Orlando Delgado Selley / Proceso
La fuerza de los grupos empresariales en las telecomunicaciones y su capacidad para impedir la presencia de nuevos competidores ha llegado a Wikileaks. Resulta que entre las filtraciones que se han entregado a La Jornada aparecen varios cables con información sobre la influencia del duopolio televisivo en el Poder Judicial, en el Legislativo y en los organismos reguladores. Influencia usada para impedir la competencia, la de Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, y de cualquier empresa que lo intentara. Lo mismo opina la diplomacia estadunidense sobre la dominancia que ejerce Telmex en el sector telefónico.
Lo interesante de estas filtraciones es que el gobierno mexicano ha mostrado interés por acotar la relevancia de la empresa telefónica, al tiempo que analiza la posibilidad de realizar una licitación pública para que opere en el país una tercera cadena de televisión abierta.
El gobierno está interesado en abrir esos mercados controlados draconianamente por el monopolio telefónico y el duopolio televisivo, pero no ha dado muestras de que, en realidad, esté cerca de tomar decisiones que, en efecto, rompan esas estructuras concentradas y se dé prioridad a los consumidores y a favor de la democracia y la competitividad nacional.
Según la filtración de Wikileaks, 20 días después de que Felipe Calderón se mudara a Los Pinos, la embajada de Estados Unidos en México reconocía que el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, tenía una posición ambigua sobre la licitación pública para la tercera cadena de televisión abierta.
En realidad, como se demostró, no había ambigüedad alguna, sino una oposición a esa licitación que, mucho después de la salida de ese funcionario del gobierno, sigue vigente. Entonces se impidió que General Electric, junto con Isaac Saba, tuviesen una televisora y luego se ha impedido que Slim la tenga.
Lo mismo ocurre en relación con la penetración telefónica, los servicios de banda ancha y las tarifas de interconexión. El gobierno expresa su preocupación a los funcionarios estadunidenses, les propone buscar vías para corregir los excesos del monopolio, pero de allí no pasa.
Los cables diplomáticos reconocen que el gobierno dispone de “un argumento socialmente bueno como columna vertebral” para romper el monopolio de las telecomunicaciones, pero eso no ha servido para nada.
Como no pueden con Telmex, se llegó a plantear que Canadá y Estados Unidos ayudaran a reducir las tarifas de interconexión.
Los cables diplomáticos no señalan expresamente la incapacidad del gobierno para controlar a estos grupos monopólicos. Advierten que existe colusión de intereses entre algunos funcionarios y esos grupos, o que en el gobierno existen cuasi representantes de esos grupos.
En el caso de la licitación de la tercera cadena de televisión abierta, se sostiene que el asunto “parece depender de la voluntad del presidente Felipe Calderón”. Así las cosas, si la licitación no se ha lanzado es porque el propio Ejecutivo no ha querido o, aunque hubiera querido, lo cierto es que no ha podido.
Uno de estos cables expresaba que el entonces subsecretario de Comunicaciones, y quien actualmente es integrante de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), organismo regulador que debiera evitar la existencia de monopolios en los mercados nacionales, estaba preocupado porque Telmex se coludiera con Televisa en el mercado de televisión abierta, lo que generaría un súper-monopolio.
Esta preocupación ya no tiene sentido. El pleito sigue en curso y parece haber peligro de colisión, no de colusión, lo que abre posibilidades de intervención gubernamental.
Esta intervención gubernamental tendría que abordar al mismo tiempo la apertura de los dos mercados. Anunciar la licitación de la tercera cadena de televisión abierta, junto con la fijación de tarifas de interconexión a niveles internacionales.
Se reconocería que, como lo señaló el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swan, ambos tienen razón: Telmex está en lo cierto cuando denuncia al duopolio televisivo de impedir la competencia y Televisa-TV Azteca y las pequeñas empresas regionales también tienen razón al denunciar las prácticas abusivas de la telefónica. La acción gubernamental resultaría equilibrada y, por eso, políticamente operable entre los grupos legislativos y, sobre todo, entre la población.
La manera en la que se realice esta operación política es decisiva. El duopolio televisivo tiene legisladores propios en distintas fracciones parlamentarias, lo mismo entre senadores que entre diputados. La telebancada actuará, pues para eso existe precisamente: buscará evitar que se legisle contra los intereses del duopolio televisivo. En las diferentes bancadas es posible que cuente con algunos apoyos, entre ellos los de Enrique Peña Nieto, que no son pocos.
Así que el tema tendría que salir de los recintos legislativos y discutirse en todos los foros posibles. La conveniencia de esto radica en que obligaría a que los intereses públicos se contrapusieran claramente a los intereses de los grupos monopólicos y de sus corifeos. Incorporar la opinión ciudadana en un asunto de esta magnitud le daría empaque y fortaleza a una propuesta equilibrada que se proponga abrir esos mercados. Le daría viabilidad.
Se empezarían así a construir los cimientos de un pacto político en el que se coloquen los interese nacionales en el centro de un acuerdo que recupere la posibilidad de que en el horizonte nacional aparezcan las primeras luces de un nuevo amanecer.
La fuerza de los grupos empresariales en las telecomunicaciones y su capacidad para impedir la presencia de nuevos competidores ha llegado a Wikileaks. Resulta que entre las filtraciones que se han entregado a La Jornada aparecen varios cables con información sobre la influencia del duopolio televisivo en el Poder Judicial, en el Legislativo y en los organismos reguladores. Influencia usada para impedir la competencia, la de Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, y de cualquier empresa que lo intentara. Lo mismo opina la diplomacia estadunidense sobre la dominancia que ejerce Telmex en el sector telefónico.
Lo interesante de estas filtraciones es que el gobierno mexicano ha mostrado interés por acotar la relevancia de la empresa telefónica, al tiempo que analiza la posibilidad de realizar una licitación pública para que opere en el país una tercera cadena de televisión abierta.
El gobierno está interesado en abrir esos mercados controlados draconianamente por el monopolio telefónico y el duopolio televisivo, pero no ha dado muestras de que, en realidad, esté cerca de tomar decisiones que, en efecto, rompan esas estructuras concentradas y se dé prioridad a los consumidores y a favor de la democracia y la competitividad nacional.
Según la filtración de Wikileaks, 20 días después de que Felipe Calderón se mudara a Los Pinos, la embajada de Estados Unidos en México reconocía que el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, tenía una posición ambigua sobre la licitación pública para la tercera cadena de televisión abierta.
En realidad, como se demostró, no había ambigüedad alguna, sino una oposición a esa licitación que, mucho después de la salida de ese funcionario del gobierno, sigue vigente. Entonces se impidió que General Electric, junto con Isaac Saba, tuviesen una televisora y luego se ha impedido que Slim la tenga.
Lo mismo ocurre en relación con la penetración telefónica, los servicios de banda ancha y las tarifas de interconexión. El gobierno expresa su preocupación a los funcionarios estadunidenses, les propone buscar vías para corregir los excesos del monopolio, pero de allí no pasa.
Los cables diplomáticos reconocen que el gobierno dispone de “un argumento socialmente bueno como columna vertebral” para romper el monopolio de las telecomunicaciones, pero eso no ha servido para nada.
Como no pueden con Telmex, se llegó a plantear que Canadá y Estados Unidos ayudaran a reducir las tarifas de interconexión.
Los cables diplomáticos no señalan expresamente la incapacidad del gobierno para controlar a estos grupos monopólicos. Advierten que existe colusión de intereses entre algunos funcionarios y esos grupos, o que en el gobierno existen cuasi representantes de esos grupos.
En el caso de la licitación de la tercera cadena de televisión abierta, se sostiene que el asunto “parece depender de la voluntad del presidente Felipe Calderón”. Así las cosas, si la licitación no se ha lanzado es porque el propio Ejecutivo no ha querido o, aunque hubiera querido, lo cierto es que no ha podido.
Uno de estos cables expresaba que el entonces subsecretario de Comunicaciones, y quien actualmente es integrante de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), organismo regulador que debiera evitar la existencia de monopolios en los mercados nacionales, estaba preocupado porque Telmex se coludiera con Televisa en el mercado de televisión abierta, lo que generaría un súper-monopolio.
Esta preocupación ya no tiene sentido. El pleito sigue en curso y parece haber peligro de colisión, no de colusión, lo que abre posibilidades de intervención gubernamental.
Esta intervención gubernamental tendría que abordar al mismo tiempo la apertura de los dos mercados. Anunciar la licitación de la tercera cadena de televisión abierta, junto con la fijación de tarifas de interconexión a niveles internacionales.
Se reconocería que, como lo señaló el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swan, ambos tienen razón: Telmex está en lo cierto cuando denuncia al duopolio televisivo de impedir la competencia y Televisa-TV Azteca y las pequeñas empresas regionales también tienen razón al denunciar las prácticas abusivas de la telefónica. La acción gubernamental resultaría equilibrada y, por eso, políticamente operable entre los grupos legislativos y, sobre todo, entre la población.
La manera en la que se realice esta operación política es decisiva. El duopolio televisivo tiene legisladores propios en distintas fracciones parlamentarias, lo mismo entre senadores que entre diputados. La telebancada actuará, pues para eso existe precisamente: buscará evitar que se legisle contra los intereses del duopolio televisivo. En las diferentes bancadas es posible que cuente con algunos apoyos, entre ellos los de Enrique Peña Nieto, que no son pocos.
Así que el tema tendría que salir de los recintos legislativos y discutirse en todos los foros posibles. La conveniencia de esto radica en que obligaría a que los intereses públicos se contrapusieran claramente a los intereses de los grupos monopólicos y de sus corifeos. Incorporar la opinión ciudadana en un asunto de esta magnitud le daría empaque y fortaleza a una propuesta equilibrada que se proponga abrir esos mercados. Le daría viabilidad.
Se empezarían así a construir los cimientos de un pacto político en el que se coloquen los interese nacionales en el centro de un acuerdo que recupere la posibilidad de que en el horizonte nacional aparezcan las primeras luces de un nuevo amanecer.
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