México SA
Acelera la privatización (otro intento)
Senadores panistas tras el artículo 28
Carlos Fernández-Vega / La Jornada
Consumido el 72 por ciento de su estancia en la residencia oficial, al inquilino de Los Pinos se le queman las habas por aterrizar su "gran proyecto" sexenal, el mismo que fallidamente intentaron concretar sus cuatro antecesores (aunque algo lograron avanzar): la total privatización del sector petrolero. A escasos 20 meses de que, felizmente, regrese a su casa, y a escasos siete u ocho de que la clase política y los poderes fácticos lo terminen de hacer a un lado ante el arranque de precampañas y campañas presidenciales, el susodicho mandó a un grupo de sus senadores a proponer modificaciones constitucionales para que el Estado mexicano se quede con el logotipo de Pemex, y el capital privado (foráneo, de preferencia) con el petróleo y todo lo demás.
A estas alturas, las huestes calderonistas, con su pastor al frente, no son precisamente creativas a la hora de pretextar la causa real de tal iniciativa, y no lo son porque todos los términos y las frases privatizadoras ("desincorporación", "adelgazamiento", "coinversión", "inversión complementaria", "reclasificación", etcétera, etcétera) se las alquilaron a los priístas en los sexenios concertacesionistas de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo para que fueran ellos los que desmantelaran el aparato productivo del Estado en beneficio de los consorcios privados, de tal suerte que cuando los blanquiazules llegaron a Los Pinos de plano ya no tenían más eufemismos aplicables, ni podían utilizar los mismos eslogans para alcanzar la misma meta (aunque hay que reconocerles el invento de un enunciado privatizador digno de colección: "transición energética").
Felipe Calderón está por hacer maletas (felizmente), y es tal su urgencia por lograr, según lo comprometido, la total privatización del sector petrolero, que seis senadores panistas, por instrucciones del inquilino de Los Pinos, de plano se vieron en la penosa necesidad de justificar su propuesta de modificación constitucional (artículo 28) con las mismas frases alquiladas a los gobiernos priístas, con las que De la Madrid, Salinas y Zedillo "desincorporaron" alrededor de mil 155 empresas del Estado, esto es "por el bien de la patria", "para liberar recursos presupuestales", "para atender los rezagos sociales del país" y, desde luego, "para garantizar la rectoría del Estado".
Los seis senadores panistas que presentaron la iniciativa calderonista para modificar el 28 constitucional son Juan Bueno Torio (ex director general de Pemex Refinación), Rubén Camarillo Ortega (ex funcionario de Pemex), José Antonio Badia San Martín (relevo de Gustavo Madero en Xicoténcatl), Fernando Elizondo Barragán (ex secretario de Energía), Jorge Ocejo Moreno (ex presidente de la Coparmex, ex coordinador de asesores del director de Pemex y ex integrante del consejo de administración de PMI Comercio Internacional) y Augusto César Leal Angulo (ex asesor de Vicente Fox), y para ellos la apertura del sector petrolera al capital privado es de vida o muerte, porque este sector “enfrenta una situación crítica que amenaza su viabilidad y su capacidad de hacer frente a los compromisos con la sociedad y la economía mexicana… pone en riesgo las metas de crecimiento económico nacional a mediano y largo plazos, la capacidad del Estado para cumplir con rezagos y demandas sociales, así como la soberanía energética y la seguridad nacional…”
Lo anterior, dicen, como resultado de “rezago tecnológico, baja productividad e insuficiencia de recursos de inversión, que impiden un desarrollo sano y equilibrado del instrumento ejecutor del Estado en el sector de hidrocarburos, Petróleos Mexicanos. Asimismo los modelos de desarrollo y financiamiento usados hasta hoy ya no tienen vigencia; mantenerlos arriesga la competitividad y eficiencia del sector y la industria petrolera, la soberanía nacional y la rectoría del Estado sobre los recursos energéticos… Hoy por hoy la única fuente de recursos para inversión en la industria petrolera es el presupuesto público, lo cual convierte a México en un caso de excepción mundial, por las limitaciones para que la inversión social y privada se incorpore en algunos de los eslabones de la cadena de valor… Los eslabones de la cadena de valor de la industria petrolera no deben ser reservados en exclusividad del Estado para incentivar la participación de recursos financieros de los sectores social y privados” (¿cuál será ese "sector social" que también podría clavar el diente?).
No sólo eso: "la industria petrolera nacional al día de hoy está debilitada, con severos problemas de eficiencia y seguridad, graves desequilibrios financieros, déficit creciente para abastecer el mercado nacional con producción interna e importaciones e incapacidad para seguir apoyando la estrategia nacional de desarrollo. El sector en materia de hidrocarburos y la industria petrolera nacional necesita recuperarse del marasmo en que se encuentra, para lo cual se requieren urgentes decisiones de Estado derivadas de un consenso nacional, de las cuales puedan desprenderse acciones contundentes en diversos frentes de acción". Así, justifican, “el gobierno federal enfrenta la disyuntiva de destinar los limitados recursos públicos a fortalecer una industria petrolera descapitalizada o a reforzar los programas sociales que atienden rezagos sociales ancestrales…” En síntesis, se quejan de lo que cinco gobiernos consecutivos han hecho en aras de justificar la privatización, siempre con el apoyo y el aplauso del PAN.
Entonces, "para reforzar la rectoría del Estado mexicano sobre sus hidrocarburos" hay que privatizarlo, y con ello "liberar recursos" para atender los rezagos sociales. De la Madrid, Salinas y/o Zedillo fácilmente pueden rubricar este pronunciamiento. De hecho, así procedieron para "desincorporar" mil 155 empresas propiedad de la nación, "liberar recursos" y atender "las urgencias sociales". Treinta años después ya no queda prácticamente nada por vender, los recursos "liberados" alimentaron alforjas ajenas al interés nacional y a estas alturas las "urgencias" sociales son más urgentes que nunca.
Las rebanadas del pastel
Para la memoria privatizadora: "con la desincorporación se concentran los esfuerzos y recursos para abatir los mayores rezagos en materia social" (Miguel de la Madrid); “al vender bienes públicos para remediar males sociales se fortalece al Estado y a la nación… la privatización de las empresas públicas trae consigo la democratización del capital” (Carlos Salinas); "los recursos de las desincorporaciones se destinarán a combatir los muy graves rezagos sociales" (Ernesto Zedillo); "democracia de, por y para empresarios" (Vicente Fox); "transición energética" (Felipe Calderón).
Acelera la privatización (otro intento)
Senadores panistas tras el artículo 28
Carlos Fernández-Vega / La Jornada
Consumido el 72 por ciento de su estancia en la residencia oficial, al inquilino de Los Pinos se le queman las habas por aterrizar su "gran proyecto" sexenal, el mismo que fallidamente intentaron concretar sus cuatro antecesores (aunque algo lograron avanzar): la total privatización del sector petrolero. A escasos 20 meses de que, felizmente, regrese a su casa, y a escasos siete u ocho de que la clase política y los poderes fácticos lo terminen de hacer a un lado ante el arranque de precampañas y campañas presidenciales, el susodicho mandó a un grupo de sus senadores a proponer modificaciones constitucionales para que el Estado mexicano se quede con el logotipo de Pemex, y el capital privado (foráneo, de preferencia) con el petróleo y todo lo demás.
A estas alturas, las huestes calderonistas, con su pastor al frente, no son precisamente creativas a la hora de pretextar la causa real de tal iniciativa, y no lo son porque todos los términos y las frases privatizadoras ("desincorporación", "adelgazamiento", "coinversión", "inversión complementaria", "reclasificación", etcétera, etcétera) se las alquilaron a los priístas en los sexenios concertacesionistas de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo para que fueran ellos los que desmantelaran el aparato productivo del Estado en beneficio de los consorcios privados, de tal suerte que cuando los blanquiazules llegaron a Los Pinos de plano ya no tenían más eufemismos aplicables, ni podían utilizar los mismos eslogans para alcanzar la misma meta (aunque hay que reconocerles el invento de un enunciado privatizador digno de colección: "transición energética").
Felipe Calderón está por hacer maletas (felizmente), y es tal su urgencia por lograr, según lo comprometido, la total privatización del sector petrolero, que seis senadores panistas, por instrucciones del inquilino de Los Pinos, de plano se vieron en la penosa necesidad de justificar su propuesta de modificación constitucional (artículo 28) con las mismas frases alquiladas a los gobiernos priístas, con las que De la Madrid, Salinas y Zedillo "desincorporaron" alrededor de mil 155 empresas del Estado, esto es "por el bien de la patria", "para liberar recursos presupuestales", "para atender los rezagos sociales del país" y, desde luego, "para garantizar la rectoría del Estado".
Los seis senadores panistas que presentaron la iniciativa calderonista para modificar el 28 constitucional son Juan Bueno Torio (ex director general de Pemex Refinación), Rubén Camarillo Ortega (ex funcionario de Pemex), José Antonio Badia San Martín (relevo de Gustavo Madero en Xicoténcatl), Fernando Elizondo Barragán (ex secretario de Energía), Jorge Ocejo Moreno (ex presidente de la Coparmex, ex coordinador de asesores del director de Pemex y ex integrante del consejo de administración de PMI Comercio Internacional) y Augusto César Leal Angulo (ex asesor de Vicente Fox), y para ellos la apertura del sector petrolera al capital privado es de vida o muerte, porque este sector “enfrenta una situación crítica que amenaza su viabilidad y su capacidad de hacer frente a los compromisos con la sociedad y la economía mexicana… pone en riesgo las metas de crecimiento económico nacional a mediano y largo plazos, la capacidad del Estado para cumplir con rezagos y demandas sociales, así como la soberanía energética y la seguridad nacional…”
Lo anterior, dicen, como resultado de “rezago tecnológico, baja productividad e insuficiencia de recursos de inversión, que impiden un desarrollo sano y equilibrado del instrumento ejecutor del Estado en el sector de hidrocarburos, Petróleos Mexicanos. Asimismo los modelos de desarrollo y financiamiento usados hasta hoy ya no tienen vigencia; mantenerlos arriesga la competitividad y eficiencia del sector y la industria petrolera, la soberanía nacional y la rectoría del Estado sobre los recursos energéticos… Hoy por hoy la única fuente de recursos para inversión en la industria petrolera es el presupuesto público, lo cual convierte a México en un caso de excepción mundial, por las limitaciones para que la inversión social y privada se incorpore en algunos de los eslabones de la cadena de valor… Los eslabones de la cadena de valor de la industria petrolera no deben ser reservados en exclusividad del Estado para incentivar la participación de recursos financieros de los sectores social y privados” (¿cuál será ese "sector social" que también podría clavar el diente?).
No sólo eso: "la industria petrolera nacional al día de hoy está debilitada, con severos problemas de eficiencia y seguridad, graves desequilibrios financieros, déficit creciente para abastecer el mercado nacional con producción interna e importaciones e incapacidad para seguir apoyando la estrategia nacional de desarrollo. El sector en materia de hidrocarburos y la industria petrolera nacional necesita recuperarse del marasmo en que se encuentra, para lo cual se requieren urgentes decisiones de Estado derivadas de un consenso nacional, de las cuales puedan desprenderse acciones contundentes en diversos frentes de acción". Así, justifican, “el gobierno federal enfrenta la disyuntiva de destinar los limitados recursos públicos a fortalecer una industria petrolera descapitalizada o a reforzar los programas sociales que atienden rezagos sociales ancestrales…” En síntesis, se quejan de lo que cinco gobiernos consecutivos han hecho en aras de justificar la privatización, siempre con el apoyo y el aplauso del PAN.
Entonces, "para reforzar la rectoría del Estado mexicano sobre sus hidrocarburos" hay que privatizarlo, y con ello "liberar recursos" para atender los rezagos sociales. De la Madrid, Salinas y/o Zedillo fácilmente pueden rubricar este pronunciamiento. De hecho, así procedieron para "desincorporar" mil 155 empresas propiedad de la nación, "liberar recursos" y atender "las urgencias sociales". Treinta años después ya no queda prácticamente nada por vender, los recursos "liberados" alimentaron alforjas ajenas al interés nacional y a estas alturas las "urgencias" sociales son más urgentes que nunca.
Las rebanadas del pastel
Para la memoria privatizadora: "con la desincorporación se concentran los esfuerzos y recursos para abatir los mayores rezagos en materia social" (Miguel de la Madrid); “al vender bienes públicos para remediar males sociales se fortalece al Estado y a la nación… la privatización de las empresas públicas trae consigo la democratización del capital” (Carlos Salinas); "los recursos de las desincorporaciones se destinarán a combatir los muy graves rezagos sociales" (Ernesto Zedillo); "democracia de, por y para empresarios" (Vicente Fox); "transición energética" (Felipe Calderón).
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