Carlos Rojas
La semana pasada se cumplió un año del desplome del gigante financiero Lehman Brothers, que desencadenó una sucesión de quiebras de bancos en todo el mundo, abatió los índices de las bolsas de valores, provocó cierres de empresas y despidos masivos de personal, provocando la convulsión más grave de la economía internacional en 80 años.
La crisis financiera ocasionó la destrucción de infraestructura, el abandono de instalaciones industriales y comerciales, el hambre y la miseria de millones de familias. Gobiernos como los de Estados Unidos, Gran Bretaña, China y algunos países emergentes reaccionaron con medidas anticíclicas para salvar a bancos e industrias claves y generar empleos urgentes en reparaciones, mantenimiento, infraestructura ligera y otros.
Esa situación no se ha revertido; al contrario, Paul Krugman, premio Nobel de Economía, advierte que, de no hacerse cambios profundos en las finanzas mundiales, en cinco años más puede presentarse un fenómeno similar. Existen coincidencias de que la recuperación será lenta, sobre todo para economías como la de México que dependen grandemente de la exportación, el turismo y las remesas. Y también, que no es el momento de atenuar las medidas anti cíclicas de emergencia; el éxito de China así lo demuestra.
Lo que queda claro es la inoperancia del Consenso de Washington y la incapacidad del mercado para autorregularse. El destino de la humanidad —y de los mexicanos— se está dirimiendo en la lucha entre dos tesis: la que busca mantener el statu quo con mínimos cambios pese al agotamiento del modelo y su saldo de pobreza y exclusión; y la que impulsa el crecimiento económico con desarrollo social, restaurando el papel del Estado para regular el mercado y atender los reclamos de la sociedad.
Los defensores del libre mercado, con influencia en todos los ámbitos de poder, pregonan el final de la crisis y pretenden, con pequeños ajustes, la vuelta a más de lo mismo. Debido a las incipientes regulaciones, Wall Street ya maneja nuevos instrumentos de deuda, más corrosivos que los derivados anteriores, ahora basados en los seguros de vida, como lo informó The New York Times.
México sufre dos crisis superpuestas: la externa, que disminuye las exportaciones, el turismo y las remesas de trabajadores migratorios; y la interna, estructural, que ha disparado los índices de pobreza al punto más alto desde que se lleva este registro, maximizado el desempleo, hundido al PIB y el ingreso por habitante.
Durante la reciente bonanza petrolera se dilapidó casi un billón de pesos de ingresos excedentes en gasto corriente improductivo, en el pago anticipado de deuda externa, en disminuir la carga fiscal a empresas cuya tributación real es irrisoria, en subsidiar los combustibles, y no se invirtió en la infraestructura necesaria.
Ahora hay lamentos por la insuficiencia de recursos fiscales, debido principalmente a la caída de la producción petrolera y la declinación de las reservas, producto de haber frenado la exploración, sobreexplotado Cantarell, retrasado la reconfiguración y el mantenimiento de las refinerías y descuidado el mantenimiento de ductos, tanques de almacenamiento y otras obras.
Estamos pagando el deliberado debilitamiento de Pemex. Aunque la más reciente reforma energética se ha aplicado a medias, el gobierno pretende nuevas reformas tendientes a privatizar áreas de Pemex, en contraste con países como Brasil, que en vez de ceder a Petrobras la explotación de los recientemente descubiertos yacimientos en aguas profundas, está planteando crear una empresa totalmente estatal, llamada Petrosalt, que tendrá a su cargo esa tarea.
¿Cómo enfrentar la doble crisis? Aquí aparecen las dos tesis: la de siempre, procíclica, que derrocha cuando abundan recursos y, cuando no los hay, retrae la economía con más impuestos y recortes cosméticos al gasto corriente; y la tesis del PRI, que propone una política fiscal anticíclica para reactivar la economía, el empleo y el mercado interno, con el criterio de que contribuyan los que más tienen y no se grave el consumo de alimentos y medicinas, racionalizando programas y estructuras administrativas ineficientes.
La fracción parlamentaria del PRI ha propuesto una serie de medidas concretas e inmediatas para enfrentar la emergencia económica e iniciar cambios estructurales tendientes a lograr el crecimiento económico con desarrollo social, para el bienestar de los mexicanos.
La crisis financiera ocasionó la destrucción de infraestructura, el abandono de instalaciones industriales y comerciales, el hambre y la miseria de millones de familias. Gobiernos como los de Estados Unidos, Gran Bretaña, China y algunos países emergentes reaccionaron con medidas anticíclicas para salvar a bancos e industrias claves y generar empleos urgentes en reparaciones, mantenimiento, infraestructura ligera y otros.
Esa situación no se ha revertido; al contrario, Paul Krugman, premio Nobel de Economía, advierte que, de no hacerse cambios profundos en las finanzas mundiales, en cinco años más puede presentarse un fenómeno similar. Existen coincidencias de que la recuperación será lenta, sobre todo para economías como la de México que dependen grandemente de la exportación, el turismo y las remesas. Y también, que no es el momento de atenuar las medidas anti cíclicas de emergencia; el éxito de China así lo demuestra.
Lo que queda claro es la inoperancia del Consenso de Washington y la incapacidad del mercado para autorregularse. El destino de la humanidad —y de los mexicanos— se está dirimiendo en la lucha entre dos tesis: la que busca mantener el statu quo con mínimos cambios pese al agotamiento del modelo y su saldo de pobreza y exclusión; y la que impulsa el crecimiento económico con desarrollo social, restaurando el papel del Estado para regular el mercado y atender los reclamos de la sociedad.
Los defensores del libre mercado, con influencia en todos los ámbitos de poder, pregonan el final de la crisis y pretenden, con pequeños ajustes, la vuelta a más de lo mismo. Debido a las incipientes regulaciones, Wall Street ya maneja nuevos instrumentos de deuda, más corrosivos que los derivados anteriores, ahora basados en los seguros de vida, como lo informó The New York Times.
México sufre dos crisis superpuestas: la externa, que disminuye las exportaciones, el turismo y las remesas de trabajadores migratorios; y la interna, estructural, que ha disparado los índices de pobreza al punto más alto desde que se lleva este registro, maximizado el desempleo, hundido al PIB y el ingreso por habitante.
Durante la reciente bonanza petrolera se dilapidó casi un billón de pesos de ingresos excedentes en gasto corriente improductivo, en el pago anticipado de deuda externa, en disminuir la carga fiscal a empresas cuya tributación real es irrisoria, en subsidiar los combustibles, y no se invirtió en la infraestructura necesaria.
Ahora hay lamentos por la insuficiencia de recursos fiscales, debido principalmente a la caída de la producción petrolera y la declinación de las reservas, producto de haber frenado la exploración, sobreexplotado Cantarell, retrasado la reconfiguración y el mantenimiento de las refinerías y descuidado el mantenimiento de ductos, tanques de almacenamiento y otras obras.
Estamos pagando el deliberado debilitamiento de Pemex. Aunque la más reciente reforma energética se ha aplicado a medias, el gobierno pretende nuevas reformas tendientes a privatizar áreas de Pemex, en contraste con países como Brasil, que en vez de ceder a Petrobras la explotación de los recientemente descubiertos yacimientos en aguas profundas, está planteando crear una empresa totalmente estatal, llamada Petrosalt, que tendrá a su cargo esa tarea.
¿Cómo enfrentar la doble crisis? Aquí aparecen las dos tesis: la de siempre, procíclica, que derrocha cuando abundan recursos y, cuando no los hay, retrae la economía con más impuestos y recortes cosméticos al gasto corriente; y la tesis del PRI, que propone una política fiscal anticíclica para reactivar la economía, el empleo y el mercado interno, con el criterio de que contribuyan los que más tienen y no se grave el consumo de alimentos y medicinas, racionalizando programas y estructuras administrativas ineficientes.
La fracción parlamentaria del PRI ha propuesto una serie de medidas concretas e inmediatas para enfrentar la emergencia económica e iniciar cambios estructurales tendientes a lograr el crecimiento económico con desarrollo social, para el bienestar de los mexicanos.
Fuente: El Universal
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