Francisco Rojas / El Universal
La expropiación petrolera fue eje de la industrialización del país y esta última fue la clave para el desarrollo social masivo que caracterizó al siglo XX mexicano. Setenta y tres años después, el petróleo sigue siendo propiedad de la nación y su explotación aún está reservada en exclusiva al Estado, pero se han sobreexplotado los yacimientos, se han despilfarrado los excedentes petroleros, se ha empujado a Pemex a la quiebra técnica y se montan maniobras para burlar la Constitución mediante leyes secundarias y reglamentos.
Los mexicanos no podemos permanecer impasibles frente al desmantelamiento de nuestra empresa más importante y el abuso de las reservas de un recurso valioso por no ser renovable. Las actuales generaciones tenemos la responsabilidad de corregir a fondo esas desviaciones, no sólo por razones de moral pública o por elemental lealtad a la nación, sino por los apremios de una sociedad empobrecida, acorralada por la violencia y sumida en el desaliento.
Es tan severo el deterioro de Pemex que su recuperación podría considerarse como una segunda expropiación petrolera, ya que la riqueza que genere nuestra gran empresa reconstituida deberá contribuir a reactivar la economía, sin necesidad de enajenar el patrimonio nacional y entregar la renta petrolera a las trasnacionales.
En los dos o tres decenios próximos los hidrocarburos seguirán siendo la fuente predominante de energía en el mundo y continuarán siendo materia prima fundamental, aun cuando se haya logrado el aprovechamiento económico de fuentes alternas, limpias y seguras. Por eso debemos preservar el dominio de la nación sobre las riquezas del subsuelo y reconstruir nuestra industria petrolera con racionalidad tecnológico-administrativa y patriotismo.
Hoy, como en 1938, la única opción para que el petróleo sea un soporte del desarrollo económico y social del país es que el Estado reasuma su responsabilidad en el manejo directo de los sectores estratégicos, como el de la energía, y en especial los hidrocarburos, para impulsar la inversión pública y privada, única fuente de riqueza y empleo digno, permanente y bien remunerado.
Sin embargo, las acciones oficiales marchan en el sentido opuesto al interés nacional. Por ello, la Cámara de Diputados ha interpuesto tres controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia, para evitar que continúen las acciones legaloides para privatizar Pemex.
En la resolución sobre una de estas controversias, la Corte definió los lineamientos que deberán seguirse en los contratos incentivados que propale Pemex, para impedir que los contratistas se apropien de la renta petrolera, que es parte inalienable del patrimonio nacional. Por eso, las fórmulas que se adopten no deberán correlacionar el pago al contratista con el precio del crudo ni con sus cotizaciones internacionales para no exceder una remuneración razonable.
Los contratos deberán corresponder estrictamente a aquellos que son típicos en la industria de servicios de exploración y producción de hidrocarburos, en vez de ser modalidades simuladas de contratos de riesgo, asociación o participación de un porcentaje en las ventas, que son habituales en las prácticas internacionales. Además, deberán definir los pagos ciertos al momento de la firma y no sujetarlos a circunstancias futuras.
Sin embargo, en el contrato pro forma que ha distribuido el organismo para la extracción de hidrocarburos en Magallanes, un campo maduro ubicado en el Sureste y que se pretende aplicar más tarde para la recuperación mejorada de distintos yacimientos, se incluyen cláusulas que, según nuestro criterio, no se ajustan a los lineamientos fijados en la sentencia de la Corte.
El PRI tiene claro que el rescate del petróleo para la nación y su aprovechamiento racional, moderno y probo son indispensables para recuperar el dinamismo de la economía con la rectoría del Estado y la concurrencia de la inversión privada, y crear las condiciones materiales que permitan alcanzar los grandes objetivos sociales de nuestro tiempo: superar la pobreza, no con dádivas, sino con educación y empleo; restablecer las certidumbres básicas de las clases medias, dar garantías reales a la inversión y revertir el deterioro social, que es caldo de cultivo para la violencia y la invalidación, en la práctica, del Estado de derecho.
La expropiación petrolera fue eje de la industrialización del país y esta última fue la clave para el desarrollo social masivo que caracterizó al siglo XX mexicano. Setenta y tres años después, el petróleo sigue siendo propiedad de la nación y su explotación aún está reservada en exclusiva al Estado, pero se han sobreexplotado los yacimientos, se han despilfarrado los excedentes petroleros, se ha empujado a Pemex a la quiebra técnica y se montan maniobras para burlar la Constitución mediante leyes secundarias y reglamentos.
Los mexicanos no podemos permanecer impasibles frente al desmantelamiento de nuestra empresa más importante y el abuso de las reservas de un recurso valioso por no ser renovable. Las actuales generaciones tenemos la responsabilidad de corregir a fondo esas desviaciones, no sólo por razones de moral pública o por elemental lealtad a la nación, sino por los apremios de una sociedad empobrecida, acorralada por la violencia y sumida en el desaliento.
Es tan severo el deterioro de Pemex que su recuperación podría considerarse como una segunda expropiación petrolera, ya que la riqueza que genere nuestra gran empresa reconstituida deberá contribuir a reactivar la economía, sin necesidad de enajenar el patrimonio nacional y entregar la renta petrolera a las trasnacionales.
En los dos o tres decenios próximos los hidrocarburos seguirán siendo la fuente predominante de energía en el mundo y continuarán siendo materia prima fundamental, aun cuando se haya logrado el aprovechamiento económico de fuentes alternas, limpias y seguras. Por eso debemos preservar el dominio de la nación sobre las riquezas del subsuelo y reconstruir nuestra industria petrolera con racionalidad tecnológico-administrativa y patriotismo.
Hoy, como en 1938, la única opción para que el petróleo sea un soporte del desarrollo económico y social del país es que el Estado reasuma su responsabilidad en el manejo directo de los sectores estratégicos, como el de la energía, y en especial los hidrocarburos, para impulsar la inversión pública y privada, única fuente de riqueza y empleo digno, permanente y bien remunerado.
Sin embargo, las acciones oficiales marchan en el sentido opuesto al interés nacional. Por ello, la Cámara de Diputados ha interpuesto tres controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia, para evitar que continúen las acciones legaloides para privatizar Pemex.
En la resolución sobre una de estas controversias, la Corte definió los lineamientos que deberán seguirse en los contratos incentivados que propale Pemex, para impedir que los contratistas se apropien de la renta petrolera, que es parte inalienable del patrimonio nacional. Por eso, las fórmulas que se adopten no deberán correlacionar el pago al contratista con el precio del crudo ni con sus cotizaciones internacionales para no exceder una remuneración razonable.
Los contratos deberán corresponder estrictamente a aquellos que son típicos en la industria de servicios de exploración y producción de hidrocarburos, en vez de ser modalidades simuladas de contratos de riesgo, asociación o participación de un porcentaje en las ventas, que son habituales en las prácticas internacionales. Además, deberán definir los pagos ciertos al momento de la firma y no sujetarlos a circunstancias futuras.
Sin embargo, en el contrato pro forma que ha distribuido el organismo para la extracción de hidrocarburos en Magallanes, un campo maduro ubicado en el Sureste y que se pretende aplicar más tarde para la recuperación mejorada de distintos yacimientos, se incluyen cláusulas que, según nuestro criterio, no se ajustan a los lineamientos fijados en la sentencia de la Corte.
El PRI tiene claro que el rescate del petróleo para la nación y su aprovechamiento racional, moderno y probo son indispensables para recuperar el dinamismo de la economía con la rectoría del Estado y la concurrencia de la inversión privada, y crear las condiciones materiales que permitan alcanzar los grandes objetivos sociales de nuestro tiempo: superar la pobreza, no con dádivas, sino con educación y empleo; restablecer las certidumbres básicas de las clases medias, dar garantías reales a la inversión y revertir el deterioro social, que es caldo de cultivo para la violencia y la invalidación, en la práctica, del Estado de derecho.
No hay comentarios:
Publicar un comentario