DAVID IBARRA / EL UNIVERSAL
En el pasado los sistemas de pensiones se diseñaban con dos finalidades principales. Una de carácter social, suavizar las oscilaciones en el bienestar de los beneficiarios a lo largo de su ciclo de vida y atender los riesgos de la vejez, la invalidez o la muerte.
Otra de carácter político, atenuar las tensiones entre élites y otros grupos sociales y fortalecer la legitimidad de los gobernantes. Hoy se han añadido otros propósitos: el de ahorrar en los presupuestos, el de privatizar y multiplicar la intermediación financiera en beneficio privado, aunque los otros objetivos queden incumplidos.
El rápido ascenso de la economía mexicana con una estructura poblacional joven en el período 1940-1980, resultó congruente con el régimen de beneficios definidos al retiro y de normas solidaristas intra e intergeneracionales del sistema de pensiones. La población en edad de trabajar podía encontrar fácilmente empleo en el sector moderno de la economía y contribuir, por ende, a la salud de las finanzas públicas y de la seguridad social.
Acontecimientos posteriores rompen la armonía entre las dinámicas demográficas, del mercado de trabajo y de las finanzas hasta erosionar, poner en crisis, a los sistemas de pensiones. En primer lugar cuenta la drástica disminución de los ritmos del crecimiento y del empleo que se suscitan después de 1980. El ascenso del ingreso por habitante se reduce del 3% al 1% anual de compararse los períodos 1950-1980 y 1980-2010; el empleo en el sector moderno de la economía se debilita grandemente, comprimiendo el número de nuevos contribuyentes a la seguridad social; la informalidad se acentúa, magnificando los problemas de la desigualdad en las coberturas sociales; las finanzas públicas se debaten entre crecientes demandas ciudadanas y reformas impositivas fracasadas que dejan las recaudaciones estancadas a un nivel bajo.
También el envejecimiento demográfico y la mayor esperanza de vida de la población, hacen que el peso de los aportes necesarios al sistema de pensiones crezca y parezca desproporcionado a los principales actores involucrados.
Los factores indicados llevaron a una reforma radical del régimen de pensiones. Al efecto, los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y parcialmente del ISSSTE, pasaron de un sistema de beneficios definidos y solidarios, manejados por el Estado, a otro de ahorro forzoso en cuentas individuales, manejados por intermediarios privados en que los derechos jubilatorios están determinados por la cuantía de las aportaciones de cada trabajador.
La principal ventaja publicitada del cambio al sistema de pensiones se asoció al alivio esperado de mediano y largo plazos a las finanzas públicas. En efecto, los beneficios antes definidos al término de la vida activa de los asegurados, se transmutan en pensiones de aportes definidos, pero de beneficios finales inciertos. Así se someten las pensiones a las fluctuaciones y riesgos de los mercados financieros, cuando antes estaban garantizadas en los presupuestos públicos. La segunda ventaja, quizá la primera en orden real de importancia, es la de multiplicar los negocios de las Afores, con utilidades altas, casi enteramente seguras, aunque se traduzcan a la postre en reducción de las pensiones de jubilación.
Algunos de esos espinosos problemas los precisa la OCDE en su estudio "Un Vistazo a las Pensiones de 2011". En efecto, el trabajador mexicano en promedio, recibirá como pensión sólo el 37% de su salario, en comparación con más del 55% del de la OCDE. Mucho del diferencial lo explican las generosas comisiones de las Afores. Por supuesto, hay otras causas. Los bajos salarios y su reducción casi sistemática en términos reales, hace que el ahorro de las reservas de pensión el 6.3% de los salarios, constituya uno de los más bajos de la OCDE. Así, se proyecta hacia 2050 en 50 mil dólares los fondos acumulados por un ciudadano mexicano medio para su pensión, mientras alcanzarían en promedio 430 mil en la propia OCDE.
El nuevo sistema de pensiones de México, no produjo alivio de corto plazo a las finanzas públicas. El Estado quedó a cargo de cubrir los beneficios de los ya jubilados. Además, su implantación requirió de sustantivas transferencias gubernamentales para formar las cuentas individualizadas en las Afores, fondos que no se pudieron extraer de reservas inexistentes, dadas las características del sistema anterior de financiamiento. Y lo que parece peor, es de dudarse que a largo término disminuyan las presiones al presupuesto público por razones que ya se hacen evidentes. Alrededor del 13% de los trabajadores tiene en promedio ingresos hasta de un salario mínimo y más del 35% no rebasan los dos salarios mínimos. En consecuencia, el Estado tendría que completar un número creciente de pensiones que no superan los límites de la pobreza o enfrentar el descontento político de trabajadores y jubilados.
Adviértase que las privatizaciones desvían recursos y talento empresarial escaso, de crear actividades nuevas indispensables al desarrollo, a reemplazar funciones que ya hacía el Estado, en el mejor de los casos con alguna ganacia estática en eficiencia. Ese es el caso de las Afores, por lo demás, ya casi extranjerizadas. Además, al suprimirse el carácter solidarista del sistema de pensiones los salarios altos dejaron de subsidiar a las pensiones de grupos de menores ingresos, la composición de las jubilaciones reproducirá punto por punto la aguda concentración distributiva de las remuneraciones. De otro lado, no se cuenta con seguro de desempleo, ni de otras compensaciones durante los períodos de desocupación. Las pensiones mínimas garantizadas por el Estado, suelen calcularse a partir del deteriorado salario mínimo de 1997 -que había perdido alrededor del 60% de su poder adquisitivo, entre 1980 y ese año. Por último, los ahorros de los trabajadores en las Afores y, por ende, el monto de las pensiones, invertidos en los mercados financieros suele sufrir mermas por efecto de crisis o eventos desfavorables.
No se niega la ausencia de avances parciales y de contribuciones positivas de la reforma. Entre las primeras, destaca la portabilidad de los derechos de jubilación y, entre las segundas, la oportunidad de usar los fondos concentrados en las Afores con propósitos de desarrollo.
En suma, sin estrategias macroeconómicas claras -empleo, crecimiento, reforma fiscal- donde insertar el cambio microsocial, la reforma al sistema de pensiones está resultando contraproducente: no mejora las finanzas estatales, ni atiende a cuestiones ineludibles de equidad social. Y singularmente, es insatisfactorio en un país de finanzas públicas estranguladas y donde buena parte de la población carece de derechos jubilatorios. Ya el 70% o más de la población vieja es pobre y no cuenta con pensión alguna. ¿Seguiremos engrosando ese y otros renglones de la exclusión social del país?
En el pasado los sistemas de pensiones se diseñaban con dos finalidades principales. Una de carácter social, suavizar las oscilaciones en el bienestar de los beneficiarios a lo largo de su ciclo de vida y atender los riesgos de la vejez, la invalidez o la muerte.
Otra de carácter político, atenuar las tensiones entre élites y otros grupos sociales y fortalecer la legitimidad de los gobernantes. Hoy se han añadido otros propósitos: el de ahorrar en los presupuestos, el de privatizar y multiplicar la intermediación financiera en beneficio privado, aunque los otros objetivos queden incumplidos.
El rápido ascenso de la economía mexicana con una estructura poblacional joven en el período 1940-1980, resultó congruente con el régimen de beneficios definidos al retiro y de normas solidaristas intra e intergeneracionales del sistema de pensiones. La población en edad de trabajar podía encontrar fácilmente empleo en el sector moderno de la economía y contribuir, por ende, a la salud de las finanzas públicas y de la seguridad social.
Acontecimientos posteriores rompen la armonía entre las dinámicas demográficas, del mercado de trabajo y de las finanzas hasta erosionar, poner en crisis, a los sistemas de pensiones. En primer lugar cuenta la drástica disminución de los ritmos del crecimiento y del empleo que se suscitan después de 1980. El ascenso del ingreso por habitante se reduce del 3% al 1% anual de compararse los períodos 1950-1980 y 1980-2010; el empleo en el sector moderno de la economía se debilita grandemente, comprimiendo el número de nuevos contribuyentes a la seguridad social; la informalidad se acentúa, magnificando los problemas de la desigualdad en las coberturas sociales; las finanzas públicas se debaten entre crecientes demandas ciudadanas y reformas impositivas fracasadas que dejan las recaudaciones estancadas a un nivel bajo.
También el envejecimiento demográfico y la mayor esperanza de vida de la población, hacen que el peso de los aportes necesarios al sistema de pensiones crezca y parezca desproporcionado a los principales actores involucrados.
Los factores indicados llevaron a una reforma radical del régimen de pensiones. Al efecto, los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y parcialmente del ISSSTE, pasaron de un sistema de beneficios definidos y solidarios, manejados por el Estado, a otro de ahorro forzoso en cuentas individuales, manejados por intermediarios privados en que los derechos jubilatorios están determinados por la cuantía de las aportaciones de cada trabajador.
La principal ventaja publicitada del cambio al sistema de pensiones se asoció al alivio esperado de mediano y largo plazos a las finanzas públicas. En efecto, los beneficios antes definidos al término de la vida activa de los asegurados, se transmutan en pensiones de aportes definidos, pero de beneficios finales inciertos. Así se someten las pensiones a las fluctuaciones y riesgos de los mercados financieros, cuando antes estaban garantizadas en los presupuestos públicos. La segunda ventaja, quizá la primera en orden real de importancia, es la de multiplicar los negocios de las Afores, con utilidades altas, casi enteramente seguras, aunque se traduzcan a la postre en reducción de las pensiones de jubilación.
Algunos de esos espinosos problemas los precisa la OCDE en su estudio "Un Vistazo a las Pensiones de 2011". En efecto, el trabajador mexicano en promedio, recibirá como pensión sólo el 37% de su salario, en comparación con más del 55% del de la OCDE. Mucho del diferencial lo explican las generosas comisiones de las Afores. Por supuesto, hay otras causas. Los bajos salarios y su reducción casi sistemática en términos reales, hace que el ahorro de las reservas de pensión el 6.3% de los salarios, constituya uno de los más bajos de la OCDE. Así, se proyecta hacia 2050 en 50 mil dólares los fondos acumulados por un ciudadano mexicano medio para su pensión, mientras alcanzarían en promedio 430 mil en la propia OCDE.
El nuevo sistema de pensiones de México, no produjo alivio de corto plazo a las finanzas públicas. El Estado quedó a cargo de cubrir los beneficios de los ya jubilados. Además, su implantación requirió de sustantivas transferencias gubernamentales para formar las cuentas individualizadas en las Afores, fondos que no se pudieron extraer de reservas inexistentes, dadas las características del sistema anterior de financiamiento. Y lo que parece peor, es de dudarse que a largo término disminuyan las presiones al presupuesto público por razones que ya se hacen evidentes. Alrededor del 13% de los trabajadores tiene en promedio ingresos hasta de un salario mínimo y más del 35% no rebasan los dos salarios mínimos. En consecuencia, el Estado tendría que completar un número creciente de pensiones que no superan los límites de la pobreza o enfrentar el descontento político de trabajadores y jubilados.
Adviértase que las privatizaciones desvían recursos y talento empresarial escaso, de crear actividades nuevas indispensables al desarrollo, a reemplazar funciones que ya hacía el Estado, en el mejor de los casos con alguna ganacia estática en eficiencia. Ese es el caso de las Afores, por lo demás, ya casi extranjerizadas. Además, al suprimirse el carácter solidarista del sistema de pensiones los salarios altos dejaron de subsidiar a las pensiones de grupos de menores ingresos, la composición de las jubilaciones reproducirá punto por punto la aguda concentración distributiva de las remuneraciones. De otro lado, no se cuenta con seguro de desempleo, ni de otras compensaciones durante los períodos de desocupación. Las pensiones mínimas garantizadas por el Estado, suelen calcularse a partir del deteriorado salario mínimo de 1997 -que había perdido alrededor del 60% de su poder adquisitivo, entre 1980 y ese año. Por último, los ahorros de los trabajadores en las Afores y, por ende, el monto de las pensiones, invertidos en los mercados financieros suele sufrir mermas por efecto de crisis o eventos desfavorables.
No se niega la ausencia de avances parciales y de contribuciones positivas de la reforma. Entre las primeras, destaca la portabilidad de los derechos de jubilación y, entre las segundas, la oportunidad de usar los fondos concentrados en las Afores con propósitos de desarrollo.
En suma, sin estrategias macroeconómicas claras -empleo, crecimiento, reforma fiscal- donde insertar el cambio microsocial, la reforma al sistema de pensiones está resultando contraproducente: no mejora las finanzas estatales, ni atiende a cuestiones ineludibles de equidad social. Y singularmente, es insatisfactorio en un país de finanzas públicas estranguladas y donde buena parte de la población carece de derechos jubilatorios. Ya el 70% o más de la población vieja es pobre y no cuenta con pensión alguna. ¿Seguiremos engrosando ese y otros renglones de la exclusión social del país?
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