Alejandro Encinas Rodríguez / El Universal
En los próximos días, Felipe Calderón rendirá cuentas al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de la malograda estrategia que, con un alto costo de sangre, ha instrumentado contra la delincuencia organizada. El encuentro se enmarca en el atentado contra dos agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, que a juicio del presidente del Comité de Seguridad Interna, Joe Liberman, podría considerarse como un “acto de guerra”, que amenaza la seguridad nacional de su país. Lo que se suma a las declaraciones del subsecretario del Ejército estadounidense, Joseph Westphal, quien señaló que “el narcotráfico es una insurgencia que busca hacerse del poder en México” y que esto representa “la toma de un gobierno por parte de individuos que son corruptos y que tienen una agenda distinta, justo en nuestra frontera”.
Las recriminaciones a Felipe Calderón y la filtración de información por WikiLeaks han puesto al descubierto, la debilidad y displicencia del gobierno mexicano, que ha permitido la creciente presencia de agentes estadounidenses en territorio nacional y el amago de una mayor intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de México, lo que hace esperar que este encuentro derive en el incremento de acciones de fuerza y de violencia, así como en reformas legales que redefinirán temas fundamentales de la agenda legislativa como el fuero militar, que enfrenta resistencias para incorporar la ejecución extrajudicial como asunto del fuero común; el mando único policial, que pretende concentrar un poder desmedido en el titular de Seguridad Pública federal, y en particular la Ley de Seguridad Nacional.
La ola de violencia que hoy forma parte de la vida cotidiana de los mexicanos y la existencia de regiones dominadas por la delincuencia organizada hacen necesario implementar medidas que respondan a los retos de garantizar la seguridad de los ciudadanos, así como la seguridad de la nación.
Se necesita desplegar un combate radical e inteligente, capaz de desmantelar las organizaciones criminales y su estructura financiera, a partir de una estrategia que garantice los derechos humanos y respete el marco constitucional, estableciendo límites y competencias a las fuerzas armadas a partir de un nuevo concepto de seguridad nacional, entendida ya no como la seguridad del Estado, sino como la seguridad de los ciudadanos.
La orientación tradicional de la seguridad nacional y del monopolio del Estado en el ejercicio de la fuerza permitió la preservación del mismo, pero también justificó la existencia de regímenes autoritarios que invocaban la doctrina de seguridad nacional para conservar la seguridad de las élites por encima de la seguridad de la población. Bajo el discurso de la preservación de la paz social, se ejerció la fuerza del Estado contra la oposición política, y posteriormente, al término de la Guerra Fría, el objeto de amenazas se desplazó al terrorismo y al narcotráfico.
Ha quedado demostrado que el concepto de seguridad nacional no se puede reducir a la guerra contra el crimen organizado. La discusión debe avanzar hacia una visión transversal de la misma para la construcción de la seguridad humana, la cual tiene relación directa con la legitimidad del Estado que debe emanar del reconocimiento de la sociedad a sus gobernantes a partir de una decisión democrática.
Para diversos especialistas, la legitimidad es la condición que permite establecer las relaciones de consenso social y gobernabilidad. Hoy, ante el incremento de la violencia y la inseguridad, es necesario precisar la relación entre seguridad nacional y legitimidad, ya que la falta de legitimidad del Estado conlleva a imponer la lealtad a partir de la fuerza.
Frente a la tentación autoritaria y los desafíos de gobernabilidad, la seguridad nacional debe asumirse como el conjunto de condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que salvaguardan el territorio y garantizan la soberanía de los intereses de la nación, para hacer frente a las amenazas que pueden vulnerar su existencia y la protección de la vida de las personas, ya sean de naturaleza política, alimentaria, ambiental, así como las provenientes de actividades ilícitas y fenómenos asociados a la violencia.
En los próximos días, Felipe Calderón rendirá cuentas al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de la malograda estrategia que, con un alto costo de sangre, ha instrumentado contra la delincuencia organizada. El encuentro se enmarca en el atentado contra dos agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, que a juicio del presidente del Comité de Seguridad Interna, Joe Liberman, podría considerarse como un “acto de guerra”, que amenaza la seguridad nacional de su país. Lo que se suma a las declaraciones del subsecretario del Ejército estadounidense, Joseph Westphal, quien señaló que “el narcotráfico es una insurgencia que busca hacerse del poder en México” y que esto representa “la toma de un gobierno por parte de individuos que son corruptos y que tienen una agenda distinta, justo en nuestra frontera”.
Las recriminaciones a Felipe Calderón y la filtración de información por WikiLeaks han puesto al descubierto, la debilidad y displicencia del gobierno mexicano, que ha permitido la creciente presencia de agentes estadounidenses en territorio nacional y el amago de una mayor intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de México, lo que hace esperar que este encuentro derive en el incremento de acciones de fuerza y de violencia, así como en reformas legales que redefinirán temas fundamentales de la agenda legislativa como el fuero militar, que enfrenta resistencias para incorporar la ejecución extrajudicial como asunto del fuero común; el mando único policial, que pretende concentrar un poder desmedido en el titular de Seguridad Pública federal, y en particular la Ley de Seguridad Nacional.
La ola de violencia que hoy forma parte de la vida cotidiana de los mexicanos y la existencia de regiones dominadas por la delincuencia organizada hacen necesario implementar medidas que respondan a los retos de garantizar la seguridad de los ciudadanos, así como la seguridad de la nación.
Se necesita desplegar un combate radical e inteligente, capaz de desmantelar las organizaciones criminales y su estructura financiera, a partir de una estrategia que garantice los derechos humanos y respete el marco constitucional, estableciendo límites y competencias a las fuerzas armadas a partir de un nuevo concepto de seguridad nacional, entendida ya no como la seguridad del Estado, sino como la seguridad de los ciudadanos.
La orientación tradicional de la seguridad nacional y del monopolio del Estado en el ejercicio de la fuerza permitió la preservación del mismo, pero también justificó la existencia de regímenes autoritarios que invocaban la doctrina de seguridad nacional para conservar la seguridad de las élites por encima de la seguridad de la población. Bajo el discurso de la preservación de la paz social, se ejerció la fuerza del Estado contra la oposición política, y posteriormente, al término de la Guerra Fría, el objeto de amenazas se desplazó al terrorismo y al narcotráfico.
Ha quedado demostrado que el concepto de seguridad nacional no se puede reducir a la guerra contra el crimen organizado. La discusión debe avanzar hacia una visión transversal de la misma para la construcción de la seguridad humana, la cual tiene relación directa con la legitimidad del Estado que debe emanar del reconocimiento de la sociedad a sus gobernantes a partir de una decisión democrática.
Para diversos especialistas, la legitimidad es la condición que permite establecer las relaciones de consenso social y gobernabilidad. Hoy, ante el incremento de la violencia y la inseguridad, es necesario precisar la relación entre seguridad nacional y legitimidad, ya que la falta de legitimidad del Estado conlleva a imponer la lealtad a partir de la fuerza.
Frente a la tentación autoritaria y los desafíos de gobernabilidad, la seguridad nacional debe asumirse como el conjunto de condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que salvaguardan el territorio y garantizan la soberanía de los intereses de la nación, para hacer frente a las amenazas que pueden vulnerar su existencia y la protección de la vida de las personas, ya sean de naturaleza política, alimentaria, ambiental, así como las provenientes de actividades ilícitas y fenómenos asociados a la violencia.
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