay alternativa a los recortes y a la austeridad, ya apenas nos quedan fuerzas para imaginar o hacer algo distinto. Si se fijan, el debate iba dirigido sobre todo a acentuar la necesidad de cortar aquí en vez de allá, en esto o lo otro, pero la resignación se impone.
Las mismas declaraciones anteriores de los sindicatos convocando a la huelga general estaban cargadas de moderación y llamaban al diálogo, seguramente más impelidas por tratar de salvaguardar los logros sociales ya adquiridos que por oponerse numantinamente a la fiebre luterana. Bien mirado, es lo mínimo que pueden hacer frente a quienes tratan de segarles los pies. Algunos podremos estar de acuerdo en que todavía “no toca” apelar a este tipo de medidas, pero es innegable que la convocatoria es defensiva y sin ánimo de ruptura frontal.
En dicho debate llevaba razón Duran cuando dijo que “si no remamos todos en la misma dirección no vamos a ninguna parte”. Eso no se va a producir, un Gobierno sin oposición, por muy duras que sean las circunstancias, no acabará reflejando nunca el pluralismo de una sociedad como la nuestra, y la crítica política siempre es imprescindible. Además, por muy sintonizados que estemos al discurso dominante en Europa, que sepamos todavía no nos gobierna un Monti. No, me temo que la superación de las circunstancias en las que estamos no va a venir solo de la política institucional, por muy grandes que fueran los consensos en torno a la reducción del gasto público. Si no nos implicamos todos en la solución esto no tiene salida.
En estos momentos nos encontramos en una situación similar a aquella que ya vivieron países como Finlandia después de la caída del régimen soviético o Islandia hace solo unos pocos años. Son sociedades muy diferentes a la nuestra, mucho más cohesionadas, pero su ejemplo de unión entre sociedad civil y poderes públicos bien pudiera servirnos de punto de referencia. Ahora solo tenemos dos opciones, o rendirnos a la melancolía o la indignación, o arremangarnos y ponernos todos, cada uno en el ámbito que le competa, a sacar esto adelante. Ya hay algunos sectores que han dado el salto, como el Círculo Cívico de Opinión, por ejemplo, que reúne a un importante grupo de profesionales y académicos, que es plural en lo ideológico, pero que trabaja unido por detectar cuáles son nuestros problemas y sus posibles soluciones.
Hoy faltan ideas y una mayor capacidad para saber innovar a partir de nuestras fortalezas y evitar que nuestras deficiencias se conviertan en un lastre. En una situación de crisis, una sociedad dinámica y responsable no espera a que otros la dirijan, actúa por sí misma, se autoorganiza y se moviliza para buscar cooperativamente el camino que nos saque del atolladero; enmienda sus errores y se traza nuevos objetivos.
Con un Estado en retirada se debilitan las posibilidades de seguir apelando a su tradicional capacidad para ejercer su labor protectora. Pero eso no significa que haya llegado el momento tan ansiado por los liberales de subvertir el sentido de lo público y relegarlo a una dimensión marginal dentro de la vida social. Todo lo contrario, hoy más que nunca es necesario redefinir qué es lo imprescindible y qué lo superfluo en la acción estatal, qué nos podemos permitir bajo las actuales circunstancias y qué debe ser repensado. Siempre con la vista puesta en lo que tiene que ser preservado como bien público, y no como una ocasión para quienes buscan una oportunidad de negocio allí donde ahora ya no puede llegar la acción estatal.
Lo importante sería poder establecer un balance entre las irrenunciables demandas de la justicia social y el inevitable respeto a los procesos de autoorganización social que favorecen la productividad y la eficacia económica. Esto es lo que ahora mismo debería estar en el centro del debate público. Bien mirado, estamos ante una ocasión única desde la Transición para que la ciudadanía vuelva a ser protagonista de su destino.
Fernando Vallespín / El País
Después de la decepcionante jornada del Eurogrupo, donde nos tuvimos que tragar nuestra confianza en poder elevar el techo de déficit, el pasado miércoles nos tocó asistir a un curioso Pleno del Congreso de los Diputados. Lo peculiar esta vez no fue la actitud defensiva del Gobierno o las críticas más o menos matizadas de la oposición. Lo asombroso fue percibir que casi todas las intervenciones tenían una parte de razón. Quizá, porque después de este largo periodo de terapia homeopática en el que nos han ido metiendo gota a gota el convencimiento de que no hay alternativa a los recortes y a la austeridad, ya apenas nos quedan fuerzas para imaginar o hacer algo distinto. Si se fijan, el debate iba dirigido sobre todo a acentuar la necesidad de cortar aquí en vez de allá, en esto o lo otro, pero la resignación se impone.
Las mismas declaraciones anteriores de los sindicatos convocando a la huelga general estaban cargadas de moderación y llamaban al diálogo, seguramente más impelidas por tratar de salvaguardar los logros sociales ya adquiridos que por oponerse numantinamente a la fiebre luterana. Bien mirado, es lo mínimo que pueden hacer frente a quienes tratan de segarles los pies. Algunos podremos estar de acuerdo en que todavía “no toca” apelar a este tipo de medidas, pero es innegable que la convocatoria es defensiva y sin ánimo de ruptura frontal.
En dicho debate llevaba razón Duran cuando dijo que “si no remamos todos en la misma dirección no vamos a ninguna parte”. Eso no se va a producir, un Gobierno sin oposición, por muy duras que sean las circunstancias, no acabará reflejando nunca el pluralismo de una sociedad como la nuestra, y la crítica política siempre es imprescindible. Además, por muy sintonizados que estemos al discurso dominante en Europa, que sepamos todavía no nos gobierna un Monti. No, me temo que la superación de las circunstancias en las que estamos no va a venir solo de la política institucional, por muy grandes que fueran los consensos en torno a la reducción del gasto público. Si no nos implicamos todos en la solución esto no tiene salida.
En estos momentos nos encontramos en una situación similar a aquella que ya vivieron países como Finlandia después de la caída del régimen soviético o Islandia hace solo unos pocos años. Son sociedades muy diferentes a la nuestra, mucho más cohesionadas, pero su ejemplo de unión entre sociedad civil y poderes públicos bien pudiera servirnos de punto de referencia. Ahora solo tenemos dos opciones, o rendirnos a la melancolía o la indignación, o arremangarnos y ponernos todos, cada uno en el ámbito que le competa, a sacar esto adelante. Ya hay algunos sectores que han dado el salto, como el Círculo Cívico de Opinión, por ejemplo, que reúne a un importante grupo de profesionales y académicos, que es plural en lo ideológico, pero que trabaja unido por detectar cuáles son nuestros problemas y sus posibles soluciones.
Hoy faltan ideas y una mayor capacidad para saber innovar a partir de nuestras fortalezas y evitar que nuestras deficiencias se conviertan en un lastre. En una situación de crisis, una sociedad dinámica y responsable no espera a que otros la dirijan, actúa por sí misma, se autoorganiza y se moviliza para buscar cooperativamente el camino que nos saque del atolladero; enmienda sus errores y se traza nuevos objetivos.
Con un Estado en retirada se debilitan las posibilidades de seguir apelando a su tradicional capacidad para ejercer su labor protectora. Pero eso no significa que haya llegado el momento tan ansiado por los liberales de subvertir el sentido de lo público y relegarlo a una dimensión marginal dentro de la vida social. Todo lo contrario, hoy más que nunca es necesario redefinir qué es lo imprescindible y qué lo superfluo en la acción estatal, qué nos podemos permitir bajo las actuales circunstancias y qué debe ser repensado. Siempre con la vista puesta en lo que tiene que ser preservado como bien público, y no como una ocasión para quienes buscan una oportunidad de negocio allí donde ahora ya no puede llegar la acción estatal.
Lo importante sería poder establecer un balance entre las irrenunciables demandas de la justicia social y el inevitable respeto a los procesos de autoorganización social que favorecen la productividad y la eficacia económica. Esto es lo que ahora mismo debería estar en el centro del debate público. Bien mirado, estamos ante una ocasión única desde la Transición para que la ciudadanía vuelva a ser protagonista de su destino.
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