Irma Eréndira Sandoval
La liquidación de Luz y Fuerza del Centro y la actual confrontación del Sindicato Mexicano Electricistas (SME) con el gobierno mexicano han demostrado una vez más que el neoliberalismo no es un proyecto económico con repercusiones políticas, sino fundamentalmente un proyecto político de consecuencias económicas. Así mismo, una vez más se comprueba que las políticas neoliberales de ninguna manera implican el retiro del Estado, sino que cada día precisan de mayor respaldo gubernamental.
Hoy, nadie puede seguir sosteniendo aquellas tesis de las reformas “liberalizadoras” como el automático repliegue del Estado y su sustitución por un idílico mercado de competencia perfecta. Otra falsedad era que el proceso se acompañaba del reemplazo de funcionarios “populistas” del Estado de matriz keynesiana por jóvenes tecnócratas autónomos e independientes que en sus torres de marfil interpretaban el oráculo del mercado con ecuaciones de pizarrón. La dinámica política ha hecho que los tecnócratas de ayer y hoy se revelen como lo que siempre han sido, ávidas camarillas articuladas a renovados compromisos políticos.
Uno de los casos más paradigmáticos del constante intervencionismo político inherente al neoliberalismo es el desarrollo histórico del sector bancario en nuestro país. Bajo el concepto de liberalización, el gobierno mexicano nacionalizó la banca en 1982, la privatizó en 1992 y eclécticamente operó una “nacionalización-privatizante” entre 1994 y 1996 con el famoso rescate bancario. ¿Cuáles serían las variables que explican los distintos tipos de intervención estatal y los diferentes niveles de corrupción en estos tres momentos de la “liberalización” financiera? Aquí podemos adelantar tres hipótesis. Primero, la forma concreta que ha adoptado el intervencionismo estatal ha dependido principalmente de las bases sociales de apoyo del régimen político. Segundo, la existencia en mayor o menor medida de fenómenos de corrupción y rentismo se pueden explicar más en función del nivel de incertidumbre política que por el tipo de régimen político. Tercero, un incremento en los niveles de democratización y transparencia gubernamental favorece la implementación de políticas públicas definitivas e irreversibles.
Hoy, a más de un cuarto de siglo de la estatización, operamos con un sistema de pagos y de crédito totalmente controlado por extranjeros. Incluso, a raíz del rescate bancario impulsado por Bush y continuado por Obama, esta extranjerización está siendo llevada al extremo. Los más de 700 mil millones de dólares invertidos en “la madre de todos los Fobaproas” en el vencino país han hecho que las acciones de Banamex, filial de Citibank, queden bajo el control del gobierno estadounidense, algo ilegal en nuestro país. Habría que celebrar, por ello, la controversia constitucional que los senadores han presentado en esta materia.
Hoy, nadie puede seguir sosteniendo aquellas tesis de las reformas “liberalizadoras” como el automático repliegue del Estado y su sustitución por un idílico mercado de competencia perfecta. Otra falsedad era que el proceso se acompañaba del reemplazo de funcionarios “populistas” del Estado de matriz keynesiana por jóvenes tecnócratas autónomos e independientes que en sus torres de marfil interpretaban el oráculo del mercado con ecuaciones de pizarrón. La dinámica política ha hecho que los tecnócratas de ayer y hoy se revelen como lo que siempre han sido, ávidas camarillas articuladas a renovados compromisos políticos.
Uno de los casos más paradigmáticos del constante intervencionismo político inherente al neoliberalismo es el desarrollo histórico del sector bancario en nuestro país. Bajo el concepto de liberalización, el gobierno mexicano nacionalizó la banca en 1982, la privatizó en 1992 y eclécticamente operó una “nacionalización-privatizante” entre 1994 y 1996 con el famoso rescate bancario. ¿Cuáles serían las variables que explican los distintos tipos de intervención estatal y los diferentes niveles de corrupción en estos tres momentos de la “liberalización” financiera? Aquí podemos adelantar tres hipótesis. Primero, la forma concreta que ha adoptado el intervencionismo estatal ha dependido principalmente de las bases sociales de apoyo del régimen político. Segundo, la existencia en mayor o menor medida de fenómenos de corrupción y rentismo se pueden explicar más en función del nivel de incertidumbre política que por el tipo de régimen político. Tercero, un incremento en los niveles de democratización y transparencia gubernamental favorece la implementación de políticas públicas definitivas e irreversibles.
Hoy, a más de un cuarto de siglo de la estatización, operamos con un sistema de pagos y de crédito totalmente controlado por extranjeros. Incluso, a raíz del rescate bancario impulsado por Bush y continuado por Obama, esta extranjerización está siendo llevada al extremo. Los más de 700 mil millones de dólares invertidos en “la madre de todos los Fobaproas” en el vencino país han hecho que las acciones de Banamex, filial de Citibank, queden bajo el control del gobierno estadounidense, algo ilegal en nuestro país. Habría que celebrar, por ello, la controversia constitucional que los senadores han presentado en esta materia.
Pero más allá de la evidente violación a nuestra normatividad, lo preocupante es que hoy el sistema bancario representa más un freno que un motor para el dinamismo y el desarrollo económicos. Existe un mediocre nivel crediticio en el que las tasas anuales de créditos al consumo, a la inversión productiva y a los servicios han venido en franca caída, para no mencionar al campo y a los pequeños productores que simplemente no son más sujetos de crédito para los bancos. Hoy, además de tener una banca extranjerizada, usurera (por los altos niveles de intermediación de los que se alimenta) y fuertemente subsidiada a través de los pagarés del Fobaproa, tenemos una banca que no ayuda al desarrollo productivo.
Pero la culpa no sólo la tiene la banca, sino quienes la hacen comadre: Felipe Calderón, Agustín Carstens, Guillermo Ortiz y Luis Pazos. Mientras la administración actual pretende demostrar gran “valentía” en su trato hacia los “privilegios” del SME, no se ha atrevido a ponerles freno a los banqueros y sus tendencias rentistas y depredadoras del ahorro nacional. En lugar de exprimir más a los pobres y a los contribuyentes cautivos por medio de IVA e ISR, habría que tomar al toro por los cuernos y regular las operaciones activas y pasivas de la banca para reducir al mínimo los márgenes de intermediación, así como obligar a los banqueros a financiar el desarrollo.
Pero la culpa no sólo la tiene la banca, sino quienes la hacen comadre: Felipe Calderón, Agustín Carstens, Guillermo Ortiz y Luis Pazos. Mientras la administración actual pretende demostrar gran “valentía” en su trato hacia los “privilegios” del SME, no se ha atrevido a ponerles freno a los banqueros y sus tendencias rentistas y depredadoras del ahorro nacional. En lugar de exprimir más a los pobres y a los contribuyentes cautivos por medio de IVA e ISR, habría que tomar al toro por los cuernos y regular las operaciones activas y pasivas de la banca para reducir al mínimo los márgenes de intermediación, así como obligar a los banqueros a financiar el desarrollo.
En otros países, por ejemplo, ante la gravedad de la crisis económica mundial ya se aprestan las sanciones para los banqueros que no otorguen al menos 10% de créditos para los sectores agrícola e industrial. Nada de eso pasará aquí en el corto plazo de seguir imperando el actual modelo económico, que salvaguarda los intereses financieros por sobre los productivos, y de seguir operando el proyecto político del “capitalismo de compadres” que tanto daño ha hecho al país.
Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
Fuente: El Universal
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