Guillermo Knochenhauer
En lo que va del sexenio de Felipe Calderón han aumentado el gasto contra la pobreza y el número de mexicanos pobres. Al mismo tiempo han caído la actividad productiva que genera impuestos y la tributación petrolera. La situación es muy clara: tenemos un gasto público inflado e ineficaz, mayor número de pobres, una economía en recesión y un enorme déficit fiscal.
La causa económica (para no hablar de las políticas y demás) que es común a esos problemas, no es la crisis global sino el crecimiento prácticamente nulo del ingreso per cápita durante los últimos 27 años, al que se refirió Carlos Slim (El Financiero 8/10/2009). No obstante, la prioridad del gobierno, según lo anuncia, es elevar el componente social del gasto para lo cual le ha propuesto al Congreso la creación de un nuevo impuesto de 2% “contra la pobreza”. Mentira: cualquier ingreso extra que pueda captar la hacienda pública tendrá que aplicarse a compensar la caída de ingresos petroleros para sostener el nivel de gasto que el gobierno se empeña no sólo en conservar, sino en aumentar.
Uno de los componentes del gasto que más ha crecido es el social, pese a lo cual la pobreza va más rápido. Los datos son inequívocos: mientras la Secretaría de Desarrollo Social aumentaba su presupuesto de $26,572,781,000 a $50,088,709,400 en tan sólo 3 años, de 2006 a 2008, al mismo tiempo cayeron en pobreza alimentaria 5,030,768 más de personas (ya representan 18.2%, casi uno de cada cinco mexicanos); a la pobreza de capacidades se sumaron 5,107,847 de compatriotas y 5,872,945 se agregaron al índice de la pobreza patrimonial.
Los programas de gobierno “contra la pobreza” costaron, en conjunto, $207,988 mil millones de pesos durante 2008, 26.3% más, en términos reales que en 2007. La relación (ineficaz) entre el aumento del gasto social y el de la pobreza a causa de la caída del producto por habitante es tan evidente, que obligaría a cambiar la estrategia.
La discusión entre gobierno y el Congreso más importante en estos momentos no es la miscelánea fiscal en sí, sino como instrumento para evitar que se cumpla el pronóstico del FMI según el cual, la recuperación de México será más lenta que la del resto de América Latina. Este 2009, dice el organismo, América Latina y el Caribe tendrán una caída productiva de 2.5% en promedio, mientras que la de México será de 7.3%. El fondo atribuye esta situación mexicana y su perspectiva a la política que se sigue ante la crisis (como si la crisis no existiera), al grado de integración (¿apertura?) de la economía mexicana a la mundial y a la composición y concentración de las exportaciones a Estados Unidos. Estima que como van las cosas, en 2014 se habrá alcanzado un crecimiento de apenas 1.4 por ciento promedio anual desde el 2000.
Tan sólo para ofrecer los empleos que reclama el crecimiento demográfico se necesitaría crecer al 6% anual, como en otras épocas lo ha hecho el país. Para superar el pobre resultado que anticipa el FMI, hacen falta políticas y acciones que infundan confianza en las políticas públicas de los empresarios y los consumidores.
Las decisiones de inversiones empresariales dependen de los cálculos que puedan hacer, con razonable certidumbre, de las utilidades que generarían las nuevas inversiones. Una de las condiciones básicas de esa confianza, es la capacidad de gasto de las familias.
Mientras las clases medias sigan engrosando los índices de pobreza en vez de mejorar su estabilidad en empleos cada más numerosos y mejor remunerados, y su crédito al consumo siga restringido y caro, seguirá faltando el mercado en ascenso necesario para detonar las inversiones privadas. El círculo se va haciendo cada vez más estrecho. Recuperar el crecimiento es imperativo como solución necesaria, aunque no suficiente en ausencia de la equidad, a problemas como la caída en la recaudación fiscal y el aumento de la pobreza. Lo que falta es el agente detonador de ese crecimiento económico, que en casi todos los países ha sido el gasto público expansivo y la confianza en las decisiones de gobierno.
En lo que va del sexenio de Felipe Calderón han aumentado el gasto contra la pobreza y el número de mexicanos pobres. Al mismo tiempo han caído la actividad productiva que genera impuestos y la tributación petrolera. La situación es muy clara: tenemos un gasto público inflado e ineficaz, mayor número de pobres, una economía en recesión y un enorme déficit fiscal.
La causa económica (para no hablar de las políticas y demás) que es común a esos problemas, no es la crisis global sino el crecimiento prácticamente nulo del ingreso per cápita durante los últimos 27 años, al que se refirió Carlos Slim (El Financiero 8/10/2009). No obstante, la prioridad del gobierno, según lo anuncia, es elevar el componente social del gasto para lo cual le ha propuesto al Congreso la creación de un nuevo impuesto de 2% “contra la pobreza”. Mentira: cualquier ingreso extra que pueda captar la hacienda pública tendrá que aplicarse a compensar la caída de ingresos petroleros para sostener el nivel de gasto que el gobierno se empeña no sólo en conservar, sino en aumentar.
Uno de los componentes del gasto que más ha crecido es el social, pese a lo cual la pobreza va más rápido. Los datos son inequívocos: mientras la Secretaría de Desarrollo Social aumentaba su presupuesto de $26,572,781,000 a $50,088,709,400 en tan sólo 3 años, de 2006 a 2008, al mismo tiempo cayeron en pobreza alimentaria 5,030,768 más de personas (ya representan 18.2%, casi uno de cada cinco mexicanos); a la pobreza de capacidades se sumaron 5,107,847 de compatriotas y 5,872,945 se agregaron al índice de la pobreza patrimonial.
Los programas de gobierno “contra la pobreza” costaron, en conjunto, $207,988 mil millones de pesos durante 2008, 26.3% más, en términos reales que en 2007. La relación (ineficaz) entre el aumento del gasto social y el de la pobreza a causa de la caída del producto por habitante es tan evidente, que obligaría a cambiar la estrategia.
La discusión entre gobierno y el Congreso más importante en estos momentos no es la miscelánea fiscal en sí, sino como instrumento para evitar que se cumpla el pronóstico del FMI según el cual, la recuperación de México será más lenta que la del resto de América Latina. Este 2009, dice el organismo, América Latina y el Caribe tendrán una caída productiva de 2.5% en promedio, mientras que la de México será de 7.3%. El fondo atribuye esta situación mexicana y su perspectiva a la política que se sigue ante la crisis (como si la crisis no existiera), al grado de integración (¿apertura?) de la economía mexicana a la mundial y a la composición y concentración de las exportaciones a Estados Unidos. Estima que como van las cosas, en 2014 se habrá alcanzado un crecimiento de apenas 1.4 por ciento promedio anual desde el 2000.
Tan sólo para ofrecer los empleos que reclama el crecimiento demográfico se necesitaría crecer al 6% anual, como en otras épocas lo ha hecho el país. Para superar el pobre resultado que anticipa el FMI, hacen falta políticas y acciones que infundan confianza en las políticas públicas de los empresarios y los consumidores.
Las decisiones de inversiones empresariales dependen de los cálculos que puedan hacer, con razonable certidumbre, de las utilidades que generarían las nuevas inversiones. Una de las condiciones básicas de esa confianza, es la capacidad de gasto de las familias.
Mientras las clases medias sigan engrosando los índices de pobreza en vez de mejorar su estabilidad en empleos cada más numerosos y mejor remunerados, y su crédito al consumo siga restringido y caro, seguirá faltando el mercado en ascenso necesario para detonar las inversiones privadas. El círculo se va haciendo cada vez más estrecho. Recuperar el crecimiento es imperativo como solución necesaria, aunque no suficiente en ausencia de la equidad, a problemas como la caída en la recaudación fiscal y el aumento de la pobreza. Lo que falta es el agente detonador de ese crecimiento económico, que en casi todos los países ha sido el gasto público expansivo y la confianza en las decisiones de gobierno.
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