Mario Maldonado - Sonora Presente
El golpe que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó al gobierno mexicano al declarar a tres instituciones financieras locales como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero” fue más que estratégico, porque además de exhibir la incapacidad o complicidad de los funcionarios mexicanos encargados de dar seguimiento a los recursos de procedencia ilícita, involucra en una posible operación criminal a objetivos relacionados con proveedores, asesores gubernamentales, exfuncionarios y todos los relacionados en la supervisión del sector financiero, llámese Secretaría de Hacienda, Banco de México, Unidad de Inteligencia Financiera y Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Desde febrero del 2024, cuando representantes del Departamento del Tesoro, incluidos miembros de la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) y la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros, se reunieron en Ciudad de México con autoridades mexicanas como la UIF y Hacienda, se sabía de la importancia que tenía para Estados Unidos el combate al lavado de dinero y el debilitamiento financiero de las organizaciones criminales.
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