Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto - Expreso
De las tres acusaciones del “lavado de dinero de los cárteles” que lanzó esta semana el Departamento del Tesoro contra igual número de instituciones financieras mexicanas, la más grave y delicada es sin duda la que recae sobre la Casa de Bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo. Porque el empresario regiomontano está en la mira de la administración Trump, no por sus negocios o su fortuna, sino por el vínculo directo que lo vincula al expresidente López Obrador y al partido Morena, del cual Romo fue promotor, operador y financiero de la campaña presidencial de 2018.
Porque al hacer públicas sus investigaciones sobre las operaciones “sospechosas” de la Casa de Bolsa de quien fuera el jefe de la Oficina de la Presidencia de México entre 2018 y 2023, bajo la figura del Acta Patriótica, lo que está invocando la administración Trump es que los grupos terroristas mexicanos, denominados Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo y Cártel de los Beltrán Leyva, recibieron apoyo, a través del lavado de dinero, de Romo, que se convierte así en “colaborador” de un grupo terrorista al que le aplica la extraterritorialidad de la ley estadounidense y cualquier actividad, financiamiento o colaboración que haya realizado el empresario con otras organizaciones sociales, económicas o políticas, quedaría también bajo sospecha de “colaboración con el terrorismo”.
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