LIGA DE ECONOMISTAS REVOLUCIONARIOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 2008-2011
Detrás del conflicto político laboral de la compañía Luz y Fuerza del Centro, se ocultan las verdaderas intenciones del Gobierno Federal: la liquidación y privatización de la empresa paraestatal que suministra energía eléctrica al Distrito Federal, Estado de México, Morelos Hidalgo y Puebla.
La intromisión -no el arbitraje- del Secretario del Trabajo, Javier Lozano en el conflicto sindical del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) está orientada a desaparecer la representación sindical como un paso previo a la liquidación de la mencionada empresa.
Ha trascendido que el trasfondo es la firma de un contrato –firmado en el sexenio de Vicente Fox, sin licitación alguna- que otorga a la empresa española W. L. Comunicaciones, el derecho a emplear la infraestructura de Luz y Fuerza del Centro, para instalar una red de fibra óptica en el Distrito Federal y el Estado de México, con el propósito de explotar el jugoso negocio llamado “triple play”: Internet, telefonía y televisión de paga, para lo cual han contado con la complicidad de Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, Exsecretarios de Energía del gobierno Foxista.
Las revelaciones de Martín Esparza, líder del sindicato, en el sentido que estaba siendo presionado por el propio Javier Lozano para que aceptara las condiciones establecidas en el mencionado contrato, que dejaban fuera el derecho del sindicato de tener una concesión espejo para dar el mismo servicio, tal como se establece en el contrato colectivo del trabajo, provocaron las acciones de linchamiento coordinadas por el secretario del Trabajo.
Está muy claro que no es facultad de Javier Lozano, dictaminar si el proceso interno es legal o no, corresponde a la Junta de Conciliación y Arbitraje precisar si es procedente el recurso de impugnación y en su caso determinar la reposición de la votación.
Por otra parte, es importante señalar que como parte de la estrategia privatizadora del Gobierno Federal, existen 700 permisos autorizados por la Comisión Reguladora de Energía, para que compañías privadas extranjeras generen energía y se la vendan a Comisión Federal de Electricidad, la intención es que empresas extranjeras como Mitsubishi, Enron, Siemens, Intergrem entre otros, suministren energía a los grandes consumidores, quedándose con el 70 por ciento del negocio, dejándole a CFE y LFC. el servicio domestico y el servicio comercial que es el 30 por ciento.
Para tener una idea de los intereses que están en juego, baste señalar que la paraestatal en conflicto representa una facturación anual de 55 mil millones de pesos y un subsidio de 40 mil millones, es decir, casi 100 mil millones de pesos al año.
Es innegable que al interior de la empresa existen evidencias de corrupción e ineficiencia que requieren de un esfuerzo extraordinario para llevar a cabo su saneamiento y modernización, pero de ninguna manera el conflicto intergremial justifica la verdadera intención del Gobierno Federal: su desaparición.
El manejo del conflicto tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos de Calderón con quienes lo impulsaron para llegar al poder, que son ni más ni menos, las empresas trasnacionales quienes pretenden adueñarse del petróleo, la energía y las telecomunicaciones.
En conclusión, por obra y gracia de los gobiernos neoliberales como el del Presidente Calderón nos hemos quedado sin Ferrocarriles, sin Conasupo, sin Banrural, sin Banca Comercial ni de Desarrollo, y al paso que vamos sin Educación Pública, sin Petróleo, sin Energía Eléctrica y en consecuencia el riesgo más grave es quedarnos sin país.
La intromisión -no el arbitraje- del Secretario del Trabajo, Javier Lozano en el conflicto sindical del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) está orientada a desaparecer la representación sindical como un paso previo a la liquidación de la mencionada empresa.
Ha trascendido que el trasfondo es la firma de un contrato –firmado en el sexenio de Vicente Fox, sin licitación alguna- que otorga a la empresa española W. L. Comunicaciones, el derecho a emplear la infraestructura de Luz y Fuerza del Centro, para instalar una red de fibra óptica en el Distrito Federal y el Estado de México, con el propósito de explotar el jugoso negocio llamado “triple play”: Internet, telefonía y televisión de paga, para lo cual han contado con la complicidad de Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, Exsecretarios de Energía del gobierno Foxista.
Las revelaciones de Martín Esparza, líder del sindicato, en el sentido que estaba siendo presionado por el propio Javier Lozano para que aceptara las condiciones establecidas en el mencionado contrato, que dejaban fuera el derecho del sindicato de tener una concesión espejo para dar el mismo servicio, tal como se establece en el contrato colectivo del trabajo, provocaron las acciones de linchamiento coordinadas por el secretario del Trabajo.
Está muy claro que no es facultad de Javier Lozano, dictaminar si el proceso interno es legal o no, corresponde a la Junta de Conciliación y Arbitraje precisar si es procedente el recurso de impugnación y en su caso determinar la reposición de la votación.
Por otra parte, es importante señalar que como parte de la estrategia privatizadora del Gobierno Federal, existen 700 permisos autorizados por la Comisión Reguladora de Energía, para que compañías privadas extranjeras generen energía y se la vendan a Comisión Federal de Electricidad, la intención es que empresas extranjeras como Mitsubishi, Enron, Siemens, Intergrem entre otros, suministren energía a los grandes consumidores, quedándose con el 70 por ciento del negocio, dejándole a CFE y LFC. el servicio domestico y el servicio comercial que es el 30 por ciento.
Para tener una idea de los intereses que están en juego, baste señalar que la paraestatal en conflicto representa una facturación anual de 55 mil millones de pesos y un subsidio de 40 mil millones, es decir, casi 100 mil millones de pesos al año.
Es innegable que al interior de la empresa existen evidencias de corrupción e ineficiencia que requieren de un esfuerzo extraordinario para llevar a cabo su saneamiento y modernización, pero de ninguna manera el conflicto intergremial justifica la verdadera intención del Gobierno Federal: su desaparición.
El manejo del conflicto tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos de Calderón con quienes lo impulsaron para llegar al poder, que son ni más ni menos, las empresas trasnacionales quienes pretenden adueñarse del petróleo, la energía y las telecomunicaciones.
En conclusión, por obra y gracia de los gobiernos neoliberales como el del Presidente Calderón nos hemos quedado sin Ferrocarriles, sin Conasupo, sin Banrural, sin Banca Comercial ni de Desarrollo, y al paso que vamos sin Educación Pública, sin Petróleo, sin Energía Eléctrica y en consecuencia el riesgo más grave es quedarnos sin país.
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