Maria Amparo Casar - Nexos
Un par de presidentes que llegaron al poder con la bandera de combatir la corrupción y poner en alto el valor de la soberanía, no deberían esperar a que el país más poderoso del mundo y su principal socio comercial los amenace con algún tipo de intervención para acabar con el crimen organizado y lo que llaman la narcopolítica. Que les recuerde un día sí y otro también sobre su responsabilidad y posibles represalias.
La política anticrimen y la política anticorrupción deberían ser parte del proyecto nacional de cualquier Estado y de cualquier gobierno, sea del color que sea. Más aún de una nación como la mexicana que ha sido asolada por estas dos lacras que no sólo sobrevivieron a la 4T sino que, según todos los índices, se han profundizado.
La presidenta Sheinbaum acertó cuando desde el primer día abandonó la llamada política de “abrazos no balazos”, se comprometió a confrontar al crimen organizado, no se conformó con la teoría de acabar con sus supuestas causas profundas y puso al frente de la política anticriminal a un profesional. A lo que ni su antecesor, ni ella se han comprometido es a arremeter con la misma enjundia la corrupción y a confrontar los vínculos entre algunos políticos y el crimen organizado.
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