- El choque con los jueces por las deportaciones es el último episodio en una lista de medidas de dudosa legalidad adoptadas en los primeros dos meses de mandato
Miguel Jiménez - Washington - El País
Donald Trump dijo en campaña que si ganaba las elecciones sería dictador el primer día. El presidente de Estados Unidos se ha dedicado desde su regreso triunfal a la Casa Blanca a forzar las costuras del poder ejecutivo, invadiendo competencias del legislativo con su avalancha de decretos y desafiando a los jueces. Su deriva autoritaria amenaza con provocar una crisis constitucional y pone en peligro el sistema de controles y equilibrios que ha caracterizado la democracia estadounidense en sus casi 250 años de historia. El choque de poderes se ha agudizado en la última semana, después de que el presidente recurriese a una ley del siglo XVIII aplicable en tiempos de guerra para deportar a inmigrantes sin garantías, como había prometido hacer.
El juez federal James Boasberg dio la orden de detener la deportación de cientos de venezolanos por la vía rápida a El Salvador, donde han sido encarcelados nada más llegar por el Gobierno de Nayib Bukele. El traslado no se detuvo y Trump reaccionó pidiendo que el juez fuera sometido a un juicio político (impeachment) para su destitución por el Congreso. En uno de sus mensajes en redes sociales repletos de mayúsculas, arremetió contra Boasberg: “Este juez lunático de la izquierda radical, un alborotador y agitador que fue tristemente nombrado por Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente”, empezaba su diatriba, dando a entender que la victoria electoral le sitúa a él por encima de la obediencia a las leyes y a los jueces.
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