Francisco Rojas
Algunos de los problemas argumentados para aumentar los impuestos y disminuir o diferir proyectos de inversión no fueron provocados por situaciones externas: no vino de fuera la baja de la producción petrolera, la disminución de las inversiones para aumentar las reservas ni el derroche de los recursos de Pemex; tampoco la carencia de una política industrial, el abatimiento de la industria de la transformación y la ruptura de las cadenas productivas; tampoco el desmantelamiento de la banca de desarrollo y el manejo de la banca comercial; y mucho menos el aumento explosivo de la alta burocracia y sus prestaciones, fuera de toda proporción.
La versión de las autoridades sobre la economía nacional pasó rápidamente de la autocomplacencia al catastrofismo. La primera desestimaba los efectos de la crisis financiera internacional y hacía alarde de la fortaleza de las finanzas públicas debido a su “manejo responsable” y al blindaje de la economía. Ninguno de estos argumentos aludía a la economía real: producción, empleo o demanda interna, entre otros.
Pasadas las elecciones de julio, la versión cambió radicalmente y se reveló con alarma la existencia de un faltante financiero para 2010 por 375 mil mdp. Esto fue el preámbulo del anuncio de cambios “de fondo” sin considerar su factibilidad política, el principal de los cuales fue la nueva prioridad declarada: el combate a la pobreza.
Estamos de acuerdo con el objetivo, pero el gobierno no le puede cobrar a los mismos pobres, a la clase media y a las pymes el costo de sus errores e imprevisiones. No es correcto presentar esas contribuciones como un esfuerzo de solidaridad con los más pobres, como el único medio para comprar vacunas ni como expresión de amor a la patria. Se trata de un problema financiero que puede y debe resolverse sin dañar más el precario nivel de vida de la gente. Más que un problema fiscal es un problema político y de obstinación, con políticas que no han logrado el crecimiento y el empleo ofrecido, y sí han generado en cambio más desigualdad y pobreza.
El proyecto oficial tiene por objetivo salvar el año fiscal y cuadrar las cuentas; carece de una visión de largo plazo y abunda en más de lo mismo. Para nosotros, lo urgente, lo inaplazable, es revertir la recesión, no ahondarla; poner en marcha nuevamente a las empresas que han cerrado e impulsar a otras y promover fuentes de trabajo para amplios grupos de población; esa es la forma más efectiva de combatir la pobreza, no con limosnas asistencialistas y electoreras.
Pero, al mismo tiempo, iniciaremos los cambios estructurales que deben adoptarse en los próximos meses impulsando: una reducción del gasto corriente improductivo; un programa sostenido de inversiones por no menos de tres años; la renovación de la banca de desarrollo para apoyar sectores clave de la economía; cambios en el sistema financiero que hagan compatibles la política monetaria con las de crecimiento y empleo, y generen mayor financiamiento de la banca comercial a los sectores productivos disminuyendo su costo; y un federalismo económico y social que contrarreste el centralismo y la opacidad de las decisiones, acercando éstas y la evaluación de sus resultados a la sociedad.
Asimismo, iniciaremos, junto con nuestra colegisladora, un proceso de revisión de la política de administración fiscal, incluyendo los regímenes especiales, para aumentar el número de causantes y elevar la recaudación a niveles acordes con la recuperación de la economía y el empleo.
Mientras tanto, como lo han hecho otros países, pugnaremos por una política contracíclica que utilice prudentemente el déficit para financiar proyectos de inversión pública, incentivar a sectores económicos estratégicos y apoyar los programas de estados y municipios.
Para ello, incorporaremos el concepto de Balance Presupuestal Multianual, estableciendo la obligación legal de que, una vez superada la emergencia, los superávit que se generen se destinen al pago de la deuda contraída durante la recesión, para recobrar el equilibrio de las finanzas públicas en un plazo razonable, importante objetivo de nuestra política fiscal contracíclica.
Los diputados ya se integraron a las comisiones y estamos en plena comunicación con el Senado; es la hora de lograr los acuerdos necesarios para recuperar el crecimiento económico y el empleo con desarrollo social, para el bienestar de todos los mexicanos.
Algunos de los problemas argumentados para aumentar los impuestos y disminuir o diferir proyectos de inversión no fueron provocados por situaciones externas: no vino de fuera la baja de la producción petrolera, la disminución de las inversiones para aumentar las reservas ni el derroche de los recursos de Pemex; tampoco la carencia de una política industrial, el abatimiento de la industria de la transformación y la ruptura de las cadenas productivas; tampoco el desmantelamiento de la banca de desarrollo y el manejo de la banca comercial; y mucho menos el aumento explosivo de la alta burocracia y sus prestaciones, fuera de toda proporción.
La versión de las autoridades sobre la economía nacional pasó rápidamente de la autocomplacencia al catastrofismo. La primera desestimaba los efectos de la crisis financiera internacional y hacía alarde de la fortaleza de las finanzas públicas debido a su “manejo responsable” y al blindaje de la economía. Ninguno de estos argumentos aludía a la economía real: producción, empleo o demanda interna, entre otros.
Pasadas las elecciones de julio, la versión cambió radicalmente y se reveló con alarma la existencia de un faltante financiero para 2010 por 375 mil mdp. Esto fue el preámbulo del anuncio de cambios “de fondo” sin considerar su factibilidad política, el principal de los cuales fue la nueva prioridad declarada: el combate a la pobreza.
Estamos de acuerdo con el objetivo, pero el gobierno no le puede cobrar a los mismos pobres, a la clase media y a las pymes el costo de sus errores e imprevisiones. No es correcto presentar esas contribuciones como un esfuerzo de solidaridad con los más pobres, como el único medio para comprar vacunas ni como expresión de amor a la patria. Se trata de un problema financiero que puede y debe resolverse sin dañar más el precario nivel de vida de la gente. Más que un problema fiscal es un problema político y de obstinación, con políticas que no han logrado el crecimiento y el empleo ofrecido, y sí han generado en cambio más desigualdad y pobreza.
El proyecto oficial tiene por objetivo salvar el año fiscal y cuadrar las cuentas; carece de una visión de largo plazo y abunda en más de lo mismo. Para nosotros, lo urgente, lo inaplazable, es revertir la recesión, no ahondarla; poner en marcha nuevamente a las empresas que han cerrado e impulsar a otras y promover fuentes de trabajo para amplios grupos de población; esa es la forma más efectiva de combatir la pobreza, no con limosnas asistencialistas y electoreras.
Pero, al mismo tiempo, iniciaremos los cambios estructurales que deben adoptarse en los próximos meses impulsando: una reducción del gasto corriente improductivo; un programa sostenido de inversiones por no menos de tres años; la renovación de la banca de desarrollo para apoyar sectores clave de la economía; cambios en el sistema financiero que hagan compatibles la política monetaria con las de crecimiento y empleo, y generen mayor financiamiento de la banca comercial a los sectores productivos disminuyendo su costo; y un federalismo económico y social que contrarreste el centralismo y la opacidad de las decisiones, acercando éstas y la evaluación de sus resultados a la sociedad.
Asimismo, iniciaremos, junto con nuestra colegisladora, un proceso de revisión de la política de administración fiscal, incluyendo los regímenes especiales, para aumentar el número de causantes y elevar la recaudación a niveles acordes con la recuperación de la economía y el empleo.
Mientras tanto, como lo han hecho otros países, pugnaremos por una política contracíclica que utilice prudentemente el déficit para financiar proyectos de inversión pública, incentivar a sectores económicos estratégicos y apoyar los programas de estados y municipios.
Para ello, incorporaremos el concepto de Balance Presupuestal Multianual, estableciendo la obligación legal de que, una vez superada la emergencia, los superávit que se generen se destinen al pago de la deuda contraída durante la recesión, para recobrar el equilibrio de las finanzas públicas en un plazo razonable, importante objetivo de nuestra política fiscal contracíclica.
Los diputados ya se integraron a las comisiones y estamos en plena comunicación con el Senado; es la hora de lograr los acuerdos necesarios para recuperar el crecimiento económico y el empleo con desarrollo social, para el bienestar de todos los mexicanos.
Fuente: El Universal
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