Mario Maldonado - Sonora Presente
El caso de Raúl Rocha Cantú entró en una fase decisiva. La semana pasada un juez federal negó la suspensión definitiva y dejó vigente la orden de aprehensión contra uno de sus socios, ligado directamente a las operaciones financieras bajo investigación. En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR), ahora bajo el mando de Ernestina Godoy, retiró el criterio de oportunidad que había protegido a Rocha Cantú como testigo colaborador y activó los mecanismos para solicitar una ficha roja de Interpol.
La causa penal, que llevaba meses contenida, ahora se reactiva sin margen para negociaciones políticas o extrajudiciales. En la FGR consideran que existen elementos suficientes para imputarlo por una red de operaciones ilícitas, vinculadas principalmente al huachicol financiero, al lavado de dinero y al uso de empresas fachada.
Una de las novedades es que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Omar Reyes, congeló cuentas y activos por cerca de 300 millones de pesos relacionados con el entramado empresarial de Rocha Cantú, en espera de que el monto se incremente conforme se integren nuevas operaciones bajo análisis.
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