José Luis Calva
Durante su participación en el Congreso Internacional de Finanzas y Economía, organizado por el ITESM, Campus Guadalajara, el profesor Edward Prescott, premio Nobel de Economía 2004, señaló: “En escenarios de crisis como el actual lo último que se debe hacer es incrementar los impuestos, pues con ello se deprime la economía, se inhibe la inversión empresarial y, por lo tanto, se generan menos empleos” (La Jornada Jalisco, 24/X/09). Esta visión es compartida no sólo por una amplia mayoría de economistas, sino también de ciudadanos.
Por eso el malestar provocado por las alzas de impuestos que aprobó la Cámara de Diputados es tan generalizado.
La obcecación de las autoridades hacendarias ha desembocado así en un tremendo lío. Al empeñarse en aumentar impuestos y en recortar la inversión y el gasto públicos —incluso en educación, salud, agricultura, etcétera—, amenazando además con reducir los recursos de estados y municipios, afectando en consecuencia servicios y bienes públicos locales, la SHCP está obrando en dirección contraria a la declaración final de la reciente Cumbre del Grupo de los 20, que estableció: “El proceso de recuperación y reparación [de la economía global] continúa siendo incompleto”. “Nos comprometemos hoy a mantener nuestras fuertes políticas de respuesta a la crisis hasta que una recuperación duradera esté asegurada”. “Evitaremos una retirada prematura del estímulo” (EL UNIVERSAL, 26/IX/09).
La postura de la SHCP resulta particularmente excéntrica en el área del TLCAN. En Estados Unidos, por ejemplo, como ha subrayado el profesor Jeffrey Sachs, “alrededor de una tercera parte de los 800 mil millones de dólares del estímulo de dos años comprende reducciones fiscales (para estimular el gasto en consumo); una tercera parte son gastos públicos en carreteras, escuelas, energía eléctrica y otras infraestructuras; y otra tercera parte reviste la forma de transferencias federales a los gobiernos estatales y locales” (J. D. Sachs, “La crisis financiera un año después”, Project Syndicate, 2009).
En México, no sólo carecemos de un Obama en la Presidencia, sino que está fallando el empuje de los diputados de la mayoría priísta para impulsar un programa fiscal ya no digamos proporcionalmente tan expansivo como el estadounidense, sino que por lo menos no eleve el IVA, el ISR ni los IEPS durante 2010, además de que mantenga en términos reales la inversión y el gasto público federales —exceptuando una saludable reducción del costo de la alta burocracia—, y mantenga también en términos reales las transferencias a los gobiernos estatales y municipales.
El miedo de la SHCP a las consecuencias de un mayor déficit fiscal en 2010 carece de fundamento. Hasta el FMI, en sus Perspectivas económicas: las Américas 2009, nos ha recomendado: “A fin de asegurar la solvencia fiscal y evitar una reacción adversa de los mercados, convendría tener en cuenta tres condiciones: 1) el estímulo fiscal debe ser realmente transitorio; 2) los marcos fiscales a mediano plazo deben explícitamente comprometer al gobierno a una corrección fiscal cuando las condiciones económicas mejoren; y 3) deben implementarse reformas estructurales para reforzar el crecimiento y, por lo tanto, las perspectivas de los ingresos fiscales a mediano plazo”. Este es el punto: no se trata de elevar los impuestos ni de recortar el gasto público ahora. La tarea de hoy consiste en crear las condiciones para que la corrección fiscal se realice al recuperarse la economía.
Permítaseme recordar también que durante la presentación de su Estudio económico sobre México 2009, la OCDE —a través de la jefa de su División de Estudios Económicos, Piritta Sorsa— sugirió a nuestro país “postergar el alza de impuestos para después de la reactivación económica” y “dejar que aumente el déficit fiscal a 5% del PIB para 2010” (EL UNIVERSAL, 31/VII/09 y El Financiero, 31/VII/09).
Este es el punto: la suma de recortes presupuestales e incrementos de impuestos que la SHCP propuso para 2010 representan el 2% del PIB, de modo que tales acciones procíclicas podrían evitarse mediante un déficit fiscal menor del sugerido por la OCDE: 2.5% del PIB sin considerar la inversión de Pemex y 4.5% del PIB considerando dicha inversión (además, ambas cifras podrían reducirse por ajustes en el precio del petróleo).
Esto es lo que debería acordar el Senado como primer paso. Al mismo tiempo, debería convocar a un amplio foro de reflexión abierta e informada que desemboque en la reforma hacendaria integral de amplio respaldo ciudadano que México requiere para su entrada en vigor a partir de 2011. Sería una solución acorde con las resoluciones del G-20, así como con las recomendaciones del FMI, de la OCDE, del BID y de muy destacados economistas de renombre mundial.
Fuente: El Universal
Por eso el malestar provocado por las alzas de impuestos que aprobó la Cámara de Diputados es tan generalizado.
La obcecación de las autoridades hacendarias ha desembocado así en un tremendo lío. Al empeñarse en aumentar impuestos y en recortar la inversión y el gasto públicos —incluso en educación, salud, agricultura, etcétera—, amenazando además con reducir los recursos de estados y municipios, afectando en consecuencia servicios y bienes públicos locales, la SHCP está obrando en dirección contraria a la declaración final de la reciente Cumbre del Grupo de los 20, que estableció: “El proceso de recuperación y reparación [de la economía global] continúa siendo incompleto”. “Nos comprometemos hoy a mantener nuestras fuertes políticas de respuesta a la crisis hasta que una recuperación duradera esté asegurada”. “Evitaremos una retirada prematura del estímulo” (EL UNIVERSAL, 26/IX/09).
La postura de la SHCP resulta particularmente excéntrica en el área del TLCAN. En Estados Unidos, por ejemplo, como ha subrayado el profesor Jeffrey Sachs, “alrededor de una tercera parte de los 800 mil millones de dólares del estímulo de dos años comprende reducciones fiscales (para estimular el gasto en consumo); una tercera parte son gastos públicos en carreteras, escuelas, energía eléctrica y otras infraestructuras; y otra tercera parte reviste la forma de transferencias federales a los gobiernos estatales y locales” (J. D. Sachs, “La crisis financiera un año después”, Project Syndicate, 2009).
En México, no sólo carecemos de un Obama en la Presidencia, sino que está fallando el empuje de los diputados de la mayoría priísta para impulsar un programa fiscal ya no digamos proporcionalmente tan expansivo como el estadounidense, sino que por lo menos no eleve el IVA, el ISR ni los IEPS durante 2010, además de que mantenga en términos reales la inversión y el gasto público federales —exceptuando una saludable reducción del costo de la alta burocracia—, y mantenga también en términos reales las transferencias a los gobiernos estatales y municipales.
El miedo de la SHCP a las consecuencias de un mayor déficit fiscal en 2010 carece de fundamento. Hasta el FMI, en sus Perspectivas económicas: las Américas 2009, nos ha recomendado: “A fin de asegurar la solvencia fiscal y evitar una reacción adversa de los mercados, convendría tener en cuenta tres condiciones: 1) el estímulo fiscal debe ser realmente transitorio; 2) los marcos fiscales a mediano plazo deben explícitamente comprometer al gobierno a una corrección fiscal cuando las condiciones económicas mejoren; y 3) deben implementarse reformas estructurales para reforzar el crecimiento y, por lo tanto, las perspectivas de los ingresos fiscales a mediano plazo”. Este es el punto: no se trata de elevar los impuestos ni de recortar el gasto público ahora. La tarea de hoy consiste en crear las condiciones para que la corrección fiscal se realice al recuperarse la economía.
Permítaseme recordar también que durante la presentación de su Estudio económico sobre México 2009, la OCDE —a través de la jefa de su División de Estudios Económicos, Piritta Sorsa— sugirió a nuestro país “postergar el alza de impuestos para después de la reactivación económica” y “dejar que aumente el déficit fiscal a 5% del PIB para 2010” (EL UNIVERSAL, 31/VII/09 y El Financiero, 31/VII/09).
Este es el punto: la suma de recortes presupuestales e incrementos de impuestos que la SHCP propuso para 2010 representan el 2% del PIB, de modo que tales acciones procíclicas podrían evitarse mediante un déficit fiscal menor del sugerido por la OCDE: 2.5% del PIB sin considerar la inversión de Pemex y 4.5% del PIB considerando dicha inversión (además, ambas cifras podrían reducirse por ajustes en el precio del petróleo).
Esto es lo que debería acordar el Senado como primer paso. Al mismo tiempo, debería convocar a un amplio foro de reflexión abierta e informada que desemboque en la reforma hacendaria integral de amplio respaldo ciudadano que México requiere para su entrada en vigor a partir de 2011. Sería una solución acorde con las resoluciones del G-20, así como con las recomendaciones del FMI, de la OCDE, del BID y de muy destacados economistas de renombre mundial.
Fuente: El Universal
No hay comentarios:
Publicar un comentario