Orlando Delgado Selley / Proceso
El Plan para la Estabilidad y el Crecimiento que instrumentó el gobierno de Portugal para intentar sacar al país de su profunda crisis económica –y que mereció el aplauso unánime de los ministros de Finanzas de la Unión Europea--, fue finalmente rechazado por el parlamento luso, hecho que provocó la caída del gobierno socialista de José Sócrates.
El diputado comunista Bernardino Soares criticó las medidas propuestas en ese Plan, toda vez que –dijo-- castigaba “a los de siempre”, con “más impuestos a las pensiones, liberalización de los alquileres, aumento al precio de los transportes públicos y disminución del copago de los medicamentos. Ni una sola medida contra la banca y el sector financiero”.
La contradicción es muy clara: a los llamados mercados les gustan los planes de ajuste draconiano, porque esencialmente reducen el gasto social para liberar recursos para que les paguen a ellos. Los pagos de intereses han aumentado recientemente porque las agencias calificadoras han dicho que es posible que los gobiernos tengan dificultades para pagar, lo que ha hecho que los inversionistas exijan mayores intereses complicando ellos mismos el cumplimiento de esos compromisos, lo que ha obligado a que los gobiernos recorten el gasto social para liberar recursos y pagarles.
Las crisis no se han hecho esperar: Grecia, después de muchos titubeos por parte del gobierno alemán fue rescatada; Irlanda fue obligada a aceptar recursos europeos a cambio de un feroz plan de ajuste del gasto público. Seguía Portugal, que hasta ahora había logrado evitar la “ayuda” de fondos europeos, pero los inversionistas corporativos seguían presionándolo elevando los intereses del refinanciamiento de su deuda. El límite estaba en el 8%: si el costo de la deuda no superaba ese nivel, el gobierno podía salir avante. Pero otros factores intervinieron.
A principios de marzo, el presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, insinuó que en la próxima reunión de su Junta de Gobierno podrían aumentar las tasas de interés, como respuesta a los incrementos de precios observados, los que se explican por las alzas en el precio del petróleo por los acontecimientos políticos en el norte de África. La mera insinuación ha tenido efectos sobre las tasas a las que se han colocado los bonos gubernamentales de países con problemas como Portugal, España, Bélgica e incluso Italia.
Los banqueros centrales son verdaderamente insensibles. Cuando sus leyes orgánicas establecen que su responsabilidad es mantener la estabilidad de precios, es decir, evitar que los precios aumenten, son capaces de todo para cumplir con ese mandato. El Banco Central Europeo (BCE), creado a partir de la unión monetaria que dio lugar al euro, tiene como finalidad única mantener los precios controlados, lo que fue una conditio sine qua non planteada por el Bundesbank. Por ello, frente a la menor sospecha de presiones inflacionarias han respondido elevando las tasas de interés de referencia, que sirven como piso para establecer la tasa a la que se colocan los bonos soberanos de los países de la zona euro, sin importarles su efecto en las condiciones de vida de muchas familias.
A mediados de 2008, cuando la recesión en el mundo se afirmaba, la Reserva Federal estadunidense redujo drásticamente las tasas de interés de referencia hasta niveles del 2%, en un movimiento continuo a la baja que venía de seis meses atrás, con el propósito de estimular la inversión.
El BCE, en cambio, preocupado por la posibilidad de que se consolidaran presiones inflacionarias, no sólo no redujo las tasas sino que las aumentó de 4 a 4.25% lo que, por supuesto, tuvo el efecto inmediato de encarecer la deuda pública que los países europeos colocaban para poder sufragar el crecimiento del gasto provocado por los elevados índices de desempleo.
La recesión en estados Unidos y Europa fue detenida gracias a que los gobiernos aplicaron políticas de gasto que lograron paliar las consecuencias más gravosas en las personas que habían sido despedidas debido a la reducción de la actividad económica. Los seguros de desempleo existentes en toda Europa sirven para mitigar el impacto de esa pérdida del empleo en las condiciones de vida de la población sin trabajo. Estos seguros son estrictamente automáticos, no están sujetos a aprobación del Congreso, lo que implica que cuando un trabajador es despedido el gobierno tiene que pagarle un seguro por estar desempleado. Si los desempleados aumentan, el gasto público destinado a pagar ese seguro se incrementará.
Se trata, por esto, de estabilizadores automáticos que requieren financiarse con endeudamiento, o con incrementos en impuestos o en los precios de bienes y servicios públicos. Consecuentemente, conforme la recesión se mantenía y los despidos aumentaban, el gasto público también lo hacía y el endeudamiento crecía. Aumentar las tasas de referencia para la colocación de deuda gubernamental europea ha tenido impactos en los problemas que han enfrentado los países de la periferia europea: Grecia, Irlanda, Portugal y España.
La crisis portuguesa evidencia que lo que gusta a inversionistas, ministros de economía y banqueros centrales, afecta duramente a las poblaciones. Se olvida que, como ha dicho con claridad George Soros (Financial Times 22/03/11), los problemas europeos no son solamente la deuda soberana, es una crisis del euro y es una crisis bancaria. En consecuencia, es equivocado el sesgo impuesto por Alemania al “cargar” el ajuste a los gobiernos deudores y, por tanto, a sus poblaciones.
En Portugal habrá elecciones adelantadas y desde ahora se anticipa que la Unión Europea apuesta a que este país, independientemente de la lucha política interna, no tendrá más opción que cumplir con los objetivos de déficit acordados. Y eso quiere decir, otra vez, ajuste contra los de siempre.
Pero ya es momento de reconocer que los banqueros también tienen que perder, pues no están exentos de responsabilidad por la crisis ni son ajenos al origen de ésta.
El Plan para la Estabilidad y el Crecimiento que instrumentó el gobierno de Portugal para intentar sacar al país de su profunda crisis económica –y que mereció el aplauso unánime de los ministros de Finanzas de la Unión Europea--, fue finalmente rechazado por el parlamento luso, hecho que provocó la caída del gobierno socialista de José Sócrates.
El diputado comunista Bernardino Soares criticó las medidas propuestas en ese Plan, toda vez que –dijo-- castigaba “a los de siempre”, con “más impuestos a las pensiones, liberalización de los alquileres, aumento al precio de los transportes públicos y disminución del copago de los medicamentos. Ni una sola medida contra la banca y el sector financiero”.
La contradicción es muy clara: a los llamados mercados les gustan los planes de ajuste draconiano, porque esencialmente reducen el gasto social para liberar recursos para que les paguen a ellos. Los pagos de intereses han aumentado recientemente porque las agencias calificadoras han dicho que es posible que los gobiernos tengan dificultades para pagar, lo que ha hecho que los inversionistas exijan mayores intereses complicando ellos mismos el cumplimiento de esos compromisos, lo que ha obligado a que los gobiernos recorten el gasto social para liberar recursos y pagarles.
Las crisis no se han hecho esperar: Grecia, después de muchos titubeos por parte del gobierno alemán fue rescatada; Irlanda fue obligada a aceptar recursos europeos a cambio de un feroz plan de ajuste del gasto público. Seguía Portugal, que hasta ahora había logrado evitar la “ayuda” de fondos europeos, pero los inversionistas corporativos seguían presionándolo elevando los intereses del refinanciamiento de su deuda. El límite estaba en el 8%: si el costo de la deuda no superaba ese nivel, el gobierno podía salir avante. Pero otros factores intervinieron.
A principios de marzo, el presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, insinuó que en la próxima reunión de su Junta de Gobierno podrían aumentar las tasas de interés, como respuesta a los incrementos de precios observados, los que se explican por las alzas en el precio del petróleo por los acontecimientos políticos en el norte de África. La mera insinuación ha tenido efectos sobre las tasas a las que se han colocado los bonos gubernamentales de países con problemas como Portugal, España, Bélgica e incluso Italia.
Los banqueros centrales son verdaderamente insensibles. Cuando sus leyes orgánicas establecen que su responsabilidad es mantener la estabilidad de precios, es decir, evitar que los precios aumenten, son capaces de todo para cumplir con ese mandato. El Banco Central Europeo (BCE), creado a partir de la unión monetaria que dio lugar al euro, tiene como finalidad única mantener los precios controlados, lo que fue una conditio sine qua non planteada por el Bundesbank. Por ello, frente a la menor sospecha de presiones inflacionarias han respondido elevando las tasas de interés de referencia, que sirven como piso para establecer la tasa a la que se colocan los bonos soberanos de los países de la zona euro, sin importarles su efecto en las condiciones de vida de muchas familias.
A mediados de 2008, cuando la recesión en el mundo se afirmaba, la Reserva Federal estadunidense redujo drásticamente las tasas de interés de referencia hasta niveles del 2%, en un movimiento continuo a la baja que venía de seis meses atrás, con el propósito de estimular la inversión.
El BCE, en cambio, preocupado por la posibilidad de que se consolidaran presiones inflacionarias, no sólo no redujo las tasas sino que las aumentó de 4 a 4.25% lo que, por supuesto, tuvo el efecto inmediato de encarecer la deuda pública que los países europeos colocaban para poder sufragar el crecimiento del gasto provocado por los elevados índices de desempleo.
La recesión en estados Unidos y Europa fue detenida gracias a que los gobiernos aplicaron políticas de gasto que lograron paliar las consecuencias más gravosas en las personas que habían sido despedidas debido a la reducción de la actividad económica. Los seguros de desempleo existentes en toda Europa sirven para mitigar el impacto de esa pérdida del empleo en las condiciones de vida de la población sin trabajo. Estos seguros son estrictamente automáticos, no están sujetos a aprobación del Congreso, lo que implica que cuando un trabajador es despedido el gobierno tiene que pagarle un seguro por estar desempleado. Si los desempleados aumentan, el gasto público destinado a pagar ese seguro se incrementará.
Se trata, por esto, de estabilizadores automáticos que requieren financiarse con endeudamiento, o con incrementos en impuestos o en los precios de bienes y servicios públicos. Consecuentemente, conforme la recesión se mantenía y los despidos aumentaban, el gasto público también lo hacía y el endeudamiento crecía. Aumentar las tasas de referencia para la colocación de deuda gubernamental europea ha tenido impactos en los problemas que han enfrentado los países de la periferia europea: Grecia, Irlanda, Portugal y España.
La crisis portuguesa evidencia que lo que gusta a inversionistas, ministros de economía y banqueros centrales, afecta duramente a las poblaciones. Se olvida que, como ha dicho con claridad George Soros (Financial Times 22/03/11), los problemas europeos no son solamente la deuda soberana, es una crisis del euro y es una crisis bancaria. En consecuencia, es equivocado el sesgo impuesto por Alemania al “cargar” el ajuste a los gobiernos deudores y, por tanto, a sus poblaciones.
En Portugal habrá elecciones adelantadas y desde ahora se anticipa que la Unión Europea apuesta a que este país, independientemente de la lucha política interna, no tendrá más opción que cumplir con los objetivos de déficit acordados. Y eso quiere decir, otra vez, ajuste contra los de siempre.
Pero ya es momento de reconocer que los banqueros también tienen que perder, pues no están exentos de responsabilidad por la crisis ni son ajenos al origen de ésta.
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