Arturo Damm Arnal - La Razón de México
Los dos casos que analicé en el anterior Pesos y Contrapesos, relacionados con el Infonavit, son muestra de algo preocupante: la creencia, de la mayoría de los políticos, de que tienen el derecho de disponer de las propiedades de los demás como crean más conveniente, ya sea legalizando la injusticia (la ocupación, de parte de paracaidistas, de viviendas que son propiedad de alguien más), o ya sea disponiendo del dinero ajeno (la trasferencia de recursos de cuentas individuales de derechohabientes del Infonavit, que son propiedad de alguien, al Fondo de Pensiones para el Bienestar). ¿Tienen ese derecho? No, pero sí tienen el poder.
¿Qué sucede cuando el gobierno usa, sin tener el derecho para usarlo, su poder, que es poder para obligar, prohibir y castigar, y que usa para limitar o prohibir el ejercicio de la libertad individual y el uso de la propiedad privada? Lo que sucede es que comete injusticias, contrario a la que es su legítima tarea: prohibirlas, impedirlas y, de fallar, castigarlas. Gobierno que comete injusticias es un no gobierno, un anti gobierno, que es peor que un gobierno fallido.
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